Esto ha llegado con la intervención del presidente Sánchez que se ha producido de manera simultánea a la comparecencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero ante el Senado. Las dos cuestiones clave anunciadas por el presidente son, por un lado, "duplicar el fondo de solidaridad autonómica" (tal como reza la cita textual recogida aquí en EL ESPAÑOL) y, por otro lado, "más impuestos a los ricos" para financiarlo.

Cualquier economista o jurista medianamente familiarizado con el sistema de financiación regional sabe que no existe el fondo de solidaridad autonómica. Recordemos que el reparto del dinero entre las autonomías se instrumenta a través de cuatro fondos, de los cuales el Fondo de Garantía tiene la inmensa mayoría de los recursos (el 75% de la recaudación teórica de las CCAA más una aportación adicional del Estado), le sigue el Fondo de Suficiencia que sirve para que ninguna CCAA pierda recursos año a año con respecto al sistema que existía antes de 2009 y, finalmente, dos fondos denominados "de Cooperación" y "de Competitividad" que sirven para hacer ajustes de redistribución de las más ricas a las más pobres.

Cualquier economista o jurista medianamente familiarizado con el sistema de financiación regional sabe que no existe el fondo de solidaridad autonómica.

¿Se refiere a duplicar la cuantía del Fondo de Cooperación que en 2022 fue de 3.223 millones o del Fondo de Competitividad que estaba dotado con 5.355 millones en ese mismo año? De ser así, incrementar los recursos en 8.578 millones no cubre, ni de lejos, lo que deja de aportar Cataluña en términos totales, teniendo en cuenta que el Fondo de Competitividad se repartió prácticamente en su totalidad entre Cataluña y la Comunidad Valenciana en 2022.

El otro elemento de lo dicho por el presidente Sánchez que complementa el debate es su aportación histórica de recursos a las autonomías. Lamentablemente no ha puesto en el contexto adecuado esta afirmación, ya que el sistema de financiación autonómica se nutre de la recaudación, y cuanto más alta sea ésta, mayor volumen habrá a repartir.

No es una cuestión en la que haya habido grandes cambios entre el PP y el PSOE, más aún si tenemos en cuenta que el sistema de financiación debería haberse reformado en 2014 (cuando gobernaba el presidente Rajoy) y no se hizo.

Según los cálculos de Fedea, en la década 2009-2019 la financiación total del sistema creció un 2,44% anual frente a un crecimiento del PIB del 1,02%. Entre 2019 y 2021 los recursos autonómicos han seguido creciendo (+0,88% anual) a pesar de que el PIB se ha reducido un 3,29% anual.

Yendo a la cuestión central. Si el presidente del Gobierno piensa que es posible dar un concierto económico a Cataluña y, al mismo tiempo, poner más dinero encima de la mesa para la financiación de los servicios públicos del resto, se equivoca. No entiende que existe una restricción presupuestaria que más tarde o más temprano se presenta y que si el dinero se emplea en una cosa no se puede emplear en otra de forma simultánea.

Más se equivoca si piensa que subiendo los impuestos a los que llama “ricos” podrá obtener los fondos necesarios para cubrir el agujero que deja Cataluña. Las estrategias de aumento de recaudación basadas en subir tributos a rentas o patrimonios altos tienen una larga historia de fracasos.

No es una cuestión en la que haya habido grandes cambios entre el PP y el PSOE, más aún si tenemos en cuenta que el sistema de financiación debería haberse reformado en 2014 (cuando gobernaba el presidente Rajoy) y no se hizo.

Debería, por tanto, pensar en un "plan B". Y ese no es otro que programar una emisión de deuda pública anual de, al menos, 20.838 millones que fue la cuantía que Cataluña aportó al Fondo de Garantía en 2022. Dicho de otra forma: la financiación singular catalana o se paga con impuestos hoy (subidas tanto en los tributos cedidos como los no cedidos) o con impuestos mañana (deuda pública).

El dilema clásico de la 'equivalencia ricardiana'. O lo pagan las generaciones actuales o lo pagarán nuestros hijos y nietos en un país en el que la ratio de deuda sobre PIB es del 108,2% al segundo trimestre de 2024. 

Pretenden extrapolar el mismo mecanismo con el que están cubriendo el agujero de la caja de la Seguridad Social, donde la deuda ha pasado del 1,5% del PIB en 2016 al 7,8% en el primer trimestre de 2024. Todo sustentado en la cobertura que aún ofrece de manera efectiva el Banco Central Europeo (BCE) sobre el coste de la deuda española.

En la práctica se trata de crear un nuevo impuesto cuya recaudación es equivalente al total que hoy se gasta en prestaciones por desempleo (21.600 millones de euros estimados por Trabajo para 2024) o lo que se ingresa por Impuestos Especiales (20.757 millones al cierre de 2023 según la Agencia Tributaria).

Teniendo en cuenta que España se ha comprometido con Bruselas a no emitir nueva deuda neta para reducir la ratio de deuda sobre PIB, tener una losa anual de en torno al 1,5% del PIB obliga o bien a recortar gasto o subir impuestos para cumplir los objetivos pactados una vez que ha entrado en vigor el nuevo sistema de reglas fiscales europeas.