Mientras comienzo a redactar estas líneas, la prensa informa que Broadcom, un consorcio norteamericano fabricante de chips, ha aprobado una inversión de mil millones de dólares en España; en concreto, pondrá en marcha en nuestro país una planta de sustratos para semiconductores después de recibir a modo de subvención estatal a fondo perdido parte de los nueve mil millones de euros que España, gracias a los fondos Next Generation, va a destinar únicamente a la construcción de nuevas factorías de vanguardia en territorio nacional. Otras inversiones “milmillonarias” en ese mismo campo, también de idéntica naturaleza público-privada, se harán oficiales en breve, según acaba de anunciar la ministra Calviño.

Por su parte, los medios italianos igualmente difunden estos días que otra operación similar se va a firmar en Roma, tras acordar el Gobierno de Meloni y la multinacional de semiconductores STMicroelectronics otra inversión de 738 millones de euros. Si bien ambas, tanto la española como la italiana, a años luz todavía del macroproyecto que el Estado alemán e Intel han acordado promover en Magdeburgo, donde el coste ya presupuestado de la inversión conjunta en una gigantesca nave dotada de tecnología de última generación superará los treinta mil millones de euros.

Tras el colapso del acceso a suministros tan básicos como las simples mascarillas de tela que sufrió Europa al declararse la pandemia del Covid, Bruselas se despertó de golpe del narcótico sueño globalizador y adoptó la decisión política de que el 20% de todos los chips que existan en el mundo hacia 2030 habrán sido fabricados en suelo de la Unión.

A partir de ahora, pues, cuestiones de importancia estratégica como esa no se volverán a dejar nunca más en manos del mercado y sus fuerzas ciegas, anónimas e impersonales. ¿Qué tienen que ver todas esas nuevas realidades emergentes, las vinculadas al retorno del papel activo y beligerante del Estado en la economía a través de la política industrial, entre otras, con la retórica aún dominante sobre las virtudes del libre mercado y de la iniciativa privada exonerada de cualquier tipo de corsés regulatorios e intervencionismos institucionales supuestamente ineficientes? Nada. No tienen nada que ver. Como ya se ha dicho, en todos los cambios de paradigma, los hechos y el discurso ideológico oficioso transitan por caminos opuestos e inconexos.

En todos los cambios de paradigma, los hechos y el discurso ideológico oficioso transitan por caminos opuestos

Porque a lo que ahora mismo estamos asistiendo, y tanto en Europa como en Estados Unidos, es al ocaso definitivo del orden político que surgió a principios de la década de los 80 con la llamada revolución conservadora de Reagan y Thatcher; el mismo que luego pasaría a convertirse en ortodoxia indiscutible en todo Occidente, al asumir sus premisas fundamentales los gobernantes progresistas y socialdemócratas de las dos orillas del Atlántico. Una paulatina conversión de la antigua izquierda keynesiana a la filosofía de los mercados soberanos y desregulados cuyos dos máximos exponentes encarnarían Bill Clinton y Tony Blair.

Un orden político, en definición del historiador económico Gary Gerstle, el autor de Auge y caída del orden neoliberal, libro de cabecera en este 2023 de la élite anglosajona, remite su significado preciso a un conjunto muy amplio de economistas, politólogos y ensayistas con vocación activista, centros creadores de modelos ideológicos, medios de comunicación de masas, redes políticas estructuradas, plataformas privadas de difusión doctrinal volcadas en influir en la población desde la sociedad civil, publicistas profesionales y líderes de opinión que, gracias a su empeño conjunto, pueden llegar a moldear el sentido común de la época, generando de tal modo una visión compartida por el conjunto de la comunidad.

Una vez asentado, ese cuerpo de doctrina transversal seguirá vigente con independencia de cuál sea el partido que en cada momento ocupe el poder. Así, el New Deal de Roosevelt consiguió transformarse en un orden político cuando sus fundamentos lograron colonizar la mente de la derecha, algo que se constató cuando el Partido Republicano de Eisenhower alcanzó el poder y no derogó ninguna de sus líneas básicas. A esos efectos - señala Gerstle-, Clinton, mucho más que Reagan el genuino liberalizador de la economía norteamericana, fue el Eisenhower de los demócratas.

Una paulatina conversión de la antigua izquierda keynesiana a la filosofía de los mercados soberanos

Ese mismo, el de Clinton, el canon finisecular en Europa y Estados Unidos cuyos supremos arquitectos intelectuales fueron Hayek, Von Mises y Friedman, es el que comenzó a tambalearse con la Gran Recesión de 2008 para después entrar en abierta decadencia tras el desafío de China al statu quo económico y geoestratégico liderado por Estados Unidos y la OTAN. Permítaseme reproducir solo un indicador estadístico al respecto: la participación de Estados Unidos en el PIB mundial pasó del 25% al 30% entre el año 1980 y el final del siglo XX, para volver a caer por debajo del 25% en las dos primeras décadas del XXI. Al tiempo, en estos primeros cuatro lustros de la nueva centuria, la participación de China en el PIB mundial ha saltado del 4% a algo más del 17%, o sea, se ha nada menos que cuadruplicado.

He ahí la causa última de que esté surgiendo, aunque todavía su naturaleza resulte un tanto vaga e imprecisa, un nuevo paradigma político en Occidente. El anterior orden neoliberal, marco que hizo factible el estado de cosas descrito, comenzó a extinguirse durante el mandato de Trump y ahora está acabando de ser enterraron por Bidem a marchas forzadas.

Exactamente igual que la Unión Europea, Bidem ha roto con el tabú del intervencionismo al poner en marcha un enorme plan de financiación pública de nuevas plantas industriales en sectores estratégicos relacionados con las nuevas tecnologías. Un evidente esfuerzo para tratar de frenar el acceso de China al liderazgo económico internacional que se va a llevar por delante el pensamiento político dominante en Occidente durante los últimos 40 años. Vuelve, sí, el Estado.

*** José García Domínguez es economista.