Aunque únicamente fuera porque el BEI resulta ser una de las mayores firmas prestamistas del planeta, al punto de que su cartera de créditos vivos a fecha de hoy suma 437.382 millones de euros, más o menos un tercio del PIB anual de España.

Por lo demás, su mecánica de funcionamiento rutinario se antoja bastante convencional. El 90% de sus préstamos los destina a la financiación de empresas y entes públicos con domicilio en territorio de la Unión Europea, mientras que el restante 10% de los recursos se emplean en operaciones con el resto del mundo.

Y tampoco los objetivos expresos que sus estatutos ordenan para la actividad práctica resultan ajenos en nada a lo previsible. Así, el mandato remite a facilitar recursos de modo prioritario a los proyectos de inversión asociados a la innovación tecnológica, la conservación del medio ambiente, las infraestructuras en general y, en fin, el fomento de las pequeñas y medianas empresas.

Todo, como se ve, muy normal y convencional. Tan normal y convencional como la propia existencia de un banco público de esas características en el ámbito de la Unión Europea, algo que no es objeto de debate ni de polémica alguna, en la medida en que el común percibe pertinente su razón de ser. Porque la existencia de la banca de propiedad estatal remite a algo que forma parte del paisaje cotidiano en la gran mayoría de los países de Europa, con la significativa excepción de España, que constituye un caso singularmente atípico en su entorno.

La existencia de la banca de propiedad estatal remite a algo que forma parte del paisaje cotidiano en la gran mayoría de los países de Europa

Pues otro sobreentendido errado que también convendría ir dejando a un lado es ese que asigna un papel muy minoritario y testimonial a los bancos públicos en Europa. Y es que nada que ver con la realidad.

Bien al contrario, las entidades financieras estatales, lejos de representar un papel menor e irrelevante en la actividad económica, poseen un peso notable en los países centrales de Europa. Contra lo que ordena el lugar común aquí dominante, pues, España es quien constituye el caso atípico dentro de la Unión por el raquitismo manifiesto del Instituto de Crédito Oficial, su pequeño sucedáneo de una banca oficial; un organismo tan minúsculo y raquítico que incluso se ve obligado a recurrir a la infraestructura material de los bancos privados para poder llevar a cabo su operativa, dado el reducido número de sus instalaciones físicas. Nada que ver, como se ha apuntado, con lo que ocurre al otro lado de los Pirineos.

Así, Alemania cuenta ahora mismo con una amplia red pública de entidades regionales de crédito integrada por 32 bancos que, en conjunto, alcanzan una cuota de mercado sobre el total federal del 24%. En Suiza, a su vez, hay 24 bancos propiedad de los cantones que suman una plantilla conjunta de 19.000 empleados. En Francia, entre otras compañías crediticias menores también de propiedad estatal, destacan la Caja de Depósitos y el Banco Postal, este último fundado en 2006 como extensión de la compañía de correos del Estado y poseedor de una cartera de clientes integrada por unos 10 millones de ciudadanos particulares.

La otra gran compañía financiera pública gala, la mentada Caja de Depósitos, entidad que compite en el mercado en plano de igualdad con los bancos privados, posee la mitad del capital social (la otra mitad corresponde al Estado) de la Banca Pública de Inversión, empresa orientada al fortalecimiento de la capacidad exportadora e innovadora de las compañías francesas y cuyo capital social asciende a algo más de 21 mil millones de euros.

Por su parte, Italia cuenta también con su propio Banco Postal, que se une a la Caja de Depósitos y Préstamos, esta última con un volumen de activos por encima de los 340 mil millones de euros.

Las entidades financieras estatales, lejos de representar un papel menor en la actividad económica, poseen un peso notable en los países de Europa

Un tercer actor institucional en el mercado de crédito transalpino es el Fondo Estratégico Italiano, fondo soberano orientado a aportar capital a las compañías italianas que quieran emprender procesos de internacionalización de sus actividades. Está dotado con 4 mil millones de euros. En los Países Bajos, en fin, el Estado posee la propiedad del cuarto banco del país por tamaño, el Nederlanse Gemeenten.

En otro orden de consideraciones, procede no caer en el error conceptual de establecer analogías miméticas entre la legión de difuntas cajas de ahorros españolas quebradas tras la burbuja, aquellos híbridos amorfos y desprovistos de la necesaria estructura accionarial que permitiese un mínimo control efectivo sobre la labor de los gestores, con la genuina banca pública que se estila en Europa.

De ahí, tan acusado, el contraste entre el triste destino final de multitud de cajas españolas y los resultados en los sucesivos test europeos de estrés, siempre óptimos, obtenidos por los bancos públicos del continente. La presencia pública en la actividad financiera tiene sentido de un modo muy acusado en Europa por cierto rasgo específico de su operativa empresarial cotidiana, el de la elevada bancarización, que no se observa ni en Estados Unidos ni en Japón.

Un rasgo estructural que se traduce de modo sistemático en menores tasas de crecimiento tras las crisis, como ocurrió después de la Gran Recesión de 2008, toda vez que la banca tiende a operar siempre de un modo procíclico (expande el crédito sin límite durante los auges y lo contrae al máximo en las recesiones). Algo que no ocurre con idéntica intensidad en otros entornos con canales de acceso a la financiación empresarial mucho más diversificados. ¿Hasta cuándo el tabú?

*** José García Domínguez es economista.