De hecho, en la Europa de hoy pocos ejercicios de funambulismo político existen más complejos que el de pretender dotar de contenido verosímil cualquier propuesta económica que se quiera heterodoxa.

Una camisa de fuerza para todos los Estados, la que imponen de modo simultáneo las restricciones expresas del Tratado de Maastricht y la disciplina tácita de los mercados internacionales de deuda, que ha acabado convirtiendo en muy real aquella sentencia tan célebre de Márgaret Thatcher, la de que no hay alternativa. Algo que, por cierto, saben mejor que nadie los griegos de Syriza. Pero el papel, ya se sabe, lo aguanta todo; y más aún cuando la certeza de que no estará llamado a convertirse en un mandato electoral vinculante facilita a sus redactores el animarse con los brindis al sol.

Brindis al sol como ese de una “herencia universal” dotada con 20.000 euros para todos los ciudadanos en el instante de alcanzar la mayoría de edad, vieja idea que ya carga con más de dos siglos a sus espaldas ( Thomas Paine, uno de los padres fundadores de la República de los Estados Unidos, fue quien la formuló por primera vez, allá a finales del siglo XVIII, en uno de sus libros), pese a que tanto Yolanda Díaz, su ahora promotora, como la prensa se siguen empeñando en atribuir la paternidad del concepto a Thomas Piketty. Alguien, por cierto, que resultaría mucho más generoso en el reparto del dinero de los ricos franceses que Díaz con el de los españoles...

En concreto, su propuesta de dotación universal de un capital básico ascendería a 120.000 euros por cabeza, 6 veces el monto que aquí postula Sumar. En cualquier caso, los 6 números estampados en ese cheque imaginario que estaría dispuesto a regalar Piketty a todo el mundo podrían resultar políticamente inviables, pero no se puede negar que su eficacia transformadora de las desigualdades de origen estaría garantizada en el supuesto de que alguna vez llegase a ser emitido. Algo que no procede afirmar, en cambio, en el caso de ese sucedáneo hispano que postula Sumar.

Brindis al sol como ese de una “herencia universal” dotada con 20.000 euros para todos los ciudadanos en el instante de alcanzar la mayoría de edad

A fin de cuentas, la cifra de 20.000 euros, y en un mundo imaginario en el que no existiera la inflación, equivale a una renta mensual de 28 euros durante 60 años, el intervalo temporal aproximado que se corresponde con la esperanza de vida de un veinteañero actual. Así visto, un subsidio vitalicio de 28 euros al mes no da la sensación de que pueda suponer un cambio sustancial y revolucionario en las condiciones existenciales de nadie.

Pero, no obstante su definitiva inanidad fáctica a efectos de alterar en una escala apreciable el orden social existente, esos 20.000 euros de Sumar plantearían un obvio problema de financiación.

Asunto que, sin embargo, no parece lo bastante relevante a ojos de la gente Yolanda Díaz como para haberse preocupado de exponer de modo detallado de dónde iban a proceder los recursos a fin de hacerlo efectivo. Y es que, partiendo de la constatación estadística de que en España alcanzan la mayoría de edad legal alrededor de medio millón de jóvenes cada año (503.000 exactos en el último ejercicio, el de 2022), una simple multiplicación nos lleva a la cifra de 10.000 millones de euros, el dinero que el Gobierno debería asignar cada 365 días a ese propósito específico.

Bien, ¿de dónde saldrían? Volvamos, pues, a ese documento programático, el que acaba de airear el equipo de Yolanda Díaz. Ahí se habla, aunque de forma un tanto imprecisa, del llamado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que tendría que dejar de estar acotado a solo dos años para pasar a convertirse en una figura tributaria estable y permanente, como fuente principal de los recursos necesarios.

Ocurre, sin embargo, que el impuesto de los ricos está llamado a alcanzar una recaudación anual que se sitúa en el entorno de apenas unos 1.500 millones de euros. Una cifra muy alejada del monto mínimo preciso para hacer factible la promesa de Sumar a los “herederos”.

Una simple multiplicación nos lleva a la cifra de 10.000 millones de euros, el dinero que el Gobierno debería asignar cada 365 días a ese propósito específico

Y mucho más alejada todavía si se recuerda que habría que detraer de ella las cantidades equivalentes al dinero que Hacienda dejará de ingresar en concepto del impuesto de Patrimonio, toda vez que los contribuyentes sobre los que recae el primer tributo quedan exonerados de abonar el segundo. Al respecto, repárese en que el vigente impuesto que grava el patrimonio únicamente recauda unos 1.150 millones en todo el territorio nacional.

A efectos prácticos, estaríamos hablando de calderilla. Imposible, por entero imposible, sufragar la idea por esa vía. Se haría necesario, entonces, multiplicar por 8 ese último tributo, el de Patrimonio, como mínimo por 8, para cubrir el coste de la “herencia”.

Aunque, desde una perspectiva de izquierda alternativa y universalista, la oficial de Sumar, la cuestión central no resultaría tanto el origen fiscal de los fondos como el geográfico de las personas legitimadas para cobrarlos. Porque la llamada herencia universal aboca a sus partidarios a un callejón ideológico sin salida. Y es que se verían obligados a elegir entre una democracia de castas y una democracia de fronteras reforzadas con alambre de espino.

En el primer supuesto, solo las personas de nacionalidad española “heredarían” del Estado, no los extranjeros residentes. En el segundo, acaso podrían cobrar todos, nacionales y foráneos, pero solo los que ya estuvieran residiendo en el país en el instante de implantar la norma. Otra alternativa distinta, simplemente, no existe. Yolanda todavía no lo sabe, pero no anda tan lejos como cree de Vox.

*** José García Domínguez es economista.