La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La tribuna

Los fondos europeos y las nuevas reglas fiscales

Por primera vez una verdadera integración fiscal, paso histórico en la construcción europeo, está en ciernes.

26 septiembre, 2023 02:48

Tras la crisis financiera de 2008, el dogma de la austeridad presupuestaria se fue extendiendo a través del continente europeo, amenazando el ideal comunitario de prosperidad económica y cohesión social. Todo ello no solo derivó en una crisis de la deuda en países como el nuestro, con graves consecuencias en el estado del bienestar, los derechos de los trabajadores, las cifras insoportables de desempleo y en un aumento dramático de las desigualdades. El dogma también entorpeció el crecimiento en el conjunto de la Unión Europea, generando una crisis de confianza en la sostenibilidad del euro.

El BCE, y Mario Draghi liderándolo, con su ya famoso “I am ready to do whatever it takes to save the euro”, desactivó esa crisis, iniciando en 2012 la compra de deuda pública de aquellos Estados miembros que eran solventes, pero no tenían liquidez suficiente, convirtiéndose en prestamista de última instancia. A partir de ahí se inició un largo camino de cuestionamiento de los fundamentos de la visión de la austeridad.

El punto de inflexión coincidió con la crisis de la pandemia: en esta ocasión la respuesta europea ha sido diametralmente opuesta, recuperando el modelo de convivencia social que ha estado siempre implícito en el proyecto europeo. Durante la pandemia, aprobando mecanismos como el SURE para preservar el empleo con los ERTES, cooperando en compras conjuntas de material sanitario, en investigación y adquisición de vacunas. Posteriormente, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, los Estados miembros crean el Fondo Next Generation UE. Se trata de un instrumento excepcional dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados Miembros -hasta 360.000 millones de préstamos reembolsables y 390.000 millones de transferencias no reembolsables-.

Fruto de la respuesta europea coordinada y solidaria, los Estados miembros comparten los objetivos de hacia dónde deben ir esos recursos, esto es, para acelerar la doble transición ecológica y digital, pero también la resiliencia económica, que incluye el impacto en la igualdad de género y en la cohesión social y territorial. Y lo que es más importante, el Fondo Next Generation UE supone, por primera vez, una federalización de la financiación, con la emisión de bonos por parte de la Comisión Europea mutualizando la deuda de los Estados miembros. Es un avance en la Unión Fiscal, que implica mayor solidaridad europea para reducir los costes de financiación de los Estados.

El Fondo Next Generation UE supone, por primera vez, una federalización de la financiación. 

La política recupera así su vocación de avanzar desde la unión monetaria hacia una verdadera unión económica, gracias a la reforma de las reglas fiscales. Buscando un justo término entre volver a la disciplina presupuestaria con objetivos flexibles adaptados a la situación de cada país, y extender el programa Next Generation UE con deuda mancomunada para invertir en el objetivo compartido de la transición verde. Los Estados miembros comparten su preocupación por los efectos del cambio climático y Bruselas aboga por un esfuerzo colosal de inversión que ronda el 2% del PIB europeo hasta 2030.

Para ello lo relevante es la federalización del gasto, y no tanto conseguir relajar las normas fiscales y las ayudas de Estado, ya que en el espacio fiscal las divergencias en el seno de Europa siguen siendo muy grandes entre el núcleo “frugal” y la periferia “dispendiosa”. Lograr la mutualización de la deuda pública con programas conjuntos de inversión, alargando la idea del Next Generation UE, conducirá a una mayor eficiencia y más espacio fiscal, ya que los costes agregados de endeudamiento serán menores. De esta manera, las políticas fiscales nacionales podrán centrarse más en reducir la deuda y crear reservas para tiempos peores.

Esta mayor integración facilitaría, con la federalizando gasto, que las inversiones cruciales se produjeran según la necesidad de cada país, en vez de según su capacidad. Y al propio tiempo, liberaría de los presupuestos nacionales el peso de las inversiones de interés común, aumentando el margen y reduciendo la presión sobre el resto del gasto.

Todo ello significa compartir más soberanía y, por tanto, conviene buscar nuevas formas de representación y toma de decisiones centralizada; sobre todo, a medida que la UE se amplía para incluir a los Balcanes y a Ucrania. Así evitar repetir los errores del pasado cuando ampliamos nuestra periferia sin fortalecer el centro, con el riesgo de dilución.

Una toma de decisiones más centralizada requerirá, a su vez, el consentimiento de los ciudadanos europeos en forma de una revisión de los tratados de la UE, algo que los responsables políticos europeos han evitado desde los referendos fallidos en Francia y los Países Bajos en 2005. Sin embargo, los tiempos han cambiado: ahora ya no se trata de asuntos estrechamente económicos que recuerdan el trauma de la austeridad, sino del futuro del modelo social europeo.

Las estrategias que garantizaron la prosperidad y la seguridad de Europa en el pasado, como han sido nuestra dependencia de Estados Unidos para la seguridad, de China para las exportaciones y de Rusia para la energía; se han vuelto insuficientes, inciertas o inaceptables. En este nuevo mundo, la parálisis es claramente insostenible para los ciudadanos, mientras que la opción radical de salir de la UE ha arrojado resultados decididamente mixtos. Forjar una unión más estrecha demostrará en última instancia ser la única manera de lograr la seguridad y la prosperidad que anhelan los ciudadanos europeos. Esa será sin duda una de las claves de las elecciones europeas de 2024.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.

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