Ahora bien, la realidad se impone cuando, tras más de cuatro meses, toca gobernar no sólo en un escenario político, territorial y social extraordinariamente agitado, sino también en un contexto económico y geopolítico sumamente convulso e incierto.

Una pandemia, guerras, crisis energética, alimentaria y de suministros, una inflación galopante y unas hostiles condiciones financieras que han comportado una avalancha de dificultades para hogares, empresas e industria. En suma, una serie de elementos que han marcado el tablero de la gobernanza y han dibujado un entorno macroeconómico difícil y de gran incertidumbre en toda Europa. Coyuntura con la que habrá que seguir capeando y a la que, además, se suman problemas históricos y reformas estructurales cada vez más acuciantes.

Todo ello en un entorno de desaceleración, tanto internacional como nacional, cada vez más evidente: aunque España ha liderado este año el crecimiento de la Eurozona, lo cierto es que la OCDE ya rebaja al 1,4% su previsión de crecimiento para 2024, con un número significativo de países en recesión técnica.

Educación y mercado laboral

Pese a que España logra mantener el pulso del mercado laboral, conviene recordar que nuestro país cuenta todavía a día de hoy con cerca de tres millones de desempleados, según el Instituto Nacional de Estadística, y lo que es aún más dramático: 1,13 millones de parados son de larga duración. Además, España es el país con más paro juvenil del bloque comunitario y de la OCDE (por encima del 27%) y, como tal, suma diez de las veinte áreas metropolitanas con más desempleo entre los menores de 25 años en toda la Unión Europea (UE), de acuerdo con los datos publicados por Eurostat.

A este respecto, la mediocre política educativa ejercida hasta la fecha por parte de nuestros gobernantes, con ocho leyes educativas sancionadas en apenas 40 años de democracia, lejos de ayudar a construir un proyecto de país con talento innovador, sólo pone palos en las ruedas. Urge abandonar la concepción de la educación y la formación como una moneda de cambio a través de la que imponer la impronta y el rodillo ideológico tras cada ciclo electoral y entender que, si no se adopta una hoja de ruta conjunta, con verdadera visión de país, España se verá abocada a grandes problemas de desempleo estructurales hasta el punto de llegar a la irrelevancia: no sólo en Europa, sino también en el mundo.

Por no hablar del drama de las vacantes (cerca de los 150.000 empleos, cifra récord en España desde 2013), mientras el 77% de las empresas de la UE señalan dificultades para encontrar trabajadores con las cualificaciones necesarias, según la Comisión Europea. Y sólo el 54% de los europeos de entre 16 y 74 años tiene, al menos, habilidades digitales básicas. Formación continua, colaboración público-privada y una alianza más estrecha entre centros educativos y empresas son algunos pilares clave.

Sostenibilidad del sistema de pensiones

El acuerdo del Gobierno de coalición incide en seguir actualizando las pensiones conforme al IPC (las contributivas subirán un 3,8% en 2024), una medida profundamente regresiva e injusta intergeneracionalmente; mientras la pensión media ha aumentado un 40% desde 2008, los ingresos de los jóvenes han subido apenas un 10% en 14 años.

Además, cabe recordar que más de un tercio del gasto de los últimos PGE se destinó exclusivamente para pagar pensiones, algo insostenible y que, aunque especialmente incómodo para las fuerzas políticas por el alto coste electoral que comporta, urge abordar. Atajarlo por la vía de la subida de las cotizaciones sociales, como hizo el Gobierno hace un par de años, no es idóneo ni suficiente.

Estabilidad fiscal

La gran prioridad pendiente sigue siendo la existencia de un plan de consolidación fiscal que permita sanear las cuentas; con una deuda pública en torno al 111% sobre el PIB, muy por encima del objetivo comunitario del 60%. Asimismo, el déficit también presenta un reto mayúsculo, pues con unos niveles de crecimiento tan bajos (apenas un 0,3% en el tercer trimestre), las correcciones no podrán derivarse exclusivamente del alza recaudatoria como consecuencia de la inflación, sino que tendrán que venir necesariamente acompañadas por un mayor equilibrio de ingresos y gastos.

Conviene priorizar pues inversiones estratégicas y arrinconar el dispendio del gasto público para sostener el escudo ideológico.

Todo ello en un momento en el que la reactivación de las reglas fiscales europeas para 2024 parece inminente, y el Gobierno no tiene un plan, y lo que es peor: tampoco escucha a organismos independientes y autorizados en esta materia, tales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España.

En este sentido, el Círculo de Empresarios ha abogado (con acierto) en su reciente toma de posición “UE y déficits fiscales” por una gobernanza reforzada  con procedimiento sancionador efectivo, así como por una fuerte institución fiscal independiente europea que rinda cuentas al Parlamento Europeo.


Financiación autonómica, transición energética y digital, acceso a la vivienda, transformación del modelo productivo... la lista de retos es larga y la realidad es que el recién nacido Gobierno, pese al inflamado cacareo de la mayoría absoluta de la investidura, afronta la legislatura con una extrema fragilidad parlamentaria, marcada por fuertes hipotecas territoriales y su inminente reconfiguración por la salida (plausible) de Nadia Calviño hacia la Presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Esa situación dejaría cuestiones sumamente complejas y sensibles, como la tan debatida reforma del subsidio por desempleo, sin contestación interna dentro del Gobierno. España, una vez más, en el aire.

*** Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.