A pesar de que nuestro país está comprometido con el objetivo europeo de alcanzar un peso del sector industrial del 20% en PIB, los avances en los últimos cinco años han sido mínimos; al contrario, la gestión del gobierno ha dejado, una vez más, un sabor amargo y una sensación de abandono en el sector industrial español.

La legislatura de Sánchez se ha caracterizado por la ausencia de una política industrial y deja como testimonio de ello el fracaso en alcanzar objetivos que eran críticos para cimentar un nuevo desarrollo industrial en España.

El Ministerio de Industria ha sido incapaz de aunar consensos para concretar un Pacto por la Industria, incapaz de impulsar decididamente los PERTE tras más de dos años de gestión de los fondos europeos e incapaz de aprobar una nueva Ley de Industria tras cinco años, a pesar de formar parte de los hitos comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación.

La desidia en la gestión se visualiza al repasar los datos de ejecución presupuestaria que publica la Intervención General de la Administración del Estado. Desde 2019 hasta 2022 el Ministerio de Industria siempre ha estado entre los tres peores ministerios en resultado de ejecución. En 2022, logró el honroso título de ser el peor entre 22 ministerios.

La legislatura de Sánchez se ha caracterizado por la ausencia de una política industrial

Por eso, es irónico, y casi insultante, que desde el Gobierno se hable ahora de reindustrialización, cuando parece una mofa para aquellos que son conscientes de la realidad industrial de nuestro país.

Ludwig von Mises destacaba la importancia de la libre empresa y el rol del Gobierno en la creación de un marco propicio para el desarrollo económico. Para la industria, este marco debe cumplir tres requisitos: que sea predecible, estable y competitivo.

La ausencia de este marco en España ha llevado a la crisis industrial actual, donde el sector, lejos de florecer, sufre unos costes energéticos estructuralmente altos, el incremento de los costes laborales y de cargas impositivas, mientras se produce el señalamiento de empresarios o se castiga arbitrariamente a sectores con nuevas tasas.

Además, la falta de ayudas para contrarrestar la crisis energética y garantizar la competitividad empresarial, la actividad industrial y la preservación de los empleos asociados, contrasta dolorosamente con los esfuerzos por apoyar al tejido industrial de nuestros vecinos europeos.

Por suerte, las repercusiones son observables y medibles, por lo que aquello de que “el dato mata el relato”, permite desenmascarar la propaganda del gobierno y sus nuevos deseos de intervención pública sobre el sector industrial. Ceder ante las ansias intervencionistas de los seguidores de Mazzucato presentes en las filas del PSOE y de Sumar sería la puntilla para un sector que lo que menos necesita es que les impongan nuevos criterios para democratizar empresas, más impuestos, entre el Estado en su capital o condicione la competitividad de una rama industrial.

Sumar sería la puntilla para un sector que lo que menos necesita es que les impongan nuevos criterios para democratizar empresas

El sector representa el 15,1% al PIB, ha perdido 3,3 puntos desde 2019 y desde que empezó el segundo trimestre del año se encuentra en recesión. La cifra de negocios de la industria española en agosto, corregida de efectos estacionales y de calendario, cayó un 5,2% con respecto al mismo mes del año pasado y acumula ya cuatro meses con tasas interanuales negativas, presentando en los últimos meses los valores más bajos desde 2020.

Sectores estratégicos por su capacidad exportadora e inversora en tecnología e I+D+i muestran caídas interanuales en agosto de doble dígito. Industrias manufactureras como las coquerías y refino de petróleo caen un 33,3%, la metalurgia un 22,7%, la industria del papel un 18,4%, material de transporte un 18%, la industria química un 17%, la industria de la madera y el corcho un 12% y las industrias extractivas un 11,5%.

Por si todavía el lector no percibiera adecuadamente la dimensión del problema, los datos de empresas industriales inscritas en la Seguridad Social muestran como desde que gobierna Pedro Sánchez se han perdido más de 5.000 empresas, la Encuesta de Clima Industrial que elabora el Ministerio de Industria acumula 14 meses en negativo, la utilización de la capacidad productiva está al 76,2% de sus posibilidades y el índice de los gestores de compras del sector manufacturero que elabora S&P arrastra 5 meses de contracción, marcando este mes de septiembre el peor dato del año y augurando un panorama desolador para los meses venideros.

La inseguridad jurídica y la inestabilidad institucional también impactan en nuestra economía como hemos comprobado con la caída interanual de la inversión extranjera en un 26,6% en el primer semestre de 2023. A modo de ejemplo, en los primeros 6 meses del año la inversión extranjera en industrias extractivas se reducido en 744 millones de euros, la industria de alimentación 244 millones, el almacenamiento y actividades anexas al transporte 264 millones o la fabricación de maquinaria y equipo se reducido en 1.838 millones de euros.

España necesita una política industrial efectiva y un gobierno que actúe con la premura y compromiso que la situación requiere. La reindustrialización no es un concepto que se pueda tomar a la ligera, ni se puede abordar con retóricas vacías propias de los populistas de izquierda. Es imperativo un cambio significativo y medidas eficaces para revitalizar la industria y con ello, la economía nacional. Es hora de dejar la desidia, hacer partícipes a los empresarios industriales, a las CCAA y actuar con decisión y conocimiento, donde el gobierno evite más intervención y proporcione más libertad y respaldo a la industria nacional.

*** Santiago Sánchez López es Economista.