Una persona utiliza un cajero automático. Unsplash
De la exclusión a la inclusión financiera en la España rural
Un tema que ha generado desde hace tiempo debate y preocupación y que sigue muy vivo es la continua despoblación que sufre una parte importante de la geografía española. Hay una España rural y “vaciada” con una muy baja densidad de población mayor y en muchas ocasiones con escasas perspectivas económicas. Hay 6.142 municipios (76% del total) que no superan los 2.500 habitantes, umbral por debajo del cual un municipio se califica de rural si además cumple otras características, como tener una baja densidad de población y un elevado peso del sector primario en su PIB.
En una parte de esta España con núcleos de población muy reducidos y dispersos los problemas de accesibilidad a los servicios públicos y privados son mayores y es algo lógico teniendo en cuenta las costosas inversiones que en muchas ocasiones hay que realizar para dotar de servicios a la población (colegios, hospitales, juzgados, etc.).
Este mismo argumento se aplica a la dotación de servicios privados, que exigen un determinado nivel de actividad (que a su vez depende de la población) para que sean rentables. Y un caso concreto son los servicios bancarios, sobre los que voy a centrar mis reflexiones.
La red de oficinas bancarias ha experimentado en España una drástica y continua reducción desde 2008, siendo en la actualidad un 62% más reducida. También se ha reducido el número de cajeros automáticos, aunque con menor intensidad (un 27%). De esta forma, cada vez hay menos puntos de acceso presencial a los servicios bancarios, por lo que aumenta el porcentaje de la población que reside en un municipio que no tiene ninguno de estos dos tipos de puntos de acceso.
No obstante, hay otras formas para acceder los servicios financieros, como las oficinas móviles (ofibuses), los agentes financieros y las oficinas de Correos donde se prestan algunos servicios básicos (como el acceso al efectivo). Cuando se consideran todos ellos, con datos de 2021, el 1,4% de la población española no tenía en esa fecha acceso a los servicios bancarios en su municipio de residencia. De esa población (660.000 personas), dos terceras partes aproximadamente residen en municipios de menos de 500 habitantes, algo lógico por los motivos comentados en el párrafo anterior.
En una parte de esta España con núcleos de población muy reducidos y dispersos los problemas de accesibilidad a los servicios públicos y privados son mayores y es algo lógico
Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los servicios financieros, las tres patronales bancarias que representan a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, se comprometieron ante el Ministerio de Asuntos Económicos a que el 100% de la población tenga acceso a esos servicios en su municipio de residencia, elaborando una hoja de ruta con medidas distintas para los municipios de más y menos de 500 habitantes.
En el primer caso, el compromiso adopta la forma de oficina bancaria, cajero automático, oficina móvil o agente financiero, mientras que en el segundo, a la lista anterior se añaden los carteros rurales y el cashback (obtener efectivo en un comercio pagando con tarjeta una cuantía superior al importe de la compra) y el cash in shop (obtener efectivo en comercios sin necesidad de realizar una compra).
El pasado día 7 de marzo se presentó el primer informe trimestral se seguimiento de la inclusión financiera, poniendo el foco en los municipios de más de 500 habitantes que a finales de 2021 no tenían ningún punto de acceso presencial a los servicios bancarios. Los resultados muestran claramente que se está avanzando a buen ritmo cumpliendo con los compromisos de la hoja de ruta, ya que se ha reducido un 33% aproximadamente tanto el número de municipios como la población que en ellos reside que no tienen acceso a los servicios financieros.
En concreto, se ha pasado de una lista de 243 municipios en los que viven 211.000 personas en 2021, a otra en 2022 donde hay 79 municipios menos, disminuyendo la población “excluida” en casi 70.000 personas.
¿Cuáles son las regiones más beneficiadas por las medidas adoptadas por las entidades bancarias para reducir la exclusión financiera? Por comunidades autónomas, destaca Castilla y León, que es precisamente la que en 2021 concentraba la mayor parte de la población financieramente excluida.
En esta comunidad, 15.205 personas han pasado de la exclusión a la inclusión financiera. Le sigue en importancia la Comunidad Valenciana (13.256) y Cataluña (12.145). Por provincias, destacan Cantabria, Guadalajara, Valencia y Palencia, todas ellas con caídas de la población excluida de más de 5.000 habitantes.
Para seguir avanzando en favor de la inclusión financiera es fundamental la colaboración público-privada. La solución no puede ni debe recaer exclusivamente en el sector bancario, ya que el acceso a los servicios financieros (entre ellos, al efectivo) también es responsabilidad del sector público. Y por ello es una magnífica iniciativa el acuerdo de colaboración que hay entre Correos y las entidades bancarias, aprovechando la capilaridad que tiene la red de oficinas de Correos y también los carteros rurales, que son capaces de llevar el efectivo a la práctica totalidad de los municipios españoles.
La solución al problema de la accesibilidad financiera no es la misma para todos los municipios, ya que sería ineficaz e ineficiente abrir una oficina bancaria en un municipio sin una masa crítica mínima que asegure su rentabilidad. El cierre de oficinas bancarias no es la causa de la despoblación, sino más bien la consecuencia, ya que cuando desaparecen las oportunidades económicas con ello llega la despoblación, y de ahí la desaparición de las dotaciones de servicios, tanto privados como públicos.
La solución no puede ni debe recaer exclusivamente en el sector bancario, ya que el acceso a los servicios financieros (entre ellos, al efectivo) también es responsabilidad del sector público
Este razonamiento justifica las soluciones que se han propuesto en el Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, en cuya hoja de ruta a favor de la inclusión rural se proponen soluciones distintas en función del tamaño de los municipios.
De momento, la prioridad se ha puesto en los municipios de más de 500 habitantes, pero en paralelo también se están implementando medidas para el resto, como el servicio de Correos cash, que permite ingresar o enviar dinero a una cuenta bancaria desde Correos.
Permítanme una última reflexión. A pesar de que todavía hoy hay una parte de la población que reside en un municipio sin ningún punto presencial de acceso a los servicios financieros, el porcentaje es muy reducido y la accesibilidad en general es muy buena en España.
Vivimos en un país que tiene la tercera red más densa de oficinas bancarias de la UE-27 teniendo en cuenta la población a la que presta servicios, con una ratio de 2.463 habitantes por oficina frente a 3.230 de la UE-27. Y tenemos la cuarta red más densa de cajeros, con 995 habitantes por cajero, frente a 1.344 de la UE-27.
De esta forma, “tocamos” a 1,41 oficinas y cajeros por cada 1.000 habitantes, frente a 1,05 de la UE-27, ocupando la tercera posición del ranking europeo. Y, además, la banca online cada vez la utiliza una mayor parte de la población, siendo del 69,6% en España, 10 puntos más que en la UE-27. Con esta buena accesibilidad y los siguientes pasos a dar en la hoja de ruta, la inclusión financiera llegará a toda la geografía española.
*** Joaquín Maudos es catedrático de economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF.
