No sé ustedes, pero, después de la investidura de esta semana, yo doy por hecho la amnistía. El pacto económico y político que va a permitir que se den ambas cosas constituye un asalto al Estado de Derecho y las consecuencias económicas van a ser importantes. Especialmente, porque Puigdemont va subiendo la apuesta día tras día. A la condonación de la deuda, las rodalíes y la cesión de tributos, hay que añadir, ahora, la exigencia de multar a aquellas empresas catalanas que tengan su sede en un lugar diferente que su centro operativo, para forzar que vuelvan las empresas catalanas que se exiliaron a raíz del golpe independentista.
No sé cuáles serán los plazos, pero, si quien estaba reclamando al portal justicia española tiene escolta policial en Waterloo, la amnistía será un hecho, en breve.
La duda es ¿habrá referéndum e independencia?
Porque, al menos desde el punto de vista económico, no les merece la pena.
La primera pregunta a responder es ¿está Puigdemont en condiciones de presidir Cataluña, llegado el momento? Porque no tiene tantos apoyos como pudiera parecer. Hay divisiones intestinas. Clara Ponsatí critica el pacto con el PSOE. Junqueras crítica que se amnistíen los delitos de corrupción, como el de Clara Ponsatí. ERC y Junts se han desvinculado de la propuesta de la CUP de impulsar ahora un referéndum independentista.
¿Será porque este no es el momento y hay que ir por pasos? ¿Preferirán esperar al 2024, dado que la ley de Amnistía, por más que tenga carácter urgente, no se aprobará hasta dentro de unos dos meses?
Desde el punto de vista económico, no les merece la pena
En todo caso, si en primavera del año que viene se convocara un referéndum, tendría que salir que sí a la independencia. No cabe otra opción. Y ya se ocuparán de ello. Entonces tendrían que estudiarse las condiciones de la independencia. Y aquí es donde quería llegar. Porque no termino de ver una Cataluña sin las subvenciones del Estado. Incluso condonando la deuda catalana, los bienes y servicios que ahora proceden del presupuesto nacional, dependerían del Gobierno catalán. Doy por hecho que intentarían independizarse perteneciendo a la Unión Europea, como un país de pleno derecho. Pero ¿qué pensarán de esa exigencia Ucrania, Montenegro, y los demás países que llevan en la sala de espera años?
La alternativa sería que aceptarán esa opción. ¿Qué requerimientos exige la Unión Europea para ser miembro? Básicamente dos: una economía de mercado y ser capaz de afrontar la competencia en la Unión Europea.
Más concretamente, la existencia de una economía de mercado que funcione correctamente, de acuerdo con la página de la UE, requiere “una gobernanza económica de alta calidad, estabilidad macroeconómica (incluida una adecuada estabilidad de precios, así como unas finanzas públicas y unas cuentas exteriores sostenibles), funcionamiento adecuado del mercado de bienes y servicios (incluido el entorno empresarial, la influencia del Estado en los mercados de productos y la privatización y reestructuración), buen funcionamiento del mercado financiero (incluida la estabilidad financiera y el acceso a la financiación), buen funcionamiento del mercado laboral”.
¿Finanzas públicas sostenibles cuando uno de las exigencias para apoyar la investidura es la condonación de la deuda con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica? No parece que se cumpla. También es verdad que Cataluña podría señalar al mismísimo Estado español, cuya deuda alcanza cifran astronómicas. Respecto al entorno empresarial, tampoco parece que sea muy adecuado cuando, como hemos apuntado, Puigdemont pretende forzar a las empresas a volver a Cataluña, y no precisamente con incentivos fiscales, sino por las malas, a base de multas.
Pero por si eso fuera poco, ser competitivo, de acuerdo con los cánones de la Unión Europea, implica “contar con una cantidad suficiente de capital humano, educación, investigación, innovación y futuros avances en este campo, cantidad y calidad suficientes de capital físico e infraestructuras, cambios en la estructura sectorial y empresarial de la economía, incluido el papel de las pymes, un grado y ritmo suficientes de integración económica con la Unión, y competitividad de precios”. Hay que recordar la escandalosa huída de empresas catalanas a otras regiones españolas donde el trato a las empresas es más amable.
Puigdemont pretende forzar a las empresas a volver a Cataluña, y no precisamente con incentivos fiscales, sino por las malas, a base de multas
De nuevo, tras las propuestas de la vicepresidente del Gobierno en funciones, que pretende sentar a representantes sindicales en los consejos de administración, por ley, tal vez España tendría problemas si tuviera que acceder a la Unión Europea desde cero.
Pero el caso es que ya estamos dentro.
No obstante todo lo dicho, imaginemos que Cataluña pretende, como Escocia, la independencia dentro de la Unión Europea. Por más que los partidos y el Gobierno escoceses proclamen que Escocia es un país europeo, lo cierto es que no lo es. Para que fuera cierto, primero tendría que negociarse la independencia, y después la entrada, incluso si se establece una vía rápida para ello. Los escoceses saben que son 35 capítulos de legislación de la UE los que hay que negociar, que abarcan cuatro grupos temáticos, además de los dos mencionados: aspectos fundamentales; agenda verde y conectividad sostenible; recursos, agricultura y cohesión; y relaciones exteriores. A lo largo de las negociaciones, el país candidato debe demostrar que puede trasladar cada capítulo a su legislación, política y prácticas nacionales, y cada grupo de capítulos requiere la aprobación unánime por separado de los Estados miembros.
No parece una tarea fácil, y creo que los políticos independentistas catalanes más sensatos lo saben.
Por eso, creo que Pedro Sánchez y Puigdemont han pactado que el referéndum se mencione en el acuerdo pero con la intención de posponerlo y dejar que sea la CUP y los más radicales los que sigan mordiendo ese hueso.
De esta manera, Cataluña, como región española, podría seguir extorsionando al Gobierno, que está dispuesto a todo para permanecer en el poder, a costa de la solidaridad entre regiones, la igualdad ante la ley y el Estado de derecho.
Con todas las asociaciones de jueces, fiscales y juristas, los trabajadores ferroviarios, los inspectores fiscales en contra, Pedro Sánchez va a pasar a la historia como el presidente cuyo narcisismo patológico puso su ambición por encima de los intereses de España.
