Esta empresa había sido fundada durante la dictadura de Primo de Rivera como filial de ITT, en régimen de monopolio, y Franco decidió adquirir casi el 80% de las acciones. En total, el Gobierno tenía que abonar a ITT 637 millones de pesetas de entonces, pagaderas en dólares. En el mismo decreto-ley, Franco autorizaba la emisión de deuda, y las exenciones fiscales correspondientes a favor de ITT, por el importe de la venta, los intereses de los créditos... con carácter presente y futuro.

La explicación del comentario de Paco Jariego es la repentina compra del 10% de las acciones de Telefónica por parte del Gobierno, con el dinero de todos los españoles.

Como todo el mundo que haya estudiado historia económica de España sabe, la política franquista se caracterizó por nacionalizar los sectores estratégicos y atar corto a los que no estaban nacionalizados, como la banca. El Instituto Nacional de Industria (INI), creado en 1941 por Juan Antonio Suanzes a imagen y semejanza del Instituto para la Reconstrucción Industrial (IRI) del fascismo italiano, se mantuvo vivo hasta hace bien poco, en concreto, en 1995, cuando fue sustituido por la SEPI.

Entre sus principios fundacionales se puede leer que su finalidad era "propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica".

La política franquista se caracterizó por nacionalizar los sectores estratégicos y atar corto a los que no estaban nacionalizados.

No obstante, Telefónica nunca perteneció al INI. Era aún peor. Era un monopolio estatal, sin más. Si dejamos de lado la mención a la autarquía, porque sin los fondos y el mercado europeo volveríamos a ser África, el espíritu de entonces expresado en ese artículo es muy similar al de ahora.

"Estado emprendedor y con visión estratégica. Defensa de la soberanía y del bien común". Así celebraba Íñigo Errejón la noticia de la compra de acciones de Telefónica. Y añadía: "¡Es por aquí!".

Es verdad que en la primavera de 2020, la Unión Europea abrió la mano a que los Estados miembros ayudaran, temporalmente y con mucha precaución, a empresa afectadas por la crisis originada por la pandemia que pudieran arrastrar a otras muchas, poniendo en peligro un sector de la economía. Temporalmente. Y, una vez pasado el apuro, esas empresas deberían volver a competir por sí mismas en el mercado.

¿Por qué? Para no distorsionar el juego del mercado europeo. Recordemos que la libre competencia, con sus excepciones y, en ocasiones, excesos regulatorios, es la norma en la Unión Europea. Tanto es así que Felipe González, el primer presidente socialista, se vio obligado, por mandato europeo, a iniciar un proceso de "liberalización" de antiguos monopolios estatales. Y va entrecomillado porque, en algunos casos, fue una concesión a dedo a personas afines al partido en el poder, una práctica que se ha convertido en una tradición consolidada en el ámbito político, junto con la famosa "puerta giratoria".

Lo que nos demuestra el ejemplo de los monopolios estatales es que acaban arruinando la competitividad.

La idea de que el Estado puede emprender es una falacia alimentada por los gurús estatistas del siglo XXI, como Mariana Mazzucato, y desmontado ampliamente por académicos como los profesores Alberto Mingardi y Deirdre McCloskey, quienes no hace mucho publicaban su libro El mito del Estado emprendedor, conocido como "el anti-Mazzucato".

En él, además de refutar uno a uno los argumentos a favor del Estado como emprendedor, especialmente en empresas tecnológicas y en innovación, Mingardi y McCloskey explican que la tesis de Mazzucato se basa en supuestos irreales, y quiero destacar uno de ellos: el Estado es perfectamente sabio y competente, y puede fácilmente persuadir a los niños/ciudadanos, y corregir las ubicuas y vergonzosas imperfecciones de los mercados, tales como la inversión excesivamente cautelosa y la innovación sin rumbo.

Efectivamente, es completamente irreal y así lo demuestra la historia: ningún Estado tiene ese súper poder. Lo que nos demuestra el ejemplo del INI, Telefónica y los monopolios estatales es que, al final, acaban arruinando la competitividad del bien o servicio provisto, y se convierten en verdaderos agujeros negros que absorben cantidades ingentes de recursos públicos. Siempre pierde el bolsillo del ciudadano. Pero recuerden: es la visión estratégica del Gobierno, que decía Errejón.

Muchos economistas reclamamos que el Gobierno tome las medidas necesarias para que España sea energéticamente independiente.

Una estrategia que hasta ahora ha llevado a empeorar la situación financiera de las familias y a ir a la cola de Europa en varios indicadores relevantes. El de esta mañana ha sido la caída de la inversión extranjera (sin Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros), que ha bajado de enero a septiembre un 23% respecto a los primeros nueve meses del año pasado. Ojalá fuera porque es sustituida por capital español, pero no es así. Y alguien puede pensar que el Gobierno es un inversor más y la inversión en Telefónica es realmente inversión. No es así. No hay inversión sin "skin in the game", que diría Nassim Taleb.

El Gobierno de Sánchez no está creando valor, sino deuda. Pero centrémonos en las razones que se han esgrimido para que el Gobierno haya tomado esa decisión: es que una empresa "estratégica" como Telefónica va a estar en manos extranjeras. ¿Estamos en riesgo de que nos "invadan" empresas extranjeras y nuestras empresas más relevantes estén en sus manos? No. Ya hay una regulación que lo impide.

Pero voy más allá. Desde hace décadas, muchos economistas reclamamos que el Gobierno tome las medidas necesarias para que España sea energéticamente independiente. ¿Hay un sector más estratégico que ese? Todos los consejos, como invertir en energía nuclear, han sido en vano, como lo demuestra la delicada situación de nuestra economía el año pasado. No hay mejor política industrial que promover la competencia, precisamente en sectores estratégicos. El resultado de las políticas intervencionistas y desarrollistas franquistas debería servir de contraejemplo a nuestro Gobierno.