En 2020, 2021, 2022 y 2023 la política presupuestaria del Gobierno no estuvo condicionada ni por las reglas fiscales de la eurozona ni por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Durante ese período, el Ejecutivo social comunista ha tenido barra libre para embarcase en una expansión del gasto público inédita.

Tras esos cuatro años orgiásticos, el Consejo de Ministros se ha visto obligado a aprobar el pasado 12 de diciembre un Plan de Reequilibrio de las finanzas públicas para corregir el déficit estructural generado durante el último cuatrienio. Ese texto cabe ser definido con dos palabras: papel mojado.

Como ha señalado la Airef, ese plan no se ajusta al contenido de la LOEPSF y se limita a proyectar con modificaciones irrelevantes la senda fiscal-presupuestaria establecida en la actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 y en el proyecto de Presupuestos para 2024, que vuelve a situar el aumento del gasto público en máximos históricos en un contexto de desaceleración de la economía y de caída de la recaudación.

En otras palabras, la estrategia gubernamental se asienta sobre unos supuestos increíbles que no sólo incumplen la ley, restricción irrelevante y habitual para el Gobierno, sino hacen abstracción absoluta de la negativa evolución de la economía española e ignoran las obligaciones que impondrá a España la restauración de los objetivo de déficit-deuda en la zona euro el año próximo.

Ante este panorama, la Airef considera imposible la reducción del déficit público hasta el 2,5% del PIB en 2026 proyectado por la coalición social comunista y prevé su estabilización en torno al 3,2% del PIB.

La Airef considera imposible la reducción del déficit público hasta el 2,5% del PIB en 2026

Sin embargo, esta visión, siendo negativa, es muy optimista en tanto da por descontada la supresión de las medidas temporales introducidas por el gabinete para paliar los efectos del aumento de los precios de la energía y de la inflación a raíz de la guerra ruso-ucraniana, cuyo coste asciende a unos 15.000 millones de euros e ignora los compromisos de gasto acordados por el PSOE y Sumar para la presente legislatura, alrededor de 100.000 millones adicionales de gasto público.

Desde esa perspectiva es relevante analizar cuál sería la trayectoria del binomio déficit-deuda en el supuesto de que, como parece, se prolonguen las ayudas anticrisis energética-inflación y se cumplan los acuerdos cerrados por la coalición social comunista.

En este caso, si se acude a las previsiones de crecimiento de la Airef, del Banco de España y del FMI, el déficit de las Administraciones Públicas se situaría en el 6,2% del PIB en 2027 y la ratio deuda/PIB en el 110,5%. Este sería el impacto presupuestario o, para ser precisos, el coste de los pactos de investidura.

Si el endeudamiento de las cuentas públicas españolas era insostenible sin un ajuste sustancial, 0,65% anual del PIB, antes de los acuerdos realizados para investir al señor Sánchez, los compromisos de gasto pactados las colocan en una situación explosiva.

Esto no tiene comparación posible con lo acaecido en ninguna economía de la OCDE, de la UE o de la eurozona. El BCE, en su reciente informe sobre la Estabilidad Financiera en el área del euro situaba a España entre las cinco economías con mayores probabilidades de sufrir una crisis de deuda. Ahora bien, esa dramática clasificación no incluía lo que se comenta, que acentúa de manera clara esa amenaza de colapso financiero de las Administraciones Públicas en el horizonte del medio plazo.

El Gobierno está en una permanente fuga hacia adelante y ello terminará mal. Es irresponsable impulsar el aumento del gasto público con unos niveles de déficit y de deuda como los existentes, con un ritmo de incremento del PIB en declive, con una marcada tendencia a la baja de la recaudación tributaria y en la antesala de la restauración de las reglas fiscales en la Unión Monetaria.

El Gobierno está en una permanente fuga hacia adelante y ello terminará mal

Esto es aún más grave dada la existencia de un déficit estructural en los contornos del 4% del PIB y de un encarecimiento de la deuda por la subida de los tipos de interés.

Y esa situación no puede mejorar, sino empeorar si se suben los impuestos existentes, se crean otros nuevos y se mantienen los introducidos de manera “temporal”. Esto es suicida cuando la economía están en fase de desaceleración y cuando el efecto depresivo del alza de las tasas de interés, que aún no se ha materializado en su totalidad, golpea la maltrecha renta de las familias y eleva los costes financieros de las empresas.

Por añadidura, como se mostró aquí la semana pasada, es demagógico insistir en gravar más a los “ricos”, cuya capacidad de aportar ingresos para cubrir la brutal escalada del gasto es marginal, por no decir inexistente.

¿Qué decir? Quizá la Comisión Europea intente hacer la “vista gorda” o dar tiempo al Gobierno. Nadie lo sabe dada la pésima gobernanza de ese organismo y su lacerante complicidad con la irresponsabilidad del ejecutivo español. Pero, si no le obliga a hacer los deberes, terminarán haciéndolo los mercados y, a nadie ha de caberle duda, estos forzarán un ajuste mucho más duro porque ya no se creen nada de este Ejecutivo y, por tanto, como Santo Tomás: “Exigirán ver para creer”.