Para empezar, observamos lo que el Gobierno llama un “escenario inercial” en cuanto a los ingresos fiscales. Esta es, quizá, la parte de riesgo más elevada para 2024 porque la tendencia de los últimos dos años en materia de recaudación ha sido fuertemente creciente gracias a la inflación, la subida de los tipos impositivos de algunos impuestos (IRPF, Sociedades y Cotizaciones Sociales, entre otros) y el crecimiento del número de contratos y cotizaciones solapadas. Entre 2019 y 2022 los ingresos totales subieron un 15,6% frente a un crecimiento del PIB nominal del 6,6%. De esta forma, la ratio de ingresos sobre PIB ha subido hasta el cierre de 2022 en 3,4 puntos alcanzando el 42,6%.

Conforme los incrementos de precios van moderándose (en términos de deflactor del PIB el Gobierno prevé pasar de un 5,9% en 2023 a un 3,6% en 2024) y la recaudación se está comportando en 2023 peor de lo esperado, no es posible sostener que los ingresos totales vayan a seguir una trayectoria similar a la de los años anteriores. Suponer que los ingresos totales aumentarán en una décima de PIB entre 2023 y 2024, o que la ratio de presión fiscal aumentará en cinco décimas alcanzando el 38,6%, es un ejercicio arriesgado con la evidencia más reciente.

A julio el conjunto de las AA.PP sin contar los entes locales ya había superado el 2% de déficit (2,17%) y existe el riesgo de encontrar desfases presupuestarios muy notables en las CC.AA. El propio Gobierno reconoce en el Plan Presupuestario que el déficit de cierre de 2023 de las autonomías será del doble del que preveía en la Actualización del Programa de Estabilidad remitida en abril a la Comisión Europea (del -0,3% previsto al -0,6%). La recaudación por IVA ha pasado en un año de crecer a doble dígito a estar estancada, y lo mismo sucede con los impuestos directos.

La esperanza de Hacienda es evidente con la recaudación de los nuevos gravámenes e impuestos, así como la recuperación de los impuestos sobre las facturas energéticas y alimentarias. Habrá que ver si esto justifica suficientemente un incremento de 0,5 puntos de PIB, unos 7.300 millones de euros, suponiendo todo lo demás creciendo al mismo ritmo que el PIB nominal (+5,6%).

La esperanza de Hacienda es evidente con la recaudación de los nuevos gravámenes e impuestos

Pero, al mismo tiempo, está considerar la presión creciente al alza sobre las tres principales partidas del gasto público, el cual bajo un presupuesto prorrogado supone confiar en una evolución suficientemente positiva de los ingresos para no tener que acudir a transferencias de créditos entre partidas y, en última instancia, financiar el gasto con más deuda. El Gobierno prevé reducir la ratio de gasto sobre PIB en ocho décimas hasta el 45% manteniendo prácticamente el peso del gasto en salarios públicos, transferencias (sobre todo, pensiones), inversión pública e intereses de la deuda, lo que equivale a que, al menos, estos gastos crecerán lo mismo que el PIB nominal.

Por el contrario, el Gobierno confía en una reducción de los gastos en ayudas para paliar la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania, pero manteniendo un nivel de gasto de 18.514 millones de euros en 2024. En total, según el Gobierno, el gasto público crecerá en 25.074 millones de euros, mientras que los ingresos crecerán en 35.774 millones. 10.000 millones es el margen de maniobra con el que juega el Gobierno, el cual no es demasiado difícil perderlo a poco que algunos de los supuestos utilizados en los cálculos fallen.

Hasta ahora, suponiendo que el escenario macroeconómico dibujado por el Gobierno se cumple, la evolución de los ingresos y gastos daría para cumplir por los pelos el objetivo de déficit del 3% que marca la recuperación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo. Sin embargo, poco se habla del problema a largo plazo que acarrea tener unas finanzas públicas en continuo déficit habiendo conseguido las mejores cifras de recaudación de la Historia. Si bien el Gobierno expresa su satisfacción en el Plan Presupuestario 2024 de reducir entre 2023 y 2024 ocho décimas de déficit estructural en términos de PIB, nada puede festejarse al respecto.

Según la última actualización de las Proyecciones Económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondientes a octubre, España tendrá en 2023 el mayor déficit estructural de la UE en términos de PIB potencial. Con suerte, en 2024 sería capaz de reducir un punto según esta estimación siempre y cuando el PIB potencial se comporte mucho mejor de lo estimado por la Comisión Europea en sus Previsiones de Primavera.

En resumidas cuentas, el Gobierno sale al juego del Plan Presupuestario “a empatar”. En parte porque no cree en los beneficios a largo plazo de una aceleración en el saneamiento de las cuentas públicas y en parte porque menor gasto público hoy supone dejar el PIB al borde de la recesión, y es algo que no interesa bajo ningún concepto.

***Javier Santacruz es economista e investigador del Instituto Español de Analistas.