El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (MINECO), ha iniciado el proceso de audiencia pública sobre el Anteproyecto de Ley destinado al restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía (CNE). El objetivo es que esta entidad esté plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la ley.
Desde mi perspectiva, la actual Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) muestra un enfoque más centrado en resolver asuntos relacionados con la competencia que en desarrollar la regulación necesaria para abordar los desafíos del sector energético.
Además de la cuestión de prioridades, la actual CNMC se enfrenta a un déficit importante de recursos humanos y materiales para cumplir con sus funciones. Aunque la austeridad en la administración de los organismos públicos es loable, considero que en este caso no se deberían escatimar recursos para que el regulador independiente pueda desarrollar sus funciones en tiempo y forma.
Si este proceso se reduce a un simple juego de sillas para determinar quiénes ocuparán los puestos de decisión en el organismo durante los próximos seis años, será una oportunidad perdida.
Por ejemplo, la sala de supervisión regulatoria se ha visto reducida a tres miembros. Es materialmente imposible que tres personas dispongan de la variedad de conocimientos y experiencias necesarios para abordar asuntos tan diversos como la regulación de electricidad, gas, energías renovables, nuevos combustibles y resto de hidrocarburos.
En contraste, la nueva CNE propuesta contará con un consejo de siete miembros, lo cual representa un avance significativo.
La actual dirección de Energía de la CNMC está compuesta por tres subdirecciones, mientras que la nueva CNE contará con tres direcciones generales: Electricidad, Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, e Inspección.
Sin embargo, si la reorganización se limita a redistribuir los recursos actuales en tres direcciones, perderemos una oportunidad con este cambio. Se necesitarán más recursos propios, más medios tecnológicos, y un presupuesto suficiente para contratar el apoyo de expertos, con el fin de abordar los desafíos que enfrentará la nueva CNE.
Se le asigna a la nueva CNE el objetivo de supervisar la descarbonización de la economía española. La CNE controlará palancas clave para que la transición energética tenga lugar, como la regulación adecuada de las redes de gas y electricidad.
Hoy estas redes se encuentran limitadas presupuestariamente, con costes regulados de inversión que no se han revisado en una década, una retribución financiera desfasada, y una regulación del acceso y la conexión que está obsoleta, que no se corresponde con una nueva configuración donde la producción se distribuye pero el consumo se concentra.
La lista de decisiones pendientes es extensa y merecería un análisis más detenido. No basta con un simple artículo para abordarlas: es necesario revisar la estructura de los peajes para fomentar la flexibilidad de la demanda, desarrollar un mecanismo de capacidad para mantener operativos los ciclos combinados (esenciales para asegurar el suministro) o fomentar el desarrollo del almacenamiento.
La actual CNMC se enfrenta a un déficit importante de recursos humanos y materiales para cumplir con sus funciones.
También redefinir las fronteras entre lo que es red y lo que es acometida tanto en electricidad como en gas, establecer las condiciones que faciliten el desarrollo del biometano, crear el marco regulatorio para el desarrollo de las redes de hidrógeno, negociar nuevas interconexiones con Francia de manera más equitativa, introducir incentivos para la industria electro y gas intensiva, y resolver de forma ágil los conflictos de acceso que se multiplican.
Aunque no todas estas materias son responsabilidad directa del regulador independiente, en todas ellas la CNE deberá jugar un papel relevante en su desarrollo.
En mi opinión, si se dota a la CNE de los medios y la independencia necesarios para llevar a cabo todas las tareas requeridas, y si el nuevo organismo establece un diálogo eficaz con todos los sectores y empresas involucradas (no solo las energéticas), su restablecimiento representará un gran avance.
Sin embargo, si este proceso se reduce a un simple juego de sillas para determinar quiénes ocuparán los puestos de decisión en el organismo durante los próximos seis años, será una oportunidad perdida. El tiempo dirá.
**Joaquín Coronado Galdos, presidente de Build to Zero