Los problemas en la industria tampoco se solucionan con el agnóstico peregrinar de la Ministra de Trabajo a Roma. Algo habríamos avanzado si estos gestos sirvieran para sustituir su asfixiante regulación laboral por la aplicación de las enseñanzas de San Francisco de Asís a la política industrial, comenzando por hacer lo necesario, luego lo que es posible y así ahora, estaríamos haciendo lo impensable para fomentar la industria de España.

Lamentablemente, enfrentamos un preocupante proceso de desindustrialización caracterizado por una triple pérdida: pérdida de peso de la política industrial en la agenda gubernamental; pérdida de peso del sector industrial en el PIB y en su aportación al empleo; y por último, pérdida de actividad, esfuerzo inversor y caída en su cifra de negocios.

Bajo el Gobierno de Sánchez, las decisiones en materia de política industrial han sido relegadas a un segundo plano, condicionadas por los dictados y apriorismos ideológicos de la vicepresidenta Teresa Ribera, sin una respuesta eficaz a los retos de un sector al que solo se le ofrece una creciente rigidez y una actitud hostil e intervencionista.

El proceso de descarbonización y los profundos cambios industriales que afronta el sector, no se pueden resolver desde la planificación y alineación de los intereses empresariales a los del gobierno de turno. El momento actual se ajusta a lo que Joseph Schumpeter definía como un inevitable proceso de “destrucción creativa”, con cambios estructurales y tecnologías disruptivas que afectarán a la oferta de productos industriales.

Las decisiones en materia de política industrial han sido relegadas a un segundo plano

No habrá crecimiento industrial sin mejoras de competitividad y ésta, no se alcanzará sin una correcta planificación energética que garantice a las empresas electrointensivas el acceso a precios energéticos que les permita competir en los mercados globales.

Las decisiones en política económica tienen consecuencias. Cuando no se contiene el gasto público y se cronifica el déficit por encima del 3% con un alto endeudamiento, se reduce la capacidad fiscal y, por tanto, se limita la respuesta del gobierno para que nuestras empresas dejen de pagar un precio final de la energía que es el triple de países como Francia o Alemania.

Un país moderno y equilibrado se construye desde la credibilidad de la política presupuestaria y la confianza en las instituciones, no rindiendo honores y ceremonias al gasto público. En el caso del Ministerio de Industria, su deficiente gestión alcanza la ejecución presupuestaria. Desde 2019 hasta noviembre de 2023, los diferentes titulares de la cartera de industria han dejado sin ejecutar la friolera cifra de 19.413 millones de euros y su ejecución de los PERTES acumula importantes remanentes que no han logrado ejecutar; sólo el PERTE del vehículo eléctrico y conectado acumula en los cajones 1.617 millones de euros.

La pérdida de peso de la industria en el conjunto de la economía española se refleja en los datos de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística. El Valor Añadido Bruto del sector industrial representa el 15,2% del PIB español, cuando en el año 2000 representaba el 17,8% y más del 25% en 1980. Una vez cerrado el ejercicio 2023, el sector industrial todavía se encuentra un 1% por debajo de los niveles prepandemia.

Los datos de empleo muestran el declive del sector en los últimos años. Según la EPA del cuarto trimestre de 2023, el sector ocupa a 2,8 millones de trabajadores, un crecimiento del 2,39% desde diciembre de 2019. Sin embargo, las horas efectivas semanales trabajadas por ocupado en la industria se sitúan en 36,97 horas, una caída del -4,83% en ese mismo periodo. Es una muestra más de la debilidad del empleo en la industria, donde no se crea empleo, se trocea el existente, se incrementan los costes laborales y se pierde productividad.

Por último, la tercera pérdida es casi la más alarmante porque los síntomas que revela no muestran que se haya iniciado un proceso para revertir esta situación. Al contrario, la evolución de la industria en 2023 se cierra con una alarmante caída interanual del Índice de Producción Industrial del 4% en diciembre, en un contexto geopolítico que plantea riesgos con nuevos cuellos de botella en la cadena de suministro, incremento de costes logísticos y repunte de la inflación acompañado de una debilidad en la demanda interna y depresión en la demanda externa, especialmente de Francia y Alemania.

Índice de Producción Industrial

El Indicador Sintético de Actividad de la Industria que elabora el Ministerio de Economía presenta los valores más bajos de los dos últimos años, el Indicador de Clima Industrial acumula diecinueve meses con cifras negativas y la cifra de negocios de la industria arrastra ocho meses con tasas interanuales negativas, un -2,3% en noviembre de 2023. Con estos datos, a nadie puede extrañar que el sector registre una caída en el número de empresas del 5,35%, casi 6.000 empresas industriales menos que en junio de 2018 y se anuncien cierres empresariales y EREs en el sector.

Para reconducir esta dinámica de desindustrialización es urgente recuperar un marco predecible, estable y competitivo, donde prime la seguridad jurídica y desaparezca la incertidumbre política actual. Sin este requisito previo, no se podrán impulsar las palancas necesarias para incrementar el crecimiento a largo plazo de nuestra economía: la inversión extranjera, el gasto en I+D+i y la capacitación del capital humano.

Capacidad productiva

La alternativa para reajustar el mercado laboral y contener la salida de talento joven fuera de España, para revertir la caída del 23% de inversión extranjera en los primeros 9 meses de 2023 o la insuficiencia del gasto en I+D privado de nuestro país (puesto 20 de 27 en la UE), no puede fundamentarse en apostar por una economía intervenida que impide la asignación eficiente de los recursos y resta oportunidades de ocupación a la juventud, mientras conserva instituciones y organismos parasitarios que multiplican el gasto y el déficit público.

O este Gobierno cambia de rumbo y España apuesta por la simplificación administrativa, el impulso a la inversión, una energía competitiva, la internacionalización de la industria y una transición energética racional, o será imposible desarrollar nuevas industrias estratégicas (Chips o Net Zero) y asistiremos a deslocalizaciones y una redirección del esfuerzo inversor hacia Estados Unidos, el Sureste Asiático o Francia y Alemania.

*** Santiago Sánchez López es economista.