Las Elecciones autonómicas y municipales tenían un significado económico importante, en tanto en cuanto podían suponer un catalizador de reforma del sistema de financiación autonómica (lleva caducado casi diez años) y una vuelta progresiva a la disciplina presupuestaria a pocos meses de que la Unión Europea reactive el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero la convocatoria de Elecciones Generales anticipadas tiene un impacto mucho mayor tanto por la importancia desde el punto de vista político como por el momento en que la convocatoria se produce.
La legislatura que comenzó en enero de 2020 ha acabado con unas cifras macroeconómicas que reflejan hasta qué punto el Gobierno de coalición ha salvado los muebles gracias a la prolongación de las medidas de gasto público (apoyadas en un fuerte incremento de la recaudación de casi 3 puntos de PIB), así como un desempeño sorprendentemente positivo del sector exterior y, en particular del turismo, en el primer trimestre de este año.
A pesar de que el agregado de consumo privado (gasto en consumo final de los hogares) contribuye negativamente en los dos últimos trimestres, y el agregado de inversión en capital fijo apenas recupera el signo positivo en el primer trimestre del año, el crecimiento trimestral de enero a marzo se salva por una aportación de 2,36 puntos a la tasa trimestral provenientes de las exportaciones de bienes y servicios. Gracias a esto, el Gobierno ha evitado (al menos hasta la fecha, hasta que el INE proceda a revisar los datos como lo hace de manera periódica) que los titulares de prensa hablen de que la economía española entra en recesión por lo menos técnica como sí está ocurriendo en Alemania.
Los otros dos factores con los que el Gobierno de coalición va a jugar de manera activa son la tasa de inflación y las afiliaciones a la Seguridad Social. En ambos casos, el análisis superficial de los datos apunta a una mejoría de estos indicadores. Sin embargo, al igual que sucede con el PIB, si no se profundiza en los componentes de cada uno no es posible ver la verdadera realidad que hay detrás. Tanto la pandemia como la política económica de la era Sánchez han provocado un cambio muy sustancial en la realidad económica española, de tal manera que existe una divergencia notable en el contexto macroeconómico entre una lectura al pie de la letra de las cifras que se publican frente a la realidad que representan.
Sólo en los dos últimos años, la renta disponible de las familias en España ha caído un 10% en términos reales y corregida de paridad de poder de compra. Incluso suponiendo que en el segundo trimestre la economía española recupera el nivel de PIB previo a marzo de 2020, para las familias todavía quedan más de cuatro trimestres para alcanzar su renta real previa a la pandemia.
Sólo en los dos últimos años, la renta disponible de las familias en España ha caído un 10% en términos reales y corregida de paridad de poder de compra
La caída de los precios de la energía consigue amortiguar la subida del IPC, pero dentro de él sigue disparada la cesta de la compra que forman los alimentos tanto elaborados como frescos, con incrementos que siguen siendo de dos dígitos en tasa interanual. Dos de cada tres nuevos contratos son a tiempo parcial, con una duración media que no llega a un mes y medio (según datos recientes de un informe de USO), mientras que 1,58 millones de personas son parados de más de 45 años (representando el 56,7% de los clasificados como desempleados según la última EPA).
Hace años cuando se ponía la meta de llegar a los 20 millones de afiliados, la inmensa mayoría eran contratos a tiempo completo. De hecho, el ajuste del empleo equivalente a tiempo completo en Contabilidad Nacional apenas dejaba una diferencia entre estos y los datos de Seguridad Social. Ahora no es así. La prohibición de facto de la temporalidad ha provocado su sustitución por la “parcialidad” y por una duración menor de los contratos, incluso asumiendo costes actualmente más elevados de despido por contratos indefinidos aplicando despidos improcedentes. Dicho de otra forma: añadir 400.000 afiliados más apenas supone aumentar en 100.000 los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, lo cual es sinónimo, cuanto menos, de subempleo.
Pero incluso también hay una desconexión notable entre la realidad y los datos oficiales en la gestión de las cuentas públicas. El Gobierno de coalición presume de ser mejor gestor que el centro derecha esgrimiendo la evolución del déficit público en relación con el PIB. Pero olvida explicar que nunca un Gobierno en ejercicio había tenido una avalancha de ingresos tal como la de los últimos tres años.
Primero fueron los fondos de emergencia para paliar la Covid, después fue el acuerdo para repartir a España 69.000 millones de euros a fondo perdido del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo (de los cuales en realidad ha recibido 23.400 millones hasta la fecha) y en el último año y medio un dividendo de recaudación gracias a la inflación de más de 30.000 millones de euros.
No hay que olvidar las subidas de impuestos que han contribuido también a generar un volumen importante de ingresos, en su mayoría, de carácter estructural. En circunstancias normales y bajo un planteamiento de regla de gasto (el gasto nominal no puede crecer más que el PIB nominal), el Gobierno español ya habría generado superávit primario y tendría equilibrio presupuestario en términos estructurales. Pero no ha sido así.
El divorcio creciente entre la lectura literal de los datos macro y lo que estos significan de verdad debe ser uno de los ejes del proceso de cambio de Gobierno. Ésta es, quizá, la principal consecuencia económica del fin de la legislatura. Y, probablemente, el inicio del fin de la complacencia que durante años ha caracterizado a la política económica con el visto bueno de Bruselas.
*** Javier Santacruz Cano es economista.