El pasado 22 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.

Conviene resumir la propuesta en tres partes. La primera, que no es independiente, será un organismo estatal en el que la inmensa mayoría de los puestos directivos serán de designación discrecional. La segunda, que es un organismo innecesario porque esas funciones ya se llevan a cabo. La tercera, la parte más polémica, es que incluye un impuesto arbitrario (tasa) de 250 euros por cada reclamación que hagan los clientes.

Se trata de crear otro organismo burocrático que centralice los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

¿Por qué no introducen una penalización a las administraciones públicas por cada reclamación que hagan los contribuyentes? El propio diseño de la tasa es perverso. Busca crear más reclamaciones sea cual sea el mérito de estas y, con ello, poner al sector financiero en una polémica constante que, a su vez, justifique engordar más el nuevo organismo burocrático con la excusa de que están desbordados, como ya ha ocurrido.

No sorprende a nadie que el Gobierno cree otro ente burocrático que se une a tantos otros en un país que ya sufre más de 60.000 millones de euros anuales en ineficiencia en gasto público. Más burocracia para hacer exactamente lo que ya se lleva a cabo con el actual sistema de supervisión, basado en la distribución entre Banco de España, Comisión del Mercado de Valores y el Ministerio de Asuntos Económicos a través de la Dirección General de Seguros.

No sorprende a nadie que el Gobierno cree otro ente burocrático que se une a tantos otros en un país que ya sufre más de 60.000 millones de euros anuales en ineficiencia en gasto público

Sin embargo, lo que es simplemente descabellado es el nuevo planteamiento que establece una tasa obligatoria para el sector, de 250 euros, por cada reclamación que haga un cliente, independientemente de que tenga razón o no, por la mera admisión a trámite. Además de ser un impuesto encubierto que encarecerá los servicios bancarios y penaliza al sector, es una medida sin sentido que puede generar un efecto llamada que dispare reclamaciones sin mérito solo por aumentar la recaudación.

Debemos recordar, además, que este nuevo organismo no sería independiente. Volverá a ser otro freno burocrático diseñado desde el sector político para disparar la contratación pública.

Lo que es simplemente descabellado es el nuevo planteamiento que establece una tasa obligatoria para el sector, de 250 euros, por cada reclamación que haga un cliente

Instituciones como el Banco de España han advertido que la imposición de una tasa obligatoria podría generar un incremento de los conflictos entre los clientes y las entidades financieras, que no se beneficiarían de las ventajas potenciales de un modelo de supervisión integrado, pero sí se pueden generar problemas por la separación de la función de resolución de reclamaciones de las autoridades supervisoras con su tarea de supervisión de las conductas de las entidades financieras. Esta tasa, además, no tiene ninguna conexión con el importe de la reclamación o la justificación de la misma.

España no necesita más organismos reguladores, sino mayor competencia, innovación y apertura en el mercado financiero. El sector financiero es ya el más regulado de todos los sectores económicos y, además, cuenta con mecanismos sólidos para la resolución de reclamaciones que funcionan y son eficientes. Más burocracia no solventa los problemas, los agrava. El sobrecoste de la tasa encubierta que se ha incorporado supondrá mayores costes para todos los consumidores y ninguna mejora en la gestión de reclamaciones.