Edificio de la Generalitat
La 'deuda' de España con Cataluña
Vuelve, rutinario y reiterativo como suele, el déjà vu de siempre sobre el dinero de Cataluña. Permanentemente obsesionados con mantener abierta la discusión pública e institucional a propósito de las famosas balanzas fiscales, sobre la a sus ojos intolerable desmesura del monto representado por las transferencias netas que los contribuyentes de su demarcación realizan a otros territorios de la España meridional, los nacionalistas catalanes mantienen, sin embargo, un muy sospechoso silencio crónico sobre las otras balanzas, las comerciales.
Hablamos de los estados contables que con regularidad periódica confecciona también el Ministerio de Economía, si bien ante la indiferencia general, donde se reflejan los correspondientes déficits o superávits derivados del comercio de bienes y servicios entre cada una de las 17 comunidades autónomas y todas las demás. Así, y por alguna razón misteriosa, los catalanistas, categoría que incluye tanto al independentismo como a otras corrientes políticas locales de marcado afán particularista, jamás muestran el más mínimo interés por airear, y mucho menos analizar, ese tipo de información estadística. Y por algo será, claro.
A diferencia de los mandatarios madrileños, en extremo más comedidos al respecto pese a arrostrar un déficit fiscal autonómico que prácticamente dobla las cifras de su equivalente catalán, los distintos Ejecutivos al frente de la Generalitat no han parado de lamentarse durante décadas, y entre grandes aspavientos además, por el gran quebranto que para ellos supone el tener que renunciar a 16.000 millones de euros anuales (huelga decir que esa cifra es inventada, toda vez que el déficit fiscal catalán real andaría por la mitad, en torno a unos 9.000 millones por más señas).
Pero, pese a tanto llanto desolado, a nadie en Barcelona parece habérsele ocurrido realizar la sencilla simulación contrafáctica consistente en imaginar qué pasaría si el déficit fiscal de Cataluña fuera igual a cero, esto es, si no existiese en absoluto el tan denostado déficit fiscal. Veamos, Cataluña transfiere esos aproximadamente 9.000 millones anuales a otros territorios y, al tiempo, obtiene del resto de España cerca del triple de tal cifra en concepto de superávit comercial.
Un buen negocio, a poco que se piense. Tan buen negocio que ese superávit comercial con el conjunto de España, un saldo positivo que devendría imposible en el supuesto de no existir las transferencias que dan lugar al paralelo déficit tributario, es lo que permite que Cataluña pueda, a su vez, importar los productos extranjeros que adquiere con destino a su propio consumo doméstico interno.
Cataluña transfiere esos aproximadamente 9.000 millones anuales a otros territorios y, al tiempo, obtiene del resto de España cerca del triple de tal cifra
Los independentistas ni tan siquiera se han parado a pensarlo alguna vez, pero lo cierto es que las importaciones de producto de lujo que se pueden permitir de forma rutinaria los ciudadanos catalanes con posibles no podrían existir en ausencia de ese déficit fiscal interno en relación a las regiones del sur peninsular. Los catalanes, en efecto, son capaces de endeudarse sin mayores problemas frente al resto del mundo solo gracias, en última instancia, a ese déficit fiscal que, si bien de modo indirecto, financia la compra de sus productos autóctonos por parte de los consumidores que habitan en los territorios que reciben las transferencias.
Dicho de otro modo: sin la presencia abrumadora de sus mercancías de producción propia en los mercados de consumo situados en las autonomías beneficiadas por los superávits fiscales que provoca la redistribución promovida por el Estado, Cataluña no podría abastecerse en Nueva York o Londres de bienes de alta gama. Los independentistas no lo piensan nunca, pero resulta que Cataluña mantiene un déficit comercial estructural, histórico, con el extranjero que equivale por norma a, más o menos, el 6% de su PIB; un déficit comercial permanente con el resto del mundo - España excluida- que, en el caso de la Comunidad de Madrid, se eleva a un nivel muy superior que ronda anualmente el 15% de su propio PIB particular.
Así las cosas, con la única excepción de los Estados Unidos, país que goza del inmenso privilegio de poder imprimir a voluntad los billetes de banco con los que luego paga sus importaciones, ninguna otra nación en el planeta se puede permitir el mantener déficits comerciales permanentes del 6% de su PIB, so pena de quebrar por el camino. Y si Cataluña incurre en ellos sin que nada ocurra, ello únicamente obedece a que se trata de un territorio particular integrado a todos los efectos en otro mucho más grande que se llama España, única y exclusivamente a eso.
Los independentistas no lo piensan nunca, pero resulta que Cataluña mantiene un déficit comercial estructural, histórico, con el extranjero
Por lo demás, he ahí la explicación al misterio de ese interesado desinterés aparente por las balanzas comerciales entre territorios que tanto retrata las inconsistencias del nacionalismo catalán. Una inconsistencia que igual se manifiesta en que Cataluña disponga de unos servicios públicos manifiestamente precarios pese a arrostrar sus contribuyentes la mayor presión fiscal entre todas las autonomías. Un hecho objetivo que se intenta capear desde el independentismo con mando en plaza con el habitual argumento recurrente de que, ocurra lo que ocurra, la culpa es de Madrid.
En este caso concreto, del dumping fiscal de la CAM. Eso sí, se obvia recordar que la Comunidad de Madrid no se ve forzada a destinar tantos recursos a sus servicios públicos por la óptima razón de que sus clases medias, a defendía de lo que ocurre con las menguantes catalanas, viven inmersas en un constante proceso de expansión cuantitativa, lo que conlleva que se provean en el mercado privado de servicios que en Cataluña, y por lo ya expuesto, debe sufragar la Administración. Como dicen que ocurre con el miedo, también la decadencia tiene mil caras.
*** José García Domínguez es economista.
