El hecho es que, por una parte, el sistema actual de prestación/subvención no incentiva la búsqueda de trabajo por parte del desempleado. Por la otra el SEPE no es el mejor canal para encontrar una ocupación remunerada.

En consecuencia tenemos un sistema de seguro de desempleo caro e ineficiente. Y no es cosa sólo de este Gobierno; es un tema que ninguno de los anteriores se ha atrevido a hincar el diente.

Así las cosas, los agentes sociales se reúnen con el Gobierno para debatir sobre el problema: que los parados tengan incentivos para recolocarse, a la vez que la prestación o subvención les permita una subsistencia digna.

Parece un nudo gordiano difícil de deshacer. Porque si las prestaciones suben, el incentivo para buscar trabajo disminuye. En particular si, como pasa en algunos casos, esas prestaciones pueden llegar a ser más altas que las de las alternativas laborales disponibles.

La solución es conceptualmente sencilla y difícil de llevar a la práctica. En Dinamarca, cuyo mercado laboral casi nunca sobrepasa el 5% de desempleo, lo llaman: Flexiseguridad.

El seguro de desempleo lo gestionan entidades privadas, concertadas con el Estado. Ese seguro es, en parte voluntario, muchas veces a través de esas entidades concertadas en combinación con los sindicatos. Un hecho que refuerza su presencia entre los trabajadores y su representatividad.

Si las prestaciones suben, el incentivo para buscar trabajo disminuye.

En la Flexiseguridad es prioritario el reciclaje. En Dinamarca los periodos de recepción de las prestaciones son más cortos que en España; pero los servicios daneses, estatales o privados, son mucho más ágiles. De hecho su principal misión es asegurar el encaje entre ofertas y demandas de trabajo.

Para ello los procesos de reconversión profesional son muy útiles. También las entidades concertadas de seguro de desempleo que, por la cuenta que les trae, están incentivadas para agilizar la recolocación. A más colocados menos prestaciones a pagar.

El sistema está inventado, bastaría con copiarlo. Sin embargo no es fácil: ¿Qué político anuncia una disminución del periodo de cobro de la prestación? ¿Que sindicato lo apoyaría? ¿Cómo reformar el SEPE para que de verdad sea una agencia de empleo y no de desempleo?

Ni con las mejores intenciones los agentes sociales y el Gobierno pueden defender alguna de estas propuestas sin que les caiga el sambenito de capitalistas antisociales. Una de todas las posibles medidas es la más polémica. Consiste es que un desempleado deje de percibir la prestación o el posterior subsidio si ha rechazado tres propuestas sucesivas de empleo ofrecidas por el SEPE.

En Dinamarca los periodos de recepción de las prestaciones son más cortos que en España.  

Para empezar no es fácil de aplicar porque: ¿Quién asegura que el empleo es adecuado al desempleado? ¿Cuales son las condiciones que debería tener ese puesto de trabajo para poder ser rechazado sin incurrir en la penalización? Por ejemplo, la distancia de lugar de trabajo o la dificultar de desplazarse a él respecto al domicilio del desempleado, sus condiciones familiares, su cualificación…

Una filtración de la Moncloa y el Ministerio de Trabajo asegura que el Gobierno quiere endurecer la percepción del subsidio (una vez acabada la prestación) a los mayores de 52 años, que reciben más del 62% del mismo. España es el país de la UE con más subsidiados por desempleo por encima de esa edad. ¿Quién se va atrever a poner esta medida en práctica cuando el problema del “edadismo”, discriminación por edad, es cada vez más intenso en España? Un problema que los sindicatos agravan cuando aceptan ERES en función de la edad.

No obstante todas estas incógnitas están recogidas en otros países. En particular en Dinamarca. ¿Deberían celebrarse las reuniones de los agentes sociales y el Gobierno en Copenhague con un relator danés? Al menos sería más provechoso para el país que las reuniones suizas con mediadores discutibles.