El Gobierno español está empeñado con gesto alegre y firme el ademán, como rezaba la canción falangista Prietas las Filas, en convertir la vieja Piel de Toro en un infierno fiscal. Para justificar el arrebatar a los españoles una parte cada vez mayor de los frutos de su trabajo, de su ahorro y de su inversión invoca la justicia social y la redistribución de la renta y de la riqueza “en manos de unos pocos” y así reducir la desigualdad.
Además, apela a la existencia de una fantasmagórica baja fiscalidad en España con un burdo argumento: la presión fiscal -ratio ingresos tributarios/PIB- es inferior a la media europea, alrededor del 39% versus el 42% en la UE. Sobre esas bases pretende seguir sangrando a los contribuyentes.
Pues bien, las proclamas gubernamentales son propaganda barata destinada a ocultar la carga tributaria real soportada por los individuos, por las empresas y por el patrimonio en tierras patrias. Por eso es bienvenido el reciente informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), Competitividad fiscal 2023. En él se pone de manifiesto la dramática realidad del sistema fiscal español, transformado en un aparato vampírico y depredador de todas las fuentes generadoras de riqueza y, por tanto, del progreso económico y del bienestar social.
Para ello, el IEE utiliza dos indicadores de la moderna teoría de la Hacienda, el de Presión Fiscal Normativa, léase la carga o gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en la economía al margen de la recaudación obtenida, y el de Esfuerzo Fiscal, la relación entre la presión fiscal y el PIB per cápita de cada país. Ambos ofrecen una imagen radicalmente diferente a la pregonada por el Gobierno social comunista y muestran su verdadera naturaleza: una reencarnación de Nosferatu.
En 2023, la presión fiscal normativa total en España, se situó 17,2 y 19,2 puntos respectivamente por encima de la media europea y de la de la OCDE. La que recae sobre las empresas es un 28,9% y un 20,9% más elevada que la del promedio en ambas organizaciones. Además, el Gobierno falta a la verdad cuando dice que las empresas españolas pagan pocos impuestos. El porcentaje aportado por las compañías al total de la recaudación, conforme a los datos de Eurostat, es el 34,2% versus el 25,8% en la UE.
El Gobierno falta a la verdad cuando dice que las empresas españolas pagan pocos impuestos
Y lo mismo ocurre cuando la izquierda celtíbera se crucifica en los altares de la demagogia a los grandes patrimonios. La fiscalidad patrimonial en España supera en un 39,6% la media de la UE. En términos de competitividad fiscal, la economía nacional es la séptima menos competitiva de los 38 países analizados por el IEE.
Si se recurre al indicador de Esfuerzo Fiscal, el realizado por los ciudadanos de este país se sitúa 17,8 puntos por encima del promedio de la UE y en todas las economías avanzadas aquél es inferior al de España. Esto significa que los españoles soportan un peso impositivo mucho más elevado que el de los contribuyentes de países con un mayor nivel de renta, curiosa justicia tributaria. Y, cuando el la coalición peronista-bolivariana afirma que la progresividad del IRPF es insuficiente miente. Está entre las 6 mayores de la OCDE.
El ciego afán vampírico-recaudatorio del Gobierno supone ignorar algo básico: el impacto de los impuestos sobre los incentivos de los individuos y de las empresas a trabajar, ahorrar e invertir. La evolución de esas variables depende de su tasa de retorno después de impuestos y, en consecuencia, aquellos disminuyen cuánto mayores sean éstos. Por ello, todos los estudios existentes, da igual el tiempo y el lugar, muestran con claridad meridiana algo evidente: las alzas impositivas tienen una correlación negativa sobre el crecimiento económico. Los tributos siempre destruyen riqueza.
Los tributos siempre destruyen riqueza
Si bien, la negativa incidencia sobre la economía de una fiscalidad excesiva es un hecho incuestionable conforme a la teoría y a la evidencia empírica disponible, tiende a pasarse por alto algo de suma importancia: la inmoralidad intrínseca de una tributación que despoja por la fuerza a los individuos de partes crecientes de su renta y de riqueza. En una economía de mercado, la distribución de ambas no se realiza por ninguna autoridad central, por ningún grupo o persona que controla los recursos y los asigna desde arriba conforme a algún criterio arbitrario. Lo que cada individuo u empresa obtiene procede de otras que se lo dan a cambio de algo valioso para ambos, a través de transacciones libres y voluntarias en el mercado, o mediante un acto de liberalidad.
El despojar por la fuerza a unos de lo obtenido de la forma descrita para dárselo a otros es un robo legal esté santificado por la autoridad o por la mayoría. Por añadidura, supone tratar a las personas no como fines en sí mismas, con vidas propias y únicas, sino como medios al servicio de quien o de lo que decide el poder de forma discrecional. Es una forma de esclavitud acompañada de trabajos forzosos. Es robar a Pedro para beneficiar a Juan. Es quitar libertad a los individuos para conceder más poder al Estado. Es avanzar hacia una sociedad creciente de siervos.
Los impuestos son un mal necesario, el precio a pagar para preservar un marco institucional garante de los derechos individuales, suministrador de paz y seguridad, y proveedor de una red básica de protección para que quienes carecen de medios sean capaces de acceder a una serie de servicios básicos. Un Estado de esta naturaleza exige una fiscalidad muy inferior a la existente y permite hacer efectivo el lema de Gladstone: “Dejad florecer el dinero en el bolsillo de los contribuyentes”.
