La necesidad de abordar la sequía en España desde una perspectiva económica

La necesidad de precipitaciones es evidente. La sequía persistirá en la primavera tras un invierno seco y con temperaturas récord. Datos climáticos de Copernicus, el Programa de Observación Satelital de Europa, señalan a 2023 como el año más caluroso registrado, con un aumento significativo en las temperaturas globales. Este calentamiento global no solo afecta al clima, sino que también aumenta la frecuencia y severidad de los episodios de sequía, con importantes consecuencias ambientales, sociales y económicas.

La escasez de agua daña la tierra y los cultivos directamente, pero también impacta en otras actividades económicas, convirtiéndose en un desafío económico crucial. Durante 2023, la severa sequía ocasionó pérdidas económicas que ascendieron a 5.550 millones de euros, según un estudio de Aon sobre catástrofes naturales. La falta de lluvias y el calor extremo han afectado al avance del Producto Interior Bruto (PIB) del país en los últimos dos años, según BBVA Research, lo que convierte a la sequía en uno de los principales desafíos económicos de la década.

El Banco de España ha alertado sobre las consecuencias futuras, señalando que una sequía severa podría restar 1,3 puntos porcentuales del PIB real de España a finales de siglo, con un aumento de la temperatura media global de tres grados. Estas advertencias coinciden con estimaciones de la Comisión Europea, que sitúa el coste anual de la sequía en la Unión Europea entre 2.000 y 9.000 millones de euros, con España proyectada a concentrar el 15% de las pérdidas económicas hasta 2050.

La gestión del agua se convierte en un aspecto crítico en este contexto económico. España destina actualmente menos del 0,5% del PIB a inversiones relacionadas con el suministro y gestión del agua. Aunque se han delineado planes hidrológicos con inversiones significativas, como los 22.844 millones de euros destinados entre 2022 y 2027, aún se necesitan mejoras tanto en la capacidad hídrica como en la eficiencia del uso del agua.

España destina actualmente menos del 0,5 % del PIB a inversiones relacionadas con el suministro y gestión del agua

La adaptación a largo plazo en las políticas de gestión del agua se vuelve imperativa. La OCDE ha identificado oportunidades de mejora en este aspecto, destacando la necesidad de un marco regulatorio adecuado, colaboraciones público-privadas y una mayor concienciación social sobre el valor del agua. Además, el desarrollo del PERTE de digitalización del ciclo del agua, aunque con asignaciones limitadas hasta el momento, puede representar un paso adelante en esta dirección.

Es evidente que enfrentamos un desafío sistémico que requiere medidas integrales y urgentes. La sequía en España ya no es simplemente un fenómeno temporal, sino un problema estructural que demanda una respuesta a la altura.

La gestión del agua y la adaptación al cambio climático deben convertirse en prioridades indiscutibles en la agenda política y económica del país. De lo contrario, corremos el riesgo de enfrentar pérdidas económicas y sociales aún más devastadoras en el futuro. Es hora de actuar con determinación y visión de futuro para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de las generaciones venideras.

Una de las áreas cruciales que requiere atención urgente es la industria. La escasez de agua no solo afecta a los cultivos y la tierra, sino que también impacta en la producción industrial. Muchas industrias dependen del agua en sus procesos de fabricación y refrigeración, y la falta de suministro hídrico puede afectar gravemente su capacidad para operar.

Además, la energía también se ve afectada por la sequía. La generación de energía hidroeléctrica, que es una fuente importante de energía en España, se ve directamente afectada por la disminución de los niveles de agua en los embalses. Esto puede conducir a una mayor dependencia de fuentes de energía más costosas y contaminantes, lo que a su vez afecta a la competitividad de la industria española en el mercado global.

La sequía en España ya no es simplemente un fenómeno temporal, sino un problema estructural que demanda una respuesta a la altura

La solución a esta crisis no solo requiere inversiones en infraestructura hídrica, sino también una revisión de las políticas energéticas y de industrialización del país. Es necesario fomentar la eficiencia en el uso del agua en la industria y promover la diversificación de fuentes de energía más sostenibles y resistentes a la sequía. Esto podría incluir la promoción de energías renovables como la solar y la eólica, así como la implementación de tecnologías de reciclaje de agua en la industria.

Además, es crucial abordar la gestión del agua de manera integral, teniendo en cuenta no solo las necesidades industriales y energéticas, sino también las necesidades de la agricultura, el turismo y el medio ambiente. Esto requerirá una mayor coordinación entre los diferentes actores y una planificación estratégica a largo plazo que tenga en cuenta los desafíos del cambio climático.

En resumen, la sequía en España representa un desafío multifacético que requiere una respuesta integral y urgente por parte de todos los sectores de la sociedad. Es crucial que lideremos el desarrollo de políticas y estrategias que aborden de manera efectiva esta crisis, garantizando la sostenibilidad y el crecimiento económico a largo plazo.

**María Muñoz es directora de Asuntos Públicos en Kreab.