El triunfalismo exhibido por el Gobierno requiere de unas dosis de realismo. Es imperativo trasladarlo de su multiverso imaginario al plano espacio – tiempo donde las empresas españolas luchan por competir y ser rentables, pese a las trabas y zancadillas que el Gobierno más intervencionista de nuestra historia democrática les introduce cada día.

Los fondos europeos podían haber supuesto un gran apoyo; sin embargo, según el IV Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, tan sólo el 13,64% de las empresas de nuestro país han recibido estas ayudas; en el caso de las pymes, para favorecer su digitalización.

La falta de liderazgo y la incapacidad para gestionar la mayor oportunidad que ha tenido España para transformar su tejido productivo, explican por qué los grandes proyectos estratégicos apenas han despegado. En su informe, el Gobierno detalla que se han “comprometido” 9.350 millones de euros de los más de 41.000 millones de inversión pública aprobados para los PERTE. Los fondos realmente ejecutados y pagados son un misterio.

Los problemas en las convocatorias del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado son un claro ejemplo de fracaso continuado. La primera convocatoria solo adjudicó el 25% del presupuesto; y en la segunda, cerrada recientemente, quedaron fondos sin adjudicar que se utilizarán en una tercera convocatoria para la industria de la automoción que nunca debería haber existido si se hubieran atendido las necesidades reales del sector desde el principio.

Los fondos realmente ejecutados y pagados son un misterio

Es tan escandalosa la incapacidad que ha mostrado el Gobierno, que en el Real Decreto Ley aprobado en el último Consejo de Ministros se ha incluido una Disposición Adicional para ampliar los plazos de ejecución del PERTE VEC hasta un máximo de 30 meses sobre la fecha límite establecida en las resoluciones de las ayudas.

Cuando se presume de que los fondos han financiado 600.000 proyectos, se omite que casi 310.000 son bonos digitales, en su mayoría para creación y renovación de páginas web o gestión de redes sociales. Aquí se concentra la mayor participación de las pymes españolas. ¿De verdad considera el Gobierno que es un dato para presumir? Hasta los marketplaces digitales promovidos por Ayuntamientos para competir con las grandes compañías logísticas están fracasando, incapaces de entender la importancia y el valor que proporciona el dato, lo que realmente hace rentable estos modelos de negocio.

La falta de transparencia gubernamental y su opacidad a la hora de informar sobre la ejecución real de los fondos, es un déficit que no se ha corregido en estos tres años y que el Tribunal de Cuentas ha denunciado en su último informe. La herramienta de control (CoFFEE) sigue presentando problemas de integración y operatividad y el Gobierno está evitando mostrar unos datos de ejecución real de los fondos que son realmente pobres.

El Gobierno está evitando mostrar unos datos de ejecución real de los fondos que son realmente pobres

Calviño se ha marchado sin haber alcanzado la velocidad de crucero, por más veces que lo haya repetido, ni logrando el despliegue máximo del plan. Al contrario, las expresiones más definitorias de la ejecución serían los cuellos de botella provocados por una gestión deficiente y la generación de un efecto bola de nieve de fondos sin ejecutar, que se trasladan de un ejercicio a otro, dilatando el impacto sobre el PIB.

“Dato mata relato” y por más que el Gobierno se esfuerce con la propaganda habitual, es imposible esconder la escasa ejecución. Entre 2021 y 2022, los Presupuestos Generales del Estado incluían 51.000 millones de euros de fondos europeos, pero según la Comisión Europea e instituciones privadas como Standard&Poors, sabemos que el gasto real en los dos primeros años alcanzó 7.600 millones de euros, tan sólo el 14,8% de lo presupuestado.

La Intervención General de la Administración del Estado, dejó de informar sobre la ejecución real en agosto de 2021. Con los datos proporcionados en sus informes mensuales, los pagos realizados a 30 de noviembre ascienden a 8.798 millones de euros, tan solo el 24,48% del total de los créditos definitivos presupuestados para 2023. El año pasado por estas mismas fechas era cuatro puntos y medio superior, un 28,9%.

IGAE

El Gobierno prefiere comparar estas cifras con los 37.000 millones desembolsados por Bruselas, pero es necesario no equivocar los términos. La ejecución va ligada al presupuesto que se prevé realizar cada año, independientemente de cuándo llegan los desembolsos tras cumplir los hitos y objetivos correspondientes.

La participación del sector público es la que está centralizando, en importe y relevancia, la captación de estos fondos, desde una concepción ideológica de marcado carácter intervencionista que impregnaban, tanto el Plan de Recuperación, como la Adenda recientemente aprobada. Cuando el sector público capitaliza el 85% de los fondos repartidos entre los 100 mayores beneficiarios del programa Next Generation, algo no estamos haciendo bien.

Por eso la inversión, medida por la Formación Bruta de Capital Fijo, se encuentra un 2,9% por debajo de los niveles pre pandemia mientras el consumo público se eleva un 10% por encima de sus cifras del cuarto trimestre de 2019.

Entonces, ¿se puede presumir, al menos, de Cogobernanza? La Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, creada para coordinar la ejecución con las CCAA no se reúne desde agosto de 2021. Dos años y medio después, el Tribunal de Cuentas no ha podido disponer del acta de esa reunión, tal y como señala en su informe de fiscalización, al no existir una reunión posterior donde se apruebe.

El presidente del Gobierno ha reiterado en diversas ocasiones que las CCAA gestionarían el 50% de los fondos. De los 70.000 millones de euros del bloque de ayudas, tan solo se han territorializado 26.100 millones en estos tres años, un 37,14% del total de los fondos no reembolsables contemplados en el plan. Además, los importes transferidos a las CCAA sirven para financiar inversiones decididas por el Gobierno, bajo los criterios unilaterales de los ministerios y sin flexibilidad para adaptarlas a las necesidades de las regiones y de su tejido productivo. Así se reducen las posibilidades de éxito del plan de recuperación.

Quedan tres años más y nuevos fondos en forma de préstamos por gestionar. Se puede corregir el rumbo, pero la experiencia no invita al optimismo y la deriva autocrática del Sánchez, tampoco.

*** Santiago Sánchez López es economista.