El sistema de financiación autonómica en vigor, aprobado por la Ley 22/2009, se estableció con la obligación de ser revisado cada cinco años, dada su vulnerabilidad a la coyuntura económica y la necesidad de adaptarse a la situación específica de cada territorio. Sin embargo, desde su aprobación, no se ha llevado a cabo ninguna actualización, dejando un sistema obsoleto e incapaz de cumplir con los objetivos de autonomía, suficiencia y equilibrio presupuestario necesarios para todas las comunidades autónomas. Esta falta de actualización ha permitido que el sistema se convierta en un mecanismo complejo, arbitrario e injusto, que trata de manera desigual a las diferentes comunidades y acentúa las diferencias entre los españoles.

Desde que se hizo obligatoria la reforma del sistema en 2014, los gobiernos del Partido Popular primero, y del PSOE ahora, han evitado abordar este problema, a pesar de considerarlo prioritario cuando estaban en la oposición. María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda, criticaba duramente esta falta de reforma cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, señalando que impedía a las comunidades autónomas financiar adecuadamente servicios esenciales como hospitales y colegios. Sin embargo, una vez en el cargo, ha seguido la misma línea de inacción.

Cataluña exige ser “singular” en una España plural. Es decir, quiere ser única, excepcional o distinta de los demás y el Ejecutivo de Pedro Sánchez está por otorgarle tal categoría. Todo muy progresista, ya se sabe. Este movimiento, en respuesta a las exigencias de ERC, ha desencadenado una rebelión entre varias comunidades autónomas y federaciones del PSOE ya que la medida, inspirada en los modelos vasco y navarro (pero con la diferencia de que tiene éstos la tienen concedida en la propia Constitución española), permitiría a Cataluña recaudar y gestionar todos sus impuestos, lo que incrementaría significativamente sus ingresos poniendo en riesgo la equidad territorial y la cohesión de España.

Conceder a Cataluña una financiación singular no solo sería injusto para el resto de las comunidades, sino que sentaría un precedente peligroso. Si se cede a estas demandas, otras comunidades podrían seguir el mismo camino, fragmentando aún más el sistema de financiación y aumentando las tensiones territoriales. La singularidad no sólo representa una injusticia económica, sino también un paso hacia la desconexión de España. ERC y Junts no solo buscan más dinero, sino también el control absoluto de los recursos (“queremos las llaves de la caja”, ha dijo Marta Rovira desde su refugio suizo), facilitando así el camino hacia un referéndum de independencia.

Conceder a Cataluña una financiación singular no solo sería injusto para el resto de las comunidades, sino que sentaría un precedente peligroso

El presidente Pedro Sánchez parece dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder, pero ceder a las demandas de ERC podría significar la ruptura definitiva con los valores de igualdad y solidaridad que deben regir nuestra nación, y que rigen también el comportamiento de los que se sienten socialistas. La unidad de España no puede ser sacrificada en el altar de la supervivencia política y en nombre del socialismo. 

Es imprescindible abordar una reforma integral del sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de oportunidades y recursos para todas las comunidades. Los partidos políticos deben dejar de eludir este problema y trabajar juntos para construir un modelo de financiación justo y equitativo para todos los territorios, asegurando así una España plural y diversa, pero también unida y solidaria. Porque conceder una financiación singular a una comunidad autónoma supone un precedente peligroso que podría desatar una cadena de demandas similares, fragmentando aún más el país y debilitando la cohesión nacional.

España necesita un sistema de financiación autonómica que refleje su pluralidad y diversidad, pero que también asegure la igualdad y solidaridad entre todos los españoles. Esta reforma es esencial no solo para corregir las desigualdades actuales, sino también para fortalecer la unidad de España.

Nuestros líderes (si es que aún quedan) deben mostrar el coraje necesario para abordar esta cuestión. La unidad de España, la igualdad de oportunidades y la solidaridad entre todos los territorios no pueden ser sacrificadas por rédito político y deberían tener muy presente que conceder una financiación singular a Cataluña no sólo sería injusto, sino que rompería España. 

Soy pesimista, sí, porque la decepción es inversamente proporcional a las expectativas generadas. Habrá financiación singular y también referéndum de determinación si nadie lo remedia antes. Ojalá me equivoque. 

**María Muñoz es directora de Asuntos Públicos en Kreab.