Me refiero al acuerdo sobre el gasoducto Power of Siberia 2, que conectará Siberia con el noroeste de China. Y, por descontado, eso no implica que Vladimir Putin vaya a deponer armas, o que tenga la más mínima intención de devolver los territorios conquistados a Ucrania.

También ha dejado en un lado de la mesa las palabras de Lagarde acerca de las futuras subidas de tipos de interés manteniendo una estrategia de flexibilidad, con todo lo que eso va a implicar para nuestra economía. Y, junto con la advertencia de la presidenta del Banco Central Europeo, la mirada atenta a las acciones que la Reserva Federal estadounidense pueda emprender tras lo sucedido con SVB, y que pueden afectar a la economía europea.

Todo ello, y otras cuestiones, han pasado a un segundo lugar y la atención mediática y social se ha trasladado al Congreso de los Diputados donde Vox ha presentado una moción de censura al Gobierno de la mano de su candidato a la presidencia, Ramón Tamames.

No voy a entrar en el contenido de los mensajes políticos de unos y otros o del sentido que tiene presentar una moción de censura en un año doblemente electoral. Tamames se ha quejado de que el Gobierno ha respondido haciendo campaña electoral en lugar de hacer frente a sus palabras. Por supuesto. ¿Cómo no va a aprovechar Pedro Sánchez esta oportunidad para reforzar su partido y su persona?

¿Cómo no va a aprovechar Pedro Sánchez esta oportunidad para reforzar su partido y su persona?

Pero lo más llamativo es la obscena exhibición de lo que se conoce como “bullshit político”, término de traducción complicada. Podría ser equivalente a “cháchara”, pero la palabra inglesa implica un desprecio absoluto por los hechos, que no está implícito en esa traducción. Un desprecio que no implica ignorancia de los hechos, o no necesariamente, sino que estamos ante un político que elabora su relato de espaldas a la realidad.

De manera que, si coincide, es por pura casualidad. Desde luego, cada político tiene de su lado unas estadísticas y datos que reafirman su discurso. Ningún relato sin su estudio. Y, para cerrar el círculo, todos subestiman los datos, las fuentes y las razones de los demás.

Esta característica de nuestro panorama político, suele ser una respuesta racional a los incentivos a los que se enfrentan los distintos agentes políticos. Es un instrumento al servicio de un objetivo. El bullshit en política merece la pena y, a veces, también implica beneficios económicos. Pero los políticos no son los únicos agentes involucrados, también lo están los medios de comunicación y los votantes.

¿Qué hacer? El problema para combatir la mentira y el desprecio por la realidad en política es que se suelen ignorar los incentivos subyacentes. Una manera de entenderlo fácilmente es plantearse el coste para los políticos de no comportarse así. ¿Imaginan una campaña electoral en esas condiciones? Quien se atreviera estaría claramente en inferioridad de condiciones.

Lo que me interesa ahora es destacar es el coste económico de este proceder. No se trata de un coste directo, pero sí hay efectos secundarios que deterioran la economía. En el momento en el que estamos, a dos meses de las elecciones regionales y locales, y unos cuantos meses más de las nacionales, la búsqueda del votante indeciso y/o despistado lleva a aumentar, no solamente las promesas de un mayor gasto futuro, sino también el gasto público presente. De acuerdo con los estudiosos del tema, esta teoría engloba dos hipótesis fundamentales.

La gente apoya a quien le favorece a corto plazo, aunque a largo plazo serían capaces de entregar nuestras vidas a invasores extraterrestres

Por un lado, la hipótesis de las consecuencias electorales, según la cual el apoyo a los programas de gasto mejora el rendimiento electoral del representante. La gente apoya a quien le favorece a corto plazo, aunque a largo plazo serían capaces de entregar nuestras vidas a invasores extraterrestres. La segunda hipótesis es la de la inseguridad del legislador, de acuerdo con ella, una mayor inseguridad electoral lleva a los representantes a mostrarse más favorables a los programas de gasto. Este es el punto que incide más en la situación española.

Después de las dificultades para que Pedro Sánchez saliera elegido presidente del Gobierno, es normal que, al menos a nivel nacional, los diferentes partidos se sientan inseguros respecto a la previsión de resultados. Vox y Podemos ya han descubierto que cuanto más alto se sube, más dura será la caída. PP y PSOE saben que necesitan socios para salir adelante. Ciudadanos se conformaría con mantener a Arrimadas en el escaño. Todos se van a apoyar en incrementos de gasto y reducción inmediata de cargas a las familias.

[¿Puede la inteligencia artificial ganar una moción de censura?]

Los españoles estamos asfixiados económicamente. La excusa de “el origen de todos los males son los ricos” empieza a flaquear escándalo de corrupción a escándalo de corrupción. Y, para colmo, los españoles sabemos que el entorno no va a acompañar necesariamente las sonrisas y promesas de felicidad de los candidatos. No hay salvadores, hay mucha incertidumbre y una inflación que está siendo difícil de doblegar. La respuesta sensata de cualquier Gobierno ante la inflación no es otra que tratar de reducir el gasto político, racionalizar el gasto público, no jugar a las prendas con el poder adquisitivo de los españoles. No van por ahí los políticos.

A largo plazo, la desconexión que genera entre la ciudadanía y los políticos comprobar que (de nuevo) los eslóganes son palabras que se lleva el viento acelera la erosión del Estado de derecho y abre la puerta a que los gobernantes adopten cualquier medida de política económica por irresponsable que sea.

Solamente la pertenencia a la Unión Europea puede frenar la hecatombe total. Pero no un empobrecimiento creciente que nos mantenga en un nivel de dependencia muy dañino.