Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, en la presentación de la adenda.
Una nueva adenda para blindar el proyecto de administración digital
En un contexto en el que la transición digital se ha convertido en imperativo para afrontar la creciente complejidad de los desafíos de nuestro tiempo, cada revés económico y geopolítico de los últimos años ha supuesto un nuevo impulso a las instituciones europeas para adoptar políticas públicas más eficaces, enfocadas en transformar desde la base sus modelos de servicio.
Los fondos NextGeneration EU han marcado especialmente el rumbo de Europa con mecanismos como el de Recuperación y Resiliencia, aportando un marco de solidez y estabilidad económico-financiera para el desarrollo de ambiciosos planes que persiguen un futuro digital en el que todas las personas tengan cabida.
En España, las Administraciones Públicas han sabido convertirse en piezas clave de esta transformación digital. Su posición privilegiada para potenciar la digitalización de los distintos ámbitos sectoriales y reforzar la cohesión social y territorial les ha empujado a liderar una estrategia digital que ya está dando sus frutos, el Plan de Digitalización, alineado con el Componente 11 del Plan nacional de Recuperación y Resiliencia.
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Con una inversión de 3.165 millones de euros de los que ya se han utilizado más de 2.160 millones, el Plan de Digitalización pone el foco en la incorporación de tecnologías disruptivas que están incrementando la eficiencia y productividad de las administraciones públicas, a través de infraestructuras tecnológicas resilientes y más sostenibles, y mediante la simplificación de procesos y procedimientos que contribuyen a la prestación de servicios innovadores y de calidad para todos los ámbitos territoriales.
Esta visión disruptiva e innovadora ha sido el germen para el diseño de soluciones que acercan más que nunca la ciudadanía a la Administración, como la aplicación móvil Mi Carpeta Ciudadana, que aumentan la disponibilidad y accesibilidad de la información administrativa a sólo un clic para su consulta 24x7.
Esta facilidad de acceso a los datos no queda exenta de desafíos para garantizar su privacidad y confidencialidad. El dato se ha convertido en un bien público a proteger, un objetivo que ha guiado diversas iniciativas que persiguen regular su uso y gestión para asegurar su soberanía y el control por las administraciones públicas, la ciudadanía y las empresas. En concreto, la Administración de Justicia fue pionera con un Manifiesto del Dato que orientaba su uso para la eficiencia y el diseño de soluciones a problemas concretos del sector.
Así, la Estrategia de Datos Europea prevé la creación de un conjunto de espacios de datos, entre los que destacan el de la Administración, la Salud, el Turismo o la Movilidad. Estos espacios de datos permiten intercambiar y acceder a datos de calidad entre Administraciones y el sector privado para diferentes fines, como puede ser la investigación o el desarrollo de nuevas políticas y soluciones a medida, siempre bajo un marco de seguridad y en cumplimiento con la legislación europea en la materia.
El dato se ha convertido en un bien público a proteger
Estos espacios de datos han hecho que la seguridad se convierta en una prioridad esencial para el Sector Público, que viene incorporándola desde el diseño y por defecto en todos sus proyectos del Plan de digitalización. Precisamente, este es uno de los aspectos que viene a cubrir la financiación concedida con la nueva Adenda al Plan de Recuperación.
Esta adenda reafirma los éxitos cosechados hasta el momento por el proyecto nacional para la recuperación y resiliencia, asegurando la continuidad del Plan y permitiendo consolidar los proyectos emprendidos en áreas prioritarias como la seguridad, el refuerzo de las infraestructuras digitales y la economía del dato.
De esta forma, las inversiones y reformas adicionales permitirán afrontar los principales desafíos de seguridad, ayudando a fortalecer un marco común que asegure la interoperabilidad entre los sistemas y aplicaciones de uso en la Unión Europea, que al mismo tiempo sea capaz de ofrecer las máximas garantías de seguridad y confidencialidad.
Además, favorecerá el aprovisionamiento de infraestructuras adecuadas a estos estándares de seguridad, robustas, sostenibles y eficientes, capaces de soportar la demanda de soluciones que integren un número creciente de servicios, y permitan la gestión de un volumen de datos cada vez más elevado.
Las inversiones y reformas adicionales permitirán afrontar los principales desafíos de seguridad
Este impulso económico abre también una oportunidad inigualable a las Administraciones Públicas para dar el salto hacia su hiperautomatización. Partiendo de iniciativas para la automatización de procedimientos administrativos basada en tecnologías de robotización e Inteligencia Artificial, donde ha destacado la realizada para la tramitación ayudas del Kit Digital, se debe avanzar hacia el impulso del uso las plataformas de bajo código “low code” y de minería de procesos, que permitan dar un salto cualitativo y cuantitativo a los servicios públicos digitales.
Destacan en este ámbito el proyecto “eGrant” abordado por la Secretaria General de Administración Digital, que permitirá poner en marcha un gestor de ayudas y subvenciones de vanguardia, o proyectos tractores como el Centro de Excelencia Low Code del Ministerio de Justicia que permitirá agilizar la creación y puesta en marcha de nuevos servicios públicos.
En definitiva, la Adenda abre un nuevo y apasionante capítulo en la senda transformadora de las Administraciones Públicas, que podrán llevar sus desarrollos y la infraestructura desplegada al siguiente nivel. El nuevo respaldo europeo dota además de legitimidad al compromiso adoptado con la ciudadanía y empresas, ofreciendo garantías de una Administración Digital cada vez más preparada para afrontar y adaptarse a los retos del futuro.
*** Luis María Bautista es socio de Consulting para el Sector Público de EY y Manuel Márquez es socio responsable de Consulting para el Sector Público de EY.
