El Estado de derecho como garante, también económico

La frase que mejor resume el problema al que me refiero es, como no, de uno de los autores que más admiro, Friedrich Hayek: "La soberanía de la ley no debe confundirse con la soberanía del Parlamento". Vivimos unos momentos históricos en los que este principio se ha olvidado completamente.

Más bien se pretende imponer la soberanía del Parlamento frente a la soberanía de la ley. Muchos ciudadanos, probablemente ignorantes de lo que conlleva, asienten felices a la propuesta de que el órgano constitutivo de los jueves, el Consejo General del Poder Judicial, sea nombrado democráticamente en el Parlamento, y no por los propios jueces. Resulta extraño porque está integrado por jueces y otros juristas y su finalidad es "garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos". 

La soberanía de la ley es un requisito tan necesario como la soberanía del Parlamento para que exista lo que se conoce como democracia liberal con Estado de derecho. El Parlamento debe limitarse a sus funciones y la Justicia a las suyas. Las "goteras" y filtraciones entre esos ámbitos da lugar a una democracia tiránica, en la que la Justicia está sometida a las decisiones arbitrarias de quien detenta el poder.

Como explicaba en Votasteis gestos, tenéis gestos (Deusto, 2021), para comprobar si uno vive en una democracia liberal, aquella en la que hay un sistema de pesos y contrapesos de manera que las minorías están protegidas, no hay más que comprobar si hay igualdad ante la ley y rendición de cuentas de los poderosos, los legisladores.

Muchos ciudadanos, probablemente ignorantes de lo que conlleva, asienten felices a la propuesta de que el órgano constitutivo de los jueves, el Consejo General del Poder Judicial.

El primer acto de cinco días de meditación que hemos vivido, más el segundo acto de regreso aclamado por las masas, del presidente del gobierno, por el mero hecho de que se haya abierto una investigación contra su mujer; la llamada a la acción contra "algunos" jueces y medios de comunicación; el señalamiento inmediato por parte de sus fieles de los medios que quieren censurar (entre los que se encuentra este periódico, entre otros), me llevan a pensar que no estamos en una democracia liberal. 

Una persona a la que aprecio, con la que suelo discrepar en materia de política económica, pero con la que mantengo una relación respetuosa y amable, me llama la atención cuando expongo un mensaje en el que un venezolano explica que Chávez interpretó la misma parodia justo antes de promulgar una ley que eliminaba la libertad de prensa y de expresión.

Le parecía una exageración porque nosotros tenemos instituciones serias y en última instancia, la Unión Europea frenaría los desmanes anti-constitucionales. 

Tenemos una ley de amnistía en marcha, desoyendo el informe de la Comisión de Venecia. Tenemos a muchos canarios reclamando reducir el turismo, de donde procede casi un 35% de su PIB, tenemos a una vicepresidenta del Gobierno proclamando que la democracia son los sindicatos y las huelgas. Y también tenemos algunos economistas que se ríen de quienes señalamos la barbaridad de deuda pública que mantiene España y que nos va a lastrar durante décadas. ¿Y la Unión Europea? Bien, gracias.

Le parecía una exageración porque nosotros tenemos instituciones serias y en última instancia, la Unión Europea frenaría los desmanes anti-constitucionales. 

Resulta muy triste tener que darle la razón al economista ya fallecido Anthony de Jasay, quien nos señala a los liberales. Para de Jasay, esa confianza ingenua y casi patética de los liberales en una constitución ideal que defienda los principios de la libertad es la causa de la degradación de la democracia liberal.

Lo cierto es que las fuerzas vivas de la política del mundo real retuerce y transforman partes esenciales de esa misma constitución hasta que son reducidas a la irrelevancia. Y esto sucede especialmente en lo que se refiere al control sobre las elecciones colectivas vitales, como los impuestos, la distribución de la renta, o la propiedad privada. 

Un visionario. Porque escribió todo esto en el año 2009. 

¿Hemos hecho todo lo posible para evitar este deterioro? Creo que ningún partido político se salva. Y los ciudadanos nos hemos distraído mirando otras cosas. Los liberales también. 

¿Por qué es tan importante la democracia liberal con Estado de derecho para la economía? En tres palabras: elimina la arbitrariedad. Y es fundamental. Sobre todo, porque muchos ciudadanos ni siquiera la ven. En el mundo de la mentira y el bullshiting político, uno se cree lo que necesita para no tener que afrontar la traición de aquel partido o líder en quien ha depositado su confianza. Así que, frente a unos ciudadanos polarizados, adormecidos por la disonancia cognitiva, paralizados por la indefensión aprendida, solamente un sistema que limite "de serie" la arbitrariedad nos puede librar. 

La arbitrariedad es enemiga de la competitividad y es prima hermana de la corrupción. Si ya tenemos una productividad laboral baja, una inversión que no tira y un porcentaje de deuda pública sobre PIB nefasto, el que los gestores económicos estén sometidos a la arbitrariedad de un líder como el presidente del gobierno, que ha demostrado no tener ni escrúpulos ni reparos, no van a poder tomar las medidas necesarias para solucionar esos problemas que arrastramos y que no tienen fácil salida. 

Para muestra, un botón. Nos felicitamos por el buen comportamiento del PIB, pero nos ocultan que el crecimiento de la deuda pública es mayor que el crecimiento del PIB, luego ese ratio sigue empeorando. Afortunadamente, Daniel Lacalle lo explicaba en redes sociales. No es una nimiedad. Este ratio mide la capacidad de un país para hacer frente a futuros pagos de su deuda, lo que afecta a los costes de endeudamiento del país y a los rendimientos de la deuda pública.

Y uno de los criterios de convergencia del euro era que la deuda pública en relación con el PIB fuera inferior al 60%. No es nuestro caso. Nuestra deuda no es sostenible. Ni las pensiones. Ni una política económica que apaga fuegos, aparenta y se somete a prebendas electorales para mayor gloria del líder, sin que haya un freno. Por eso es fundamental sanar nuestro maltrecho Estado de derecho, y nuestra democracia.