Fábrica de baterías
El coste de la transición energética: la dura realidad sobre la extracción de minerales
La transición energética se ha convertido en una prioridad política. Para llevarla a cabo con éxito, requiere un fuerte compromiso con la expansión de energías e infraestructuras renovables: paneles solares, turbinas eólicas, redes eléctricas o baterías de iones de litio para los nuevos vehículos.
Sin embargo, aunque se reducirá enormemente las emisiones de gases de efecto invernadero, esta transición esconde un “pero”, los llamados ‘minerales críticos’, como el cobre, litio, níquel y cobalto. Un sistema energético alimentado por energías limpias es mucho más intensivo en minerales que uno alimentado por los recursos tradicionales de hidrocarburos. Por ejemplo, un coche eléctrico requiere seis veces más insumos minerales que un coche convencional y para la misma capacidad de generación de energía, una central eólica terrestre requiere nueve veces más recursos minerales que una central de gas.
La transición energética está en manos de estos minerales y el incremento de su demanda sólo acaba de empezar. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la demanda de estos minerales será 2,5 veces mayor en 2030 y cuatro veces superior en 2050. Concretamente, la demanda de litio podría multiplicarse por 26, la de níquel por 12, la de grafito por 9 y la de cobalto por 6.
El impacto ambiental de la extracción de estos minerales es inevitable y los inversores no pueden ignorar esta realidad. Entre los principales problemas, cabe destacar la gestión del consumo de agua –alrededor del 50% de la producción de litio o cobre, por ejemplo, se concentra en regiones con altos niveles de estrés hídrico–; el drenaje ácido de los residuos de las minas, que pueden filtrarse y contaminar las aguas subterráneas; o la gestión de residuos tóxicos y emisiones de gases de efecto invernadero.
Los desastres medioambientales no son ajenos a la extracción de estos minerales. En 2015, el colapso de la presa de residuos de Samarco en Brasil causó la muerte de 19 personas, la destrucción de un pueblo cercano y la contaminación del río Dolce con 60 millones de metros cúbicos de lodo tóxico, privando a la población local de alimentos e ingresos pesqueros durante años. Se sigue reclamando a ambas empresas una indemnización que podría ascender a decenas de miles de millones de dólares.
La transición energética está en manos de estos minerales y el incremento de su demanda sólo acaba de empezar
Pero no sólo se producen desastres medioambientales. Cuando hablamos de actividad minera, es fundamental tener en consideración las condiciones de trabajo y la salud y la seguridad de los trabajadores, al mismo tiempo que se garantiza el bienestar de las comunidades locales. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha puesto de manifiesto el preocupante historial del sector minero extractivo, tras supervisar las prácticas de 93 empresas productoras de seis minerales vitales para la transición energética: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y zinc. La organización encontró un total de 510 denuncias de abusos contra los derechos humanos entre 2010 y 2022. También encontró pruebas de condiciones de trabajo peligrosas, contaminación del agua y problemas de acceso a la misma.
La protección de los derechos humanos se ha visto dificultada por la presión que se ejerce sobre la extracción de determinados minerales, debido a los problemas de suministro derivados de la concentración geográfica y la escasa sustituibilidad. Además, estos problemas se han visto exacerbados por los cuellos de botella asociados a la pandemia y las tensiones geopolíticas y comerciales.
Alrededor de dos tercios de la producción mundial de cobalto procede de la República Democrática del Congo, y se calcula que el país posee aproximadamente la mitad de las reservas mundiales. A pesar de ser una enorme fuente de riqueza para la economía del país, se calcula que más de 40.000 niños trabajan en la extracción de cobalto. La magnitud del problema ha obligado al Gobierno a reconocer esta tragedia y a adoptar políticas que, en teoría, prohíben el trabajo infantil. Sin embargo, la falta de aplicación de las leyes laborales, así como la persistente amenaza de pobreza, lleva a los niños a seguir extrayendo cobalto en condiciones peligrosas.
En 2019, International Rights Advocates llevó a cabo una demanda contra Apple, Tesla, Google, Microsoft y Dell. Aunque fue desestimada, la amenaza reputacional sensibilizó a toda la cadena de suministro de cobalto y producción de baterías de iones de litio, desarrollando iniciativas de abastecimiento responsable como la ‘Iniciativa para los minerales responsables’ o la ‘Alianza para el cobalto justo’.
Sin embargo, una vez que el cobalto llega a la fase de refinado, la trazabilidad se vuelve más compleja. Las empresas chinas, que importan casi el 90 % del cobalto de la República Democrática del Congo y acaparan entre el 50 y el 70 % de la cuota mundial de refinado, mezclan el mineral procedente de múltiples fuentes, por lo que resulta imposible aislar el cobalto producido a través de la explotación infantil. Ante los persistentes riesgos de explotación en el país, algunas empresas han optado por reducir su exposición. Es el caso, por ejemplo, de BMW, que decidió abastecerse de cobalto en Marruecos o Australia para la quinta generación de sus baterías de alto voltaje.
Con este panorama, la industria financiera tiene un desafío enorme para discernir prácticas verdaderamente sostenibles. Es fundamental que los inversores conozcan la naturaleza de los minerales y la ubicación tanto de la producción como del refinado, analizando los diferentes tipos de riesgos que acarrean.
Una buena noticia es que los países occidentales han tomado la iniciativa para desarrollar proyectos nacionales y garantizar normas más rigurosas, tanto medioambientales como sociales, que repercutirán en la producción sostenible en el extranjero. La transición energética es un desafío enorme, pero no puede llevarse a cabo a toda costa sin considerar los derechos de los más vulnerables y sin garantizar el bienestar social y económico de las poblaciones implicadas.
*** Virginie Derue es directora de investigación de Inversiones Responsables de AXA IM.
