La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, saldrá del Gobierno próximamente dejando una economía nacional que ni lidera la llegada de fondos, donde Italia nos ha superado; ni el avance de las inversiones, con una implementación del 10% sobre el total previsto; ni las reformas tienen la ambición necesaria ni el carácter estructural para incrementar nuestro potencial de crecimiento a largo plazo.

Sin analizar estos aspectos, no se pueden comprender los desafíos actuales. La incorporación de los fondos en forma de préstamos procedentes de la Adenda acentuará el atasco actual en el proceso de ejecución diseñado por el equipo económico de Pedro Sánchez. La prevalencia de lo público sobre lo privado, en el espíritu y en la práctica del plan, se ha visto confirmada por la tardía publicación del listado de los 100 mayores beneficiarios finales. Gracias a ella, se ha constatado una limitada de la participación del conjunto del tejido productivo y su capacidad para impulsar la inversión empresarial.

La desconexión entre los objetivos del Gobierno y las necesidades reales del tejido productivo español es evidente.

La falta de cogobernanza real y efectiva entre el Gobierno central y las comunidades autónomas ha sido un obstáculo constante durante estos tres años. Es incomprensible la obstinación del Gobierno en la negativa a compartir y hacer partícipes a las administraciones regionales en el diseño de los proyectos e inversiones a financiar por los fondos europeos. Esta situación ha frenado la ejecución y una distribución eficiente de los fondos.

Hasta las elecciones autonómicas de mayo, los gobiernos autonómicos socialistas transigieron con docilidad con las imposiciones de Moncloa, protestando exclusivamente en privado, pero tras el proceso electoral, esta situación se ha tornado en tensión. Las catorce comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han plantado, denunciando las amenazas del Gobierno y la imposición de unos procedimientos que hacen prácticamente inalcanzables los objetivos que se les traslada en las Conferencias Sectoriales, donde se territorializan los fondos.

Además, la desconexión entre los objetivos del Gobierno y las necesidades reales del tejido productivo español es tan evidente que no pueden causar sorpresa los datos que periódicamente publica la Intervención General de la Administración del Estado sobre los avances en la ejecución presupuestaria, en donde se hace patente una preocupante incapacidad en la gestión.

Ejecución MRR octubre.

A 31 de octubre, sólo se han liberado pagos por 7.311 millones de los 35.935 millones presupuestados para 2023, un 20,35%. Este importe no implica que los fondos para este año se hayan distribuido entre los beneficiarios finales, sino que se encuentran en proceso de llegar hasta ellos a través de la maraña burocrática en la que el Gobierno ha convertido la gestión de estos fondos extraordinarios que la Comisión Europea ha puesto a nuestra disposición.

Comparación de octubre.

Si se compara con el ejercicio 2022, el retraso es evidente en todas las fases de la ejecución presupuestaria. Se está produciendo un "efecto bola de nieve" donde se arrastran fondos sin ejecutar de un ejercicio a otro y, por tanto, se difiere el impacto esperado sobre el PIB de un año a otro posterior. Del crecimiento esperado del 2,5% del PIB en 2023, tan sólo 0,5 puntos se explicarán por los fondos europeos.

La inversión, medida por la formación bruta de capital fijo, se encuentra un 2% por debajo de los niveles del cuarto trimestre de 2019 debido, principalmente, a dos factores. En primer lugar, por un diseño erróneo del plan español que no ha seleccionado las mejores inversiones, ni por su carácter aditivo ni por su impulso transformador y, además, no se están utilizando los instrumentos más óptimos para agilizar la llegada de los fondos a las empresas, renunciando incomprensiblemente a la efectividad de los incentivos fiscales para distribuir los fondos entre las pymes.

La transparencia resulta esencial para garantizar el uso eficiente y justo de los fondos.

En segundo lugar, por la priorización de asignaciones de los fondos hacia lo público en detrimento de lo privado. Esta preferencia, que se deducía de las inversiones establecidas en cada uno de los componentes del plan, se ha desvelado con toda crudeza al conocer tarde y mal el listado de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos.

Que el 61% de estos pertenezcan al sector público y que además reciban el 85% de los 5.112 millones de euros distribuidos entre los 100 principales beneficiarios finales limita significativamente el impulso al sector privado, a sus procesos de inversión, a la innovación y al crecimiento económico a largo plazo. Se está perdiendo una valiosa oportunidad para fomentar una recuperación económica más eficiente y diversificada.

No es de extrañar, por tanto, la ausencia de transparencia y la falta de responsabilidad. La transparencia no es un concepto abstracto, al contrario, resulta esencial para garantizar el uso eficiente y justo de los fondos del Mecanismo de Recuperación. La falta de información detallada y precisa impide realizar evaluaciones rigurosas a los economistas, instituciones privadas y a los organismos públicos encargados de medir el impacto del plan.

El Gobierno señaló a las entidades financieras como enemigas, en lugar de convertirlas en colaboradores esenciales.

A pesar de todo lo expuesto, surge una esperanza con la llegada de los fondos procedentes de la Adenda en forma de préstamo. No porque se utilice al Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) o la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), entre otros, para poder estirar la ejecución más allá de 2026 y esconder el incumplimiento de los plazos comprometidos, sino por la participación del sector financiero en su distribución.

El Gobierno señaló a las entidades financieras como enemigas, en lugar de convertirlas en colaboradores esenciales, y su falta de participación en la parte inicial del plan ha sido una omisión notable. En la nueva fase, participarán agilizando los fondos, pero, sobre todo, y lo que es más importante, facilitando una asignación eficiente de los recursos hacia los proyectos más viables, rentables, sostenibles y con mayor capacidad para impulsar el crecimiento, gracias a su conocimiento del tejido empresarial nacional y su evaluación de riesgos.

Mejorar la colaboración con las comunidades autónomas, atender las necesidades del tejido productivo, asegurar la transparencia en la asignación y el uso de los fondos, y fomentar una mayor participación del sector privado y financiero son pasos esenciales para alcanzar una gestión más eficaz. Aún se puede redirigir el rumbo hacia una recuperación económica que compatibilice el impulso de la inversión con la necesidad de reducir del déficit y la deuda pública, reconduciendo los desequilibrios de nuestra economía en un contexto de regreso de las reglas fiscales. Es un compromiso que el Gobierno no puede olvidar.

***Santiago Sánchez López es economista.