El fortalecimiento de nuestro Estado del Bienestar, ampliando prestaciones, principalmente relacionadas con la dependencia, conlleva inevitablemente la necesidad de más recursos. Por lo que la suficiencia en la financiación de las competencias autonómicas no está siempre garantizada. Además, tras la sucesión de crisis -financiera, pandémica y energética-, la demanda de servicios sociales y sanitarios se ha disparado, generando nuevas desigualdades sociales y territoriales. El sistema de 2009 se basa en parámetros que no necesariamente permiten un reparto equitativo de las consecuencias económicas de tales crisis entre los ciudadanos. Todo ello ha mermado tanto la suficiencia como la equidad del sistema de financiación autonómico.

En cuanto al otro objetivo, de corresponsabilidad fiscal, la mayoría de comunidades autónomas tan sólo han ejercido su autonomía y capacidad normativa fiscal para reducir o eliminar impuestos. El resto los han mantenido. La percepción es que, durante los 13 años de vigencia de sistema, hemos asistido a una cierta competencia fiscal a la baja. Al propio tiempo, para cubrir las mayores necesidades de gasto el conjunto de las comunidades autónomas ha más que cuadriplicado su deuda pública, que ha pasado de 74.497 millones de euros en 2008 a 327.346 millones en junio de 2023; esto es, del 6,7% del PIB en 2008 al 23,2% en 2023.

Todas las comunidades autónomas han aumentado su deuda de manera notable. 

Cuando se compara la evolución de la deuda pública de las distintas comunidades autónomas -según se muestra en el cuadro 1 y gráfico 1-, es posible extraer algunas conclusiones. Todas las regiones han aumentado su deuda de manera notable. Ante sus necesidades de financiación, en lugar de aumentar sus ingresos fiscales han optado por endeudarse.

Cuando se analiza el porcentaje que dicha deuda pública representa sobre el PIB de cada comunidad, se aprecian diferencias. En primero lugar, son las dos comunidades que tienen un régimen especial de financiación –País Vasco y Navarra-, las que presentan la menor ratio deuda pública sobre PIB: un 13%. En segundo lugar, existen grandes diferencias entre los aumentos de dicha deuda sobre PIB durante los últimos 13 años entre las distintas Comunidades Autónomas.

Evolución de la deuda pública de las CC.AA. (2008-2023) (en millones de euros).

Evolución de Deuda pública/PIBpm de las CC.AA. (2008-2023) (en %)

Resulta, por tanto, oportuno emprender una nueva reforma del modelo de financiación autonómica, para garantizar ambos objetivos de suficiencia de los recursos y corresponsabilidad fiscal. Ante la reivindicación de algunas comunidades como la Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía y Baleares, es crucial afinar, tras cuarenta años, cómo medir "nivel mínimo de prestación de servicios". Esto es, que cada región tenga una determinada ratio de médicos, maestros y asistentes sociales por habitante, o de hospitales, escuelas y geriátricos. Una mayor transparencia en estos indicadores ayudaría a valorar su funcionamiento y a establecer el grado de nivelación que quiere garantizarse.

Si se opta por una nivelación plena, se ha de asegurar a todas las comunidades la posibilidad de prestar el mismo nivel de todos los servicios de su competencia, para un mismo esfuerzo fiscal. Si se prefiere una nivelación parcial, se circunscribe solo a algunos servicios. Por último, se puede cubrir únicamente un porcentaje del gasto regional.

Por otra parte, es preciso abundar en mayor corresponsabilidad fiscal evitando el riesgo moral que puede darse cuando de manera irresponsable se incumplen reglas fiscales, no se usa la competencia normativa para elevar impuestos y al mismo tiempo, se apela al Gobierno central para condonar las deudas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o requerir mayores transferencias de recursos. La condonación de deudas debe ir asociada a cierto control sobre el gasto de las comunidades: en otro caso podría afectar a la sostenibilidad de la deuda de las regiones y tener consecuencias en el rating de los analistas. Por qué no establecer unas reglas fiscales similares a las que existen en la UE, en el ámbito de nuestras CCAA, condicionando nuevas inversiones y determinadas transferencias, al nivel de cumplimiento de las mismas.

Asimismo, debería existir cierta "armonización fiscal" que permita establecer unos tipos mínimos en los impuestos cedidos y así no se genere dumping fiscal entre Comunidades. Pero, sobre todo, a través de esta reforma urge reforzar la co-gobernanza entre las distintas Administraciones territoriales, desde el diálogo y la lealtad institucional, para pasar de la confrontación a la necesaria cooperación.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.