En un escenario político caracterizado por la distopía orwelliana y las “bulerías”, entendidas como una simbiosis cuasi perfecta entre las acusaciones de lanzar bulos a los críticos del Régimen y ese cante bullicioso, rápido y de redoblado compás que incorpora gritos de alegría y expresivas voces de jaleo y palmas proferidas por los, valga la redundancia, palmeros del Gobierno, cabe situar la hipotética condonación de toda o una parte de la deuda pública pública catalana.

Este sería el precio a pagar para lograr el apoyo de ERC y Junts a la investidura de D. Pedro Sánchez y a la reedición del pacto entre la izquierda socialista, la extrema izquierda (Sumar) y los independentistas que ha regido los destinos patrios durante el último lustro.

De entrada, una quita de la deuda a Cataluña acumulada en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), unos 71.306 millones de euros al cierre de 2022, plantea una pregunta elemental: ¿por qué conceder ese “regalo” sólo al Principado y no al resto de las autonomías?

Salvo Madrid, País Vasco Navarra, Ceuta y Melilla, aquellas debían al Estado a finales del año 187.779 millones de euros, 44.779 más que el total de los Fondos Next Generation concedidos a España por la UE. La respuesta a ese interrogante es obvia: ninguna de ellas resulta necesaria para otorgar la presidencia del Gobierno al Dr. Sánchez.

Además, Valencia y Andalucía, las segundas comunidades con mayor endeudamiento, heredado de las administraciones de izquierdas, están ahora en manos de la derecha. Que paguen su pecado.

Esa hipotética condonación no es o sería gratis. Ha de ser asumida por otros, es decir, por los contribuyentes del resto del Estado

Por otra parte, esa hipotética condonación no es o sería gratis. Ha de ser asumida por otros, es decir, por los contribuyentes del resto del Estado, tanto si la deuda es asumida por este y pasa a engrosar el total de la deuda pública estatal como si se reparte entre las autonomías no beneficiadas por la quita.

Esto supone trasladar a los demás el coste de la irresponsable gestión presupuestaria realizada por los sucesivos gobiernos de la Generalitat, cuya explosiva carrera de gasto y de endeudamiento se ha sostenido en dos factores: primero, el Estado no puede dejar quebrar a Cataluña; segundo, el condicionamiento del apoyo de los independentistas en el Congreso a la tolerancia y financiación de su laxitud financiera.

En consecuencia, no cabe hablar de solidaridad hacia Cataluña, cantinela que empieza a escucharse, sino de una flagrante insolidaridad hacia el resto de los ciudadanos que viven en otros territorios de las Españas, con la excepción de las comunidades de régimen foral, a las que este tipo de cambalaches no afectan.

Desde la óptica de una izquierda defensora a ultranza de la igualdad, paladín de la solidaridad etc. etc. etc. la quita se traduciría sí o sí en una transferencia de autonomías con menor nivel de renta a otra cuyo PIB per cápita es un 17,4% superior al de la media nacional.

No cabe hablar de solidaridad hacia Cataluña, cantinela que empieza a escucharse, sino de una flagrante insolidaridad hacia el resto de los ciudadanos que viven en otros territorios

Sin duda, los sacerdotes de la izquierda patria atribuirán a este sencillo ejercicio el calificativo de “bulo”, pero su efecto regresivo en términos de redistribución es inapelable.

Dicho esto, la problemática sobre la deuda desborda los límites de Cataluña y plantea una cuestión de mayor relevancia: el perverso sistema de financiación autonómica existente en España. El FLA, un programa coyuntural y discutible para hacer frente a una situación de emergencia, la crisis financiera de 2008, se ha convertido en parte estructural del modelo.

Como cualquier medida temporal creada por los gobiernos se ha transformado en permanente cuando las circunstancias que en teoría “justificaron” su introducción han desaparecido. Ello ha acentuado las disfunciones del sistema.

El modelo de financiación autonómica existente en España es disparatado. No existe corresponsabilidad fiscal; esto es, ligazón alguna entre las decisiones de gasto realizada por las autonomías y los ingresos necesarios para financiarle, ya que el grueso de ellos procede de transferencias estatales.

La alternativa no es realizar condonación o quita alguna de deuda, sino reformar el sistema de financiación autonómica

Tampoco se han establecido límites efectivos a la capacidad de generar déficit y endeudarse de las Comunidades Autónomas y, en última instancia, el Estado es el responsable de responder si aquellas no son capaces de hacerle frente. Esto es la institucionalización de la irresponsabilidad y la creación de un escenario de riesgo moral sistémico.

Para hacer peor las cosas, el llamado Fondo de Solidaridad ha degenerado en un instrumento en virtud del cual los Gobiernos autonómicos que lo hacen peor y empobrecen a sus ciudadanos reciben más subvenciones estatales cuanto más deficiente es su gestión.

Se han destinado durante casi 40 años cantidades ingentes de dinero público hacia las autonomías “pobres” sin que eso haya servido para acercarlas en términos de convergencia real a la situación socio-económica disfrutada no ya por las ricas, sino al promedio de renta, tasa paro y empleo vigente en España, ni tampoco han sido empleados esos recursos para crear economías productivas, capaces de reducir su dependencia de las subvenciones. Eso sí, fueron muy eficaces para construir una red clientelar que soportó hasta “ayer” a quienes regían esas autonomías.

La alternativa no es realizar condonación o quita alguna de deuda, sino reformar el sistema de financiación autonómica. El Estado ha de cubrir una serie de servicios básicos e iguales en todo el territorio. Quien quiera aumentar su oferta ha de subir impuestos o recortar otras partidas de gasto, lo que implica aumentar la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas en vez de reducirla, como pretende el Gobierno.

La posibilidad de incurrir en déficit y de endeudarse ha de ser severamente restringida y prohibirse que el Gobierno central asuma la deuda generada por aquellas y que son incapaces de pagar. El Fondo de Solidaridad ha de ser reformado en profundidad para dejar de premiar a los malos gestores y crear incentivos adecuados para el desarrollo de las regiones menos prósperas. Es grotesco que España haya de ajustarse a las reglas fiscales europeas y las autonomías no.