El INE ha certificado un crecimiento del PIB en 2023 del 2,5% dentro de las previsiones del consenso. De cuerpo presente, el ministro de Economía considera ese dato un desmentido a las previsiones catastrofistas y a los relatos sesgados de quienes critican la política gubernamental.

Al tiempo, ha anunciado con el entusiasmo de los locutores del viejo NODO que España será el motor económico de la eurozona en los próximos años, eso sí, "según todas las previsiones oficiales", en concreto, de las suyas. Sin embargo, estas proclamas gubernamentales, disfruten de ellas, no pueden ocultar la realidad de una economía asentada sobre arenas movedizas y con bombas de relojería estructurales en su seno.

La composición del crecimiento económico español es venenosa e insana. Es cierto que la demanda nacional ha contribuido con 2,1 puntos al incremento interanual del PIB en 2023, pero también lo es que ello se ha debido a un brutal aumento del consumo público que alcanza tasas no vistas en 30 años.

No se crea empleo, entendiendo por tal una demanda real de mano de obra, sino que se reparte del existente

Sin embargo, la inversión que determina la capacidad de crecer en el medio-largo plazo se ha contraído y el gasto de los hogares se sostiene, básicamente, por el brutal peso de las rentas procedentes de las Administraciones Públicas. Entre pensionistas, empleados públicos, parados y receptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) perciben 19,7 millones de españoles, 1,4 millones más que los ocupados en el sector privado.

Los datos interanuales del INE muestran también un cuasi estancamiento del número de horas trabajadas, lo que significa que no se crea empleo, entendiendo por tal una demanda real de mano de obra, sino que se reparte del existente. Eso sin contar el casi millón de personas que no están ocupadas, pero no computan como paradas gracias a la alquimia estadística practicada por santa Yoli-Evita.

En estos momentos, España tiene una tasa de paro que dobla la media de la Unión Europea (UE) y de la Eurozona y nadie, ningún organismo público o privado, nacional o internacional, incluido el propio Gobierno, prevé una mejora sustancial de la convergencia real de esa variable respecto a la existente en el promedio europeo.

La capacidad de una economía de elevar su potencial de crecimiento y el nivel de vida de sus habitantes depende de cómo evolucione un indicador fundamental: la productividad. Pues bien, la productividad por puesto de trabajo a tiempo completo registró el último trimestre de 2023, en términos interanuales una tasa del -1,8% y la productividad por hora trabajada del -0,8%. Esto, como explica cualquier manual de introducción a la ciencia lúgubre, hace imposible subir los salarios sin destruir puestos de trabajo y sin dañar la competitividad de las empresas por su impacto alcista sobre los costes laborales.

La paulatina disminución de la inflación es consecuencia directa de la restricción monetaria introducida por el BCE

A ese idílico panorama es preciso añadir la carrera alcista de la deuda pública, que se acerca ya a los 1,6 billones de euros y cuyo peso en el PIB ha descendido en términos nominales a causa de la inflación. Y el déficit público, pese al aumento de la recaudación causado por las subidas de algunos impuestos y por la inflación, se ha situado en el 3,7% del PIB porque el Gobierno ha empleado los ingresos extraordinarios en gastar más.

Cuerpo se felicita por ese resultado cuando la propia Comisión ha dicho con meridiana claridad que los esfuerzos del Gobierno socialcomunista para reducir el desequilibrio de las finanzas públicas es insuficiente y el déficit estructural se sitúa entre el 4% y el 4,5% del PIB.

Sobre la inflación, el Gabinete no puede apuntarse éxito alguno. Su paulatina disminución es la consecuencia directa de la restricción monetaria introducida por el BCE, cuyos efectos sobre el nivel general de precios, como enseña el manual, alcanzan su mayor intensidad entre los 18 y los 24 meses después de endurecerse la política monetaria. Esto significa, ceteris paribus, que la inflación, salvo algún shock inesperado, continuará desacelerándose a lo largo de este ejercicio. Si algo ha conseguido el Ejecutivo, es retrasar la dinámica bajista con las medidas que adoptó para mantener la demanda.

Y qué decir de los vulnerables, de los menos favorecidos para quienes la lucecita de la Moncloa siempre está encendida y a cuya protección el Gabinete dedica sus mayores esfuerzos. Aquí se refleja con toda claridad el resultado de la política gubernamental.

No ha beneficiado en nada a las capas de la sociedad más vulnerables, lo que sólo cabe calificar con una sola palabra: fracaso

Conforme a la última información dada a conocer por el INE, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó hasta el 26,5% en 2023 y el de personas en situación de carencia material y social severa escaló hasta el 9% desde el 7,7% del año pasado. Y para cerrar este círculo, el 9,3% de los españoles llegaron a fin de mes "con mucha dificultad", frente al 8,7% en 2022.

Esa radiografía de la posición de los segmentos de la sociedad española con una peor y, en casos, dramática posición económica muestra la absoluta ineficiencia de la política gubernamental para combatir la pobreza en España, sólo superada en los países de la UE por Bulgaria y Rumanía. La brutal escalada del gasto público y de los impuestos no ha beneficiado en nada a las capas de la sociedad más vulnerables, lo que sólo cabe calificar con una sola palabra: fracaso.

La persistencia de una política social y económica como la desplegada por la coalición gubernamental no permite ofrecerles esperanza alguna de mejora. Les encerrará en el gueto de los asistidos, de los dependientes.