Se trata de una fuga hacia adelante con claros fines electoralistas y con un marcado sesgo populista. Es la "reforma" que hubiese realizado Podemos en caso de gobernar en solitario y ha conseguido llevarla a cabo con el entusiasmo cómplice de sus socios en el Banco Azul.

La propuesta gubernamental afecta a cuatro elementos básicos: el cálculo de la base reguladora, el destope de las cotizaciones máximas, la introducción de una cuota de "solidaridad" pagada por los individuos con salarios más altos y la elevación de las pensiones mínimas y asistenciales.

Por supuesto, se mantiene la indexación de las pensiones al IPC y se endurece el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional que de equitativo no tiene nada y cuyo endurecimiento no sirve para nada. El horizonte temporal de la iniciativa gubernamental es de 26 años, desde 2024 hasta 2050.

Hasta la fecha, la base reguladora para calcular la pensión era la media de los salarios actualizados por la inflación de los últimos 25 años. Ahora, el Ejecutivo social podemita introduce un cambio sustancial al permitir la ampliación ese período hasta los 29 años, dejando fuera del cálculo los 24 meses con menor cotización. El resultado es evidente: el gasto crecerá porque sólo se acogerán a la fórmula gubernamental quienes obtengan una prestación por jubilación más alta.

"Se trata de una fuga hacia adelante con claros fines electoralistas y con un marcado sesgo populista".

El Gabinete introduce una subida progresiva de las cotizaciones máximas entre 2024 y 2050 que no se traducirá en un aumento de la pensión obtenida por quienes forman parte de ese colectivo. Estos cotizarán más, pero esa mayor contribución no lo verán reflejada en una elevación de la cuantía de su jubilación. En términos acumulados, según las estimaciones realizadas por FEDEA, las cuotas sociales soportadas por aquellos se incrementarán en un 38 por 100. Ello implica un alza brutal de los costes laborales con un impacto negativo sobre el empleo y la productividad.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones crea la llamada "cuota de solidaridad", eufemismo morboso para designar otra subida de las cotizaciones a los trabajadores cuyos salarios sean superiores a la media, un 6 por 100 de alza adicional al llegar a 2050.

Se trata de una medida demagógica porque su poder recaudatorio es irrelevante al afectar aproximadamente al 10 por 100 de la fuerza laboral. Se castiga a las personas cuyo talento y esfuerzo les ha permitido obtener ingresos mayores que los del promedio y se encarece su contratación.

En términos relativos, su aportación a las arcas de la SS, siglas inquietantes, crecerá de manera desproporcionada y lo recibido de ellas se reducirá. Y para rizar el rizo, esto no bastará para financiar la elevación de las pensiones mínimas y de las no contributivas impuesta por el Gobierno en favor de los "vulnerables".

Si a ese escenario se añade el efecto alcista sobre el gasto derivado de la indicación de las pensiones al IPC y de la supresión del Factor de Sostenibilidad, el desequilibrio financiero del sistema español de jubilación tenderá a crecer de manera progresiva e inexorable hasta resultar insostenible.

La contrarreforma emprendida por el Ministerio de Inclusión y Varios agudiza los problemas estructurales del vigente modelo de cobertura del retiro y es una bomba de relojería para el conjunto de las finanzas públicas españolas que están ya en una posición precaria y es un lastre brutal para el crecimiento de la economía y para la creación de empleo.

"Se castiga a las personas cuyo talento y esfuerzo les ha permitido obtener ingresos mayores que los del promedio y se encarece su contratación".

Con una ratio de dependencia (población mayor de 65 años/población entre 16 y 64 años) que será del 58-61 por 100 en 2050, con una de las tasas de sustitución (prestación sobre salario) más altas de la UE-OCDE, con una tasa de beneficio (ratio entre la pensión media y el salario medio) desproporcionada y con una tasa de ocupación del 60 por 100 versus el 80 en la UE, la contrarreforma del Gobierno no adopta ninguna medida que haga posible no ya resolver sino paliar la imparable dinámica gasto-déficit del sistema español de pensiones. Al contrario, agrava esos desequilibrios.

No hay recetas mágicas para solucionar ese problema. La hipótesis según la cual bastaría elevar la tasa de ocupación hasta la media UE para cerrar el agujero de las pensiones no es correcta. Si eso ocurriese, se lograría compensar sólo en parte el aumento del gasto en pensiones debido al incremento de la tasa de dependencia. Tampoco sería suficiente que la productividad creciese por encima de lo que lo hacen las prestaciones por jubilación por la misma razón. Esto conduce a un escenario muy preocupante que deberá abordar el próximo Gobierno.

En suma, el vigente modelo español de jubilación es inviable y precisa de una reforma profunda que desactive las bombas instaladas en su estructura a las que la coalición social podemita ha quitado ya la espoleta.