Somos una gran potencia mundial.
Nos lo creemos poco, porque siempre nos enfocamos en todo lo que hacemos mal, pero las cifras lo tienen claro: somos la cuarta economía del Eurosistema y la decimoquinta del mundo por PIB según datos del Fondo Monetario Internacional.
Este mismo organismo se mostraba cauto hace unos días con el crecimiento económico de nuestro país, porque si bien es muy superior al de la zona euro y nuestra inflación inferior, hay elementos que anuncian una moderación del crecimiento en los próximos años, entre ellos, la caída de consumo de bienes, o la ya satisfecha demanda de servicios, como el turismo.
Es, en cualquier caso, una buena noticia para nuestro Estado, porque mayor crecimiento implica mayores ingresos en forma de impuestos y menores pagos en prestaciones.
A veces olvidamos que los Presupuestos Generales del Estado no son muy diferentes a los de cualquier empresa, proyecto o familia, con sus ingresos en un lado, y sus gastos y pagos, en otro. En los Generales, los ingresos provienen de los impuestos, y los gastos y pagos del coste de su estructura, de su deuda y de las transferencias en pensiones o subsidios.
A veces olvidamos que los Presupuestos Generales del Estado no son muy diferentes a los de cualquier empresa
Pero más que en los epígrafes, la mayor diferencia entre el Presupuesto del Estado y el presupuesto de cualquiera de nosotros es el acceso a la financiación. Si bien cuando los gastos y pagos son superiores a los ingresos (déficit, privado o público) a todos nos toca pedir prestado, las oportunidades y condiciones de financiación son muy diferentes para unos y otros.
Si somos una familia, acudimos a la financiación cuando compramos una casa, un coche o pagamos a plazos unas vacaciones. Si somos una empresa, cuando queremos acometer una inversión o tenemos un descuadre de tesorería, por ejemplo. Y tanto familias como empresas pasan por departamentos de riesgo (o por analistas y organismos independientes, si las empresas se financian directamente en el mercado), que valoran la capacidad de generación de ingresos futura, la ratio de endeudamiento y un largo etcétera de elementos de riesgo.
¿Y el Estado? ¿Qué hace si tiene déficit? Lo mismo: endeudarse. En su caso, emitiendo deuda pública (letras y bonos del Estado a diferentes plazos) que se compromete a devolver pagando un tipo de interés que se fija mediante subasta. Y es el mercado (no una entidad financiera ni un organismo independiente, sino la suma individual de todos los agentes de una economía) quien da luz verde a ese endeudamiento, acudiendo o no la subasta y aceptando o no el precio de emisión de esa deuda.
En un entorno de tipos de interés al alza (ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal han anunciado que se haya alcanzado el máximo, a pesar de la ralentización de las subidas), la deuda pública tiene que competir con otras alternativas de inversión, de ahí que, con independencia de la fortaleza de la economía, el coste de la deuda para el Estado sea cada vez mayor. No estamos ante un problema de riesgo como en la crisis de 2011, donde la prima que pagaba España era superior a la de otros países, sino ante un problema de coste de oportunidad.
La deuda pública tiene que competir con otras alternativas de inversión
Y este incremento de intereses de la deuda, al igual que en tu caso y en el mío cuando sube el Euribor, se traduce en una mayor partida de gasto financiero en los respectivos presupuestos.
Pero de nuevo, hay una diferencia sustancial entre tú y yo, y el Estado. Debido a ese incremento de gasto, tú y yo tenemos menos renta disponible. También la tenemos porque la inflación hace que los bienes y servicios sean más caros (de ahí la caída del consumo de bienes y la moderación de la de servicios de las que nos alerta el FMI). El resultado, si no tenemos ahorros y no queremos o podemos acudir al endeudamiento, es que ajustaremos nuestros gastos a nuestros ingresos.
El Estado, sin embargo, e incluso a pesar de tener pagos que no dejan de incrementarse, como el de las pensiones, no suele ajustar sus gastos y prefiere, o bien incrementar sus ingresos vía impuestos (o cotizaciones) o bien acudir al mercado y emitir más deuda pública. Sin duda, el segundo mecanismo es preferible al primero, porque el coste político de subir impuestos lo asume el Gobierno actual, y el coste económico de los intereses y reembolso de la deuda lo asume un Gobierno futuro.
Y en un mercado con familias que quieren una rentabilidad segura para sus ahorros, con fondos de inversión que quieren un contrapeso para otras inversiones más arriesgadas, o para un sector bancario que puede descontar la deuda soberana en el Banco Central Europeo, el endeudamiento del Estado es sencillo, mucho más sencillo que analizar en detalle su Presupuesto y ver cómo puede recortar gastos, cómo optimizar su estructura para que sea más eficiente o cómo reformar sus Sistemas (Sanitario, Educativo, Territorial, de Pensiones…)
Quizá los Presupuestos Generales deberían parecerse más a los presupuestos particulares, y orientarse a optimizar el gasto en vez de usar el comodín de la financiación. Pero si ya nos parecía sorprendente ser una potencia mundial, que llegue un gobierno que se replantee todo y esté dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, parece sacado de un relato de ciencia-ficción.