El paquete de medidas paliativas de la sequía aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros puede criticarse a la manera habitual: calificándolo de “insuficiente”, “tardío”, “medida electoralista”… Pero hacer un análisis como éste (el que hace la oposición política o los sindicatos verticales agrarios) implica colocarse en el mismo lugar en el que está el Gobierno, que es en la mediocridad permanente en materia de política agraria.
Una mediocridad que tristemente cambia poco en los últimos años con independencia del signo político del titular del ministerio de Agricultura. En este sentido, es imprescindible elevar el nivel de la conversación y establecer un análisis más serio del grave problema agroalimentario e hídrico que existe en España.
Atacar parcialmente las consecuencias económicas de la sequía sin haber hecho previamente las reformas necesarias para integrar los mercados agroalimentarios y sin haber acometido las infraestructuras hídricas, reservas y distribución necesarias, generará con toda probabilidad un resultado insatisfactorio.
Es imprescindible elevar el nivel de la conversación y establecer un análisis más serio del grave problema agroalimentario e hídrico
Sin tener las bases ni tampoco el marco de pensamiento adecuado, se generan disyuntivas erróneas como es el caso de dar dinero en ayudas para la ganadería o bien cerrar explotaciones sin contemplar en ningún momento la valorización del producto (sea la carne o la leche), ayudando a los ganaderos a colocarlo en mercados donde pueden vender a precios más altos y con una demanda estable.
En paralelo a esto, se destina aún más dinero del que ya existía para subvencionar los seguros agrarios. Ésta es quizá la medida más extemporánea y contraproducente de todo el paquete presentado.
A estas alturas, contratar un seguro, por muy bonificado que pueda estar, es una operación sin sentido alguno tanto para la aseguradora como para el propio agricultor, ya que es muy difícil determinar la valoración previa del cultivo afectado y cuál es el resultado que la sequía ha generado en él.
Pero hay otra disyuntiva no menor que es la de el agua para consumo humano o para uso agrícola, que es donde el Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios quieren llevar la acción.
Contratar un seguro, por muy bonificado que pueda estar, es una operación sin sentido alguno
Precisamente, es la política que tanto el Gobierno central como sus apoyos políticos están aplicando allá donde tienen competencias. Por un lado está la acción de las Confederaciones Hidrográficas que son competencia del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y, por otro lado, las cuencas interiores en las que las autonomías tienen plenas competencias.
Sin ir más lejos, Cataluña es un buen ejemplo con el papel que juega tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como la Agencia Catalana del Agua. Dada la ausencia de una política única del agua con unas directrices claras, todos los organismos implicados en el sector del agua optan por ser meros gestores de una situación a la que, si no se le da un vuelco urgente, acabará gestionando la miseria.
Si la opción elegida es la de ser gestor y no la de ser transformador, la sequía siempre será un problema irresoluble hasta que no se recupere la pluviometría. Ni siquiera en los presupuestos más expansivos de los últimos años se ha dado el lugar necesario para invertir en las infraestructuras hídricas que sí ayudan a evitar las consecuencias negativas de la sequía.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2023, a lo largo del Tomo XI, Sección 21, se desglosan diferentes actuaciones en materia de inversión en regadíos, diferenciando en primer lugar entre los fondos provenientes del Presupuesto propio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y lo que va a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
En total, los fondos destinados del presupuesto ministerial ascienden a 154.894.040€, y del MRR, 270.750.000€. En segundo lugar, se divide entre lo que va directamente contra el presupuesto del Ministerio (58.021.940€) y lo que se adjudica a SEIASA (367.622.100€).
Por otro lado, dejando a un lado el MRR, se diferencia entre la inversión en nuevos regadíos, la cual va a cargo de forma prácticamente íntegra contra el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la inversión en modernización de regadíos ya existentes (entre los cuales está acometer proyectos en dos o más comunidades autónomas).
La mayor parte de estos últimos se gestionan a través de SEIASA (96.872.100€) y una pequeña parte a través del presupuesto del Ministerio (9.859.000€). La suma del presupuesto (más de 400 millones de euros) no llega ni a cubrir el 10% de las obras que serían necesarias para hacer una gestión integral del ciclo del agua.
En este sentido, la inversión en regadíos ha descendido con respecto al Presupuesto de 2022 en cuanto al componente a cargo del MRR, sin que se haya avanzado en algunas infraestructuras críticas en esta materia, siendo por ejemplo una de las más importantes la modernización de los Canals d’Urgell cortados hace unas semanas.
La inversión en regadíos ha descendido con respecto al Presupuesto de 2022 en cuanto al componente a cargo del MRR
Tomando en consideración elementos como la urgencia ante el peor año hídrico de las últimas décadas y el aumento de los costes de financiación derivado de la subida de los tipos de interés (además de otros factores como el encarecimiento de las materias primas y el coste de construcción), es urgente a actuar con rapidez para evitar un desabastecimiento más intenso en zonas especialmente importantes para asegurar la soberanía alimentaria del territorio.
Cada año se aprueban multitud de declaraciones de interés general sobre proyectos hídricos, pero en su mayoría no se ejecutan por falta de financiación. Un Gobierno que gestiona la mayor cantidad de recursos que nunca ha tenido un Ejecutivo gracias a la permisividad de Bruselas y los fondos europeos, no puede escudarse en que falta financiación. Lo que falta es visión de Estado.
*** Javier Santacruz es economista