España es un país fértil en la invención de términos políticos. Uno de ellos es el de Estado Autonómico, un modelo -o mejor, un no modelo- de descentralización política, que deja indefinidas y abiertas a una constante negociación las competencias del Estado y las de las autonomías. Ello se consagra en el artículo 150.2 de la Ley de Leyes. Conforme a él, el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a una materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Esto sienta las bases a, prácticamente, cualquier reivindicación autonómica cuya capacidad de ser satisfecha dependerá de si la coyuntura política hace necesario contar con los partidos de ámbito territorial para conseguir o mantener el poder a escala nacional.

Junto a eso, el sistema autonómico español se traduce en el plano fiscal en una transferencia de poder sin responsabilidad a todas las autonomías, con excepción de la vasca. Las comunidades autónomas pueden gastar lo que deseen sin verse obligadas a subir los impuestos para financiar sus desembolsos y endeudarse sin temor alguno a la bancarrota porque el Estado responde en caso de que sean incapaces de hacer frente a sus deudas. Salvo en el País Vasco, gracias al concierto, el grueso de los recursos gestionados por las comunidades autónomas son transferencias del Estado. Ello ha incentivado y consolidado la irresponsabilidad presupuestaria de los gobiernos autonómicos.

Las comunidades autónomas pueden gastar lo que deseen sin verse obligadas a subir los impuestos para financiar sus desembolsos y endeudarse sin temor alguno

En paralelo, el funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial, destinado a mitigar los desequilibrios económicos entre las autonomías, tiene efectos perversos. Las comunidades autónomas cuyos gobiernos aplican políticas lesivas para el desarrollo son premiadas. Cuanto peores son sus indicadores económicos y sociales, más recursos reciben del Estado. Cuatro décadas después de instaurarse el Estado Autonómico, la brecha de convergencia real entre las autonomías ricas y las pobres apenas se ha estrechado a pesar de las billonarias transferencia recibidas por las segundas. Si se subvenciona las malas políticas, los incentivos para mantenerlas y acentuarlas se disparan.

Esta es la situación del Estado Autonómico de las Españas cuya consecuencia es doble: la configuración de una falta de disciplina financiera crónica, que tiene externalidades negativas para el conjunto de la economía del Estado al tiempo que fomenta el desarrollo de las tensiones centrífugas dentro del sistema. Ante este panorama, las respuestas que se ofrecen son mantener el modelo existente, cuya ineficiencia política y económica es palpable, centralizar el Estado, hipótesis indeseable y utópica, incompatible con la realidad de las Españas o realizar concesiones a algunas partes del territorio con la finalidad de aplacar, al menos de manera temporal, su propensión o deseo de romper con el Estado.

Ninguna de esas soluciones es capaz de crear un marco de estabilidad financiera y política en las Españas. Desde esta óptica, es preciso plantear una oferta distinta capaz de sintetizar el binomio unidad-pluralidad, que es un hecho estructural en la Vieja Piel de Toro. La fórmula racional para conseguir ese objetivo es avanzar hacia un modelo de federalismo competitivo. Este permite una asimetría electiva por parte de las autonomías y, por tanto, diferentes niveles de autogobierno. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los Estados de la Unión tienen un techo X de competencias máximas pero no todos desean asumirlas. ¿En qué consiste esto?

Ninguna de esas soluciones es capaz de crear un marco de estabilidad financiera y política en las Españas

De entrada, sentada la financiación básica de una serie de servicios públicos por parte del Estado, las autonomías estarían obligadas a cubrir el aumento de gasto en ese tipo de programas subiendo los impuestos, lo que implica dotarlas de mayor poder tributario. Quien quiera gastar más ha de elevar impuestos o recortar otros capítulos de gasto. Esto implica la imposibilidad de incurrir en déficit y emitir deuda, salvo en circunstancias extremas y tipificadas o, en su caso, prohibir al Estado de rescatar a las comunidades autónomas incapaces de hacer frente al pago de su endeudamiento quiebren. Por otra parte, el Estado habría de mantener la unidad de mercado, esto es, la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas dentro de su territorio.

En este marco, las autonomías competirían entre sí y los individuos y las empresas tendrían la capacidad de "votar con los pies" en el supuesto de que la combinación gastos-impuestos-regulaciones tuviese para ellos un coste superior a los beneficios que les aportan. Esto sería, además, un banco de pruebas de qué políticas públicas son mejores y cuáles peores para promover el crecimiento, la creación de riqueza y de empleo... Daría un mayor control a los ciudadanos sobre los gobiernos y haría mucho más transparente su gestión.

¿Perjudicaría este sistema a las regiones menos desarrolladas? La respuesta es negativa. La experiencia internacional y española muestra que las transferencias a las zonas pobres en los Estados descentralizados no han servido para promover su desarrollo, sino para aserrarlas en una trampa de la pobreza del Mezzogiorno italiano a la Extremadura socialista. Los casos son innumerables. Al contrario, la competencia fiscal y regulatoria y la creación de entornos favorables a la generación de actividad económica han sido el elemento básico del desarrollo en, por ejemplo, el Sur de los Estados Unidos o, más cerca, en los cantones suizos.

Este modelo encaja no sólo con la realidad plural de las Españas, sino con lo que debería ser el ideario de un centro derecha moderno porque combina libertad y bienestar para todos.