En España, uno de los oficios permanentes de los economistas desde hace varias décadas ha sido (y sigue siendo) advertir sobre las fallas profundas del sistema público de pensiones. De igual modo, los sucesivos Gobiernos han tratado de convencer a la ciudadanía de la solidez del sistema, sometiendo al presupuesto público a una fuerte tensión que hasta ahora ha sido cubierta por un incremento de casi 80.000 millones de los ingresos tributarios y una capacidad amplia de emitir nueva deuda (sólo en 2023 las emisiones netas se acercan a los 70.000 millones) aprovechando una situación excepcional de muy bajos tipos de interés.
Aparentemente, la fuerza que da un Estado que tiene unos ingresos totales de más de medio billón de euros, una capacidad de financiarse en el mercado europeo hasta ahora asegurada por el BCE a costes bajos y un tamaño que en la pandemia sobrepasó el 50% del PIB, son suficientes para soportar un incremento estructural del gasto en pensiones, habiendo sobrepasado ya el objetivo marcado para 2030 y, de mantenerse la inflación en los próximos años en el entorno del 4% anual, superando la barrera del 15% del PIB anual.
Por mucho que estas cifras puedan parecer sólidas, la realidad es que se asientan sobre una economía cuyo potencial de crecimiento a largo plazo (que apenas oscila en torno al 1% anual) se lo ‘come’ literalmente la reposición de lo ya existente: una demografía adversa, una entrada peor y más tardía de los jóvenes al mercado de trabajo manteniendo al mismo tiempo una edad efectiva de jubilación que no termina de subir, y una depreciación corriente de los activos fijos. El resultado: la productividad total de los factores lleva estancada 20 años.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la clausura del III Observatorio de las Finanzas.
Sin una capacidad ilimitada de financiación exterior (habiendo acumulado ya una PIIN de -773.321 millones) y sin ni siquiera llegar a contabilizar los compromisos por pensiones futuras, es evidente que la situación de los pensionistas actuales está mejorando a costa del crecimiento no ya sólo del futuro sino de la propia viabilidad del sistema a corto plazo. Ésta es la triste herencia que nos deja el actual Gobierno de coalición, más preocupado con su reelección que con las medidas que hace años eran necesarias pero que hoy ya son directamente urgentes.
Estos datos sirven para poner la perspectiva necesaria (y las más que necesarias también notas de cordura) cuando desde el Gobierno, sindicatos y medios se asevera que la economía española es perfectamente capaz de soportar una doble tensión: por un lado, una subida del gasto en pensiones sostenida en el tiempo y, por otro lado, un incremento de la presión fiscal que ejercen las cotizaciones sociales sobre los salarios de los trabajadores, especialmente de los que ganan más. Cualquiera de estas declaraciones en el vacío puede sonar bien, pero a poco que se pone algo de contexto, la conclusión es clara.
¿De verdad el ministro Escrivá piensa que la solución está en subir las cotizaciones como lo ha hecho el 1 de enero con el mal llamado “mecanismo de equidad intergeneracional”, y más concretamente con un futuro destope de las bases máximas de cotización? No parece que sea así. El destope a lo sumo aportará 0,4 puntos de PIB de nueva recaudación, pero ¿a cambio de qué? Probablemente a costa de un desincentivo no menor de la oferta de trabajo, aparte de incrementar los casos de planificación para ‘escapar’ del pago de una cotización tan alta.
En un país donde uno de los retos más importantes es elevar los salarios reales, elevar la carga fiscal a los actuales cotizantes no debería ni siquiera plantearse. Pero incluso planteándose, debería hacerse con bastante más prudencia de la que está manejando el Gobierno. Ni el nivel salarial ni los beneficios empresariales permiten pensar que la economía productiva soporta cualquier incremento de cotizaciones y, al mismo tiempo, una discriminación entre trabajadores en transición a la jubilación que pueden hacer una “elección a la carta”, beneficiando a unos y perjudicando a otros.
Asumiendo que algo de detalle real se podrá conocer en la comunicación que haga el Gobierno a la Comisión Europea para justificar las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, lo que es seguro es que el gasto seguirá creciendo de manera exponencial con el “blindaje” del IPC, no variará considerablemente el gasto con la elección del período de cómputo y aumentarán los ingresos aunque menos de lo esperado. Esta reforma (la cual España no puede aguantar a largo plazo) hace que la próxima y verdadera esté cada vez más próxima y probablemente la más dolorosa de las realizadas hasta la fecha.
*** Javier Santacruz es economista.