Los españoles vemos en los últimos años un deterioro grave de los servicios públicos. En particular los que dependen del Gobierno Central.

Cada vez somos más conscientes de los retrasos en la justicia. No sólo los ciudadanos. También los propios funcionarios de ese servicio. Y el refrán castellano dice: "justicia tardía no es justicia".

Es desesperante intentar conseguir una cita en la Seguridad Social. Conozco quién ha buscado su cita en una provincia distinta a la suya, para luego conseguir el traslado a la que le correspondía. Hasta han aparecido "conseguidores" que facilitan "la agilidad" de los servicios, donde antes no eran necesarios.

La gran excusa en 2020 y 2021 era la pandemia. Los servicios se habían colapsado por la falta de empleados públicos debido a su ausencia y el teletrabajo. Pero ya han pasado dos años desde que se empezó a normalizar la situación y no se ha vuelto a la situación del 2018.

Ya no vale esa excusa. Los ciudadanos observamos que, en lugar de mejorar, el servicio público de la justicia o la seguridad social, la sanidad o la educación públicas empeora cada vez más.

Pero ya han pasado dos años desde que se empezó a normalizar la situación y no se ha vuelto a la situación del 2018

¿La causa? No es la falta de financiación del conjunto de las Administraciones del Estado. La inflación supondrá una inyección de ingresos sobre lo presupuestado en 2023. Se calcula que entre el IRPF y el IVA la cifra será de entre 30.000 y 50.000 millones de euros suplementarios. Por ejemplo, en 2022 mientras las rentas brutas de los hogares crecieron el 8,1%, los ingresos por IRPF lo hicieron en un 15,8%.

Las Administraciones se hacen ricas, mientras los ciudadanos se ven asfixiados por los impuestos. No son las grandes fortunas las que aportan más a los Presupuestos Generales del Estado (PPGG), es la clase media y trabajadora la que los nutre.

A partir de los 15.000 euros al año si no tienes cargas familiares y de los 19.000 euros si las tienes, hay obligación de declarar. A partir de 20.200 euros/año el tipo impositivo del IRPF es el 30% (¿qué le queda para vivir cuando menos de 20.000 euros se considera la renta anual mínima de subsistencia en una familia normal?). A partir de los 35.220 euros el tipo es el 37% y a partir de los 60.000 euros el 45%.

Además, los asalariados o autónomos pagan las cuotas de la seguridad social, del paro…

El otro día un empresario me comentaba que había subido 5.000 euros el sueldo a un empleado y que éste iba a recibir 2.300 de aumento real en su bolsillo. ¿Soportable? Por eso la CEOE dice que está dispuesta a subir salarios si bajan cotizaciones e impuestos.

La inflación supondrá una inyección de ingresos sobre lo presupuestado en 2023

A este impuesto del IRPF se le añade el IVA, que supone un aumento del 21% en muchos productos, con precios crecidos por la inflación. Y encima tasas, IBI…

Es decir, que, en la práctica, en una inmensa mayoría de los españoles, de cada euro que ganan más de 50 céntimos se lo lleva el Leviatán del Estado devorador.

Todos estaríamos de acuerdo en este sacrificio, sino fuera porque cada vez esas Administraciones dan más señales de ineficacia. La sanidad anda revuelta, en todas las autonomías, sus profesionales se quejan y los pacientes aguantan. La educación pública, antes emblema de neutralidad ideológica y calidad, se convierte en un mecanismo de adoctrinamiento y abandono escolar. Los ciudadanos puestos a que sus hijos sean adoctrinados, prefieren escoger ellos mismos la doctrina. La seguridad social no da citas si no es a fuerza de insistir y entonces…

Este Gobierno presume de izquierdas y progresista, de defensor de lo público. Pero su gestión de los dineros comunes está destrozando la imagen de lo que dice defender. La razón no es la falta de medios, como se ha demostrado; es la incapacidad de gestionar.

Los empleados públicos son tan eficaces y entregados como lo eran antes. Lo que ha cambiado es quienes los dirigen, la selección de los altos cargos (ministros incluidos) regada del nepotismo partidista e ineficacia. Altos cargos que mientras intentan adoctrinar a la población se olvidan de servirla con eficacia y eficiencia, que es a lo que les obliga la Constitución.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE