Nadia Calviño, mientras dure, ejecutará las directrices de Pedro Sánchez para venderlas bien en la Unión Europea; de donde se la trajo Sánchez para eso.

No es de esperar cambios en las líneas de la política económica en la XV legislatura. El equipo permanece y el presidente tiene un compromiso con Yolanda Díaz; firmado antes de la investidura. La política económica y la laboral son indisociables. En parte porque la política laboral incide en los costes del aparato productivo, pero también en el consumo.

La política económica de Pedro Sánchez - Yolanda Díaz pivota en tres principios:

a) Lo que mueve la economía es el consumo. Nacional y extranjero. Público y privado.

b) El consumo nacional se mueve por la transferencia de rentas desde los que producen a los que gastan.

c) Los que producen pueden recibir dinero desde Europa, siempre que lo devuelvan vía impuestos para que siga el consumo.

El Gobierno no va a hacer nada con el consumo exterior. Dejará a su inercia el turismo y la exportación, sin influir en su promoción; estima que dependen de una economía exterior en la que no puede influir.

El Gobierno no va a hacer nada con el consumo exterior

El Gobierno empujará el consumo interno. Primero al seguir manteniendo los casi 17 millones de personas que reciben mensualmente dinero de las Administraciones Públicas: 9 millones de jubilados (subiendo la pensión según el IPC), 3 de empleados públicos (con subidas de sueldos), 2 de prestación o subvención del desempleo, 2 o 3 de subvenciones varias (renta mínima vital, …) y el aumento del gasto público. 

La segunda medida, para que crezca el consumo interno, es la subida salarial. Los sindicatos (longa manu del Gobierno) presionarán al alza los salarios en los convenios sectoriales. Tanto por su pérdida de capacidad adquisitiva por la inflación, como porque en la reforma laboral del año 2021 el convenio sectorial prima sobre el de empresa. Además, el gobierno subirá el SMI (Salario mínimo interprofesional) que quiere alcanzar el 60% del salario medio. Si encima se reduce la jornada laboral, que es un aumento del salario, habrá más dinero para el consumo.

Todas estas medidas exigirán ingresos públicos. Impuestos o deuda. La deuda estaba barata hace dos años. Ahora al 4% de interés el bono a 10 años el “servicio de la deuda” es demasiado caro. Por tanto, habrá que sacar ingresos de los tributos. Además, la Comisión Europea ya avisó esta semana que hay que reducir el déficit del Reino de España.

La clase media verá aumentados sus impuestos. En el IRPF que, al no deflactarse los tramos con la inflación, aumentará su presión sobre los salarios. Las cuotas de la Seguridad Social igual. El IVA de alimentos seguirá reducido hasta julio; con una inflación tan alta, se pagará menos porcentaje de IVA sobre el precio, pero en valor absoluto el Estado seguirá recaudando mucho. 

El impuesto a las empresas subirá (¿un mínimo del 15%?), pero se trasladará a los precios, lo mismo que las subidas salariales, en una economía en la que por el aumento de la masa monetaria la demanda no cederá.

El IVA de alimentos seguirá reducido hasta julio; con una inflación tan alta

Hay sectores como la vivienda que verán una cierta contracción debido a que no hay oferta y la demanda con tipos de interés del 4% no crecerá. No habrá crédito para financiarla.

Por tanto: política económica de gasto e impuestos.

¿Dará la vaca suficiente leche para ello? El Gobierno espera que los fondos europeos financien el aparato productivo. Decenas de miles de millones de euros entrarán en la corriente monetaria y, a su vez, financiarán más el consumo interno. Si mejora el sistema productivo bien, pero lo importante para el Gobierno es que eso aumenta su influencia porque él es quién los “parte y reparte” y, como dice el refrán, “se lleva la mejor parte”.

¿Y cuando acaben estos fondos? ¡Dios dirá! La legislatura estará muy avanzada.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.