"I come down from the upper class to mend your rotten ways", Ian Anderson.
Los políticos suelen creer que los reguladores independientes son un peligro porque no hacen lo que ellos dictan. Ellos vienen a decirles a las empresas qué y cómo deben producir y un regulador independiente no ayuda al intervencionista. Por eso debemos siempre ser cautelosos cuando un gobierno débil crea un nuevo ente regulador, aunque la idea parezca buena.
El consejo de ministros ha aprobado el proyecto de ley para constituir un nuevo organismo supervisor “super especializado” en energía, la Comisión Nacional de Energía. Para ello, separa al regulador energético de la CNMC y dotará al nuevo organismo de nuevas competencias, creando a su vez un fondo para la gestión de las liquidaciones del sistema eléctrico.
Separar energía de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) es algo necesario y urgente, pero el riesgo -si no la certeza- es que solo sirva para crear otro organismo burocrático lleno de políticos y controlado por el gobierno.
Un país próspero y desarrollado necesita reguladores independientes y con visión de largo plazo. Un regulador independiente, como en Reino Unido, garantiza que el poder político no dictamina, entorpece o dinamita las decisiones empresariales en los sectores regulados que son esenciales para una visión de largo plazo que defiende a los consumidores de verdad.
Un regulador independiente, como en Reino Unido, garantiza que el poder político no dictamina, entorpece o dinamita las decisiones empresariales.
Energía dentro de la CNMC ha sido un fracaso, y a cierre de este artículo se mantienen 80 litigios de distribuidores contra sus dictámenes y la maraña burocrática y las decisiones políticas han generado una enorme sensación de inseguridad jurídica y falta de atención a lo que realmente beneficia a los consumidores, que es invertir en futuro no demonizar a las empresas con sorprendente coincidencia con periodos electorales.
El problema en España ya se encuentra en la propia CNMC, donde los consejeros han ido pasando de un área a otra y desafortunadamente se ha perdido agilidad, eficiencia y visión de largo plazo.
Ya en 2020 se rompió la tradición de nombrar los miembros de los órganos reguladores con el acuerdo del principal partido de la oposición y se cerró una CNMC que solo contaba con miembros puestos por PSOE Podemos, PNV y ERC.
Hoy, en la CNMC no hay un solo miembro propuesto por el Partido Popular o Vox. Por lo tanto, el riesgo de politizar también la nueva CNE no es pequeño, ya que todos sus miembros serán elegidos por el ministerio.
El fracaso de incorporar la CNE a la CNMC no se soluciona creando otro organismo burocrático que no reduce la carga administrativa y las trabas de la CNMC. Como decía Dale Dauten, “la burocracia es un animal que se da a luz a sí mismo y exige baja por maternidad”.
Efectivamente, la nueva CNE se desgaja de la CNMC como una especie de hidra de siete cabezas donde no se va a reducir nada, se va a multiplicar la burocracia y se corre el riesgo de que se vuelva a unos nombramientos políticos y dependientes de Moncloa, en un gobierno que mantiene paralizados más de 6 gigawatios en conexiones.
¿Es conveniente separar la CNE de la CNMC? Sí. ¿Hacen falta reguladores independientes y especializados de verdad que faciliten la inversión, den seguridad jurídica y atiendan a las necesidades de largo plazo del sistema? Absolutamente
¿Existe riesgo de que se convierta en otro aparcamiento de nombramientos políticos que se dedique a atacar a las empresas y obedecer a lo que se dicte desde Moncloa? Claramente.
La nueva CNE se desgaja de la CNMC como una especie de hidra de siete cabezas donde no se va a reducir nada.
No podemos ignorar que esta escisión expansiva, en la que la burocracia no se reduce, sino que se multiplica, coincide con un momento de especial debilidad del gobierno que puede usar estos organismos para prometer a Junts y ERC lo que no podría hacer con reguladores independientes.
¿Serán los nombramientos personas de probada experiencia en energía dentro de la industria? No lo sabemos, pero podemos temer un nuevo intento de acaparar un organismo esencial para usarlo con objetivos políticos.
Hoy, el gobierno sabe que no puede nacionalizar e intervenir empresas privadas, pero puede conseguir prácticamente lo mismo desde la regulación y la legislación. Si eso ocurre, los que perderemos, de nuevo, seremos los consumidores y todos los ciudadanos de un país que se encuentra ante una oportunidad de oro en energía y la está desaprovechando por injerencia política.
Me dirán ustedes que hay que dar una oportunidad para ver qué es lo que hace la ministra con esta nueva CNE, pero la mayoría de los expertos en energía no somos optimistas. El gobierno “más verde” de la historia -según ellos- no para de poner frenos y trabas a la inversión renovable.
Hace falta una CNE independiente y poblada con expertos de la industria energética para dotar a España de un regulador eficaz y con visión de futuro. ¿Ocurrirá?