La semana pasada me quedó pendiente desglosar un poco más las medidas propuestas por Mario Draghi en su informe y analizarlas, en la medida de mis capacidades. Tiene razón el lector que amablemente me señala, en un comentario al artículo de la semana pasada, que mi comentario fue muy general y que había entrado poco en materia.

Sin embargo, y a riesgo de defraudar, creo que debo dedicar la reflexión de esta semana a la propuesta para reducir la jornada laboral en España a 37,5 horas semanales. En los últimos días, los sindicatos han tensado la cuerda hasta el punto de que el principal partido de la oposición ha abierto la posibilidad de negociar este tema.

En el aire flota ese mantra populista de que esto es por el bien de los trabajadores y las trabajadoras, porque los empresarios (solamente en masculino, esta vez) son unos explotadores que solamente buscan su beneficio a costa de tener a los trabajadores y las trabajadoras esclavizados.

Y reclaman reducir la jornada laboral "para ser más productivos y productivas". Como si esa reducción de media hora diaria fuera a implicar una mayor atención y presteza a la hora de desempeñar cada cual su tarea. Ojalá fuera todo tan sencillo como eso. Pero la realidad es bien tozuda y muy compleja.

La productividad del trabajo mide la eficiencia del capital humano. Y depende de diferentes factores, como la formación, la innovación y, lo que para mí es muy importante, el diálogo entre trabajadores y empresa. Y hemos dedicado un artículo hace unas semanas a hablar de la importancia a nivel macroeconómico de que la productividad de nuestro país aumente.

Los dos agujeros negros de nuestra economía son la inversión y la productividad

Recordemos que los dos agujeros negros de nuestra economía son la inversión y la productividad, que están relacionados con los malos resultados, por ejemplo, del empleo y de la renta per cápita.

Pero a este análisis macro, podemos añadirle un breve análisis microeconómico para comprobar a quiénes beneficia una reducción obligatoria de la jornada laboral de 39 a 37,5 horas a la semana.

De acuerdo con los datos que maneja el economista y amigo, Juan Ramón Rallo, suponiendo un trabajador contratado a tiempo completo con cinco días laborables a la semana y jornadas de 8 horas, esta reducción implica, más o menos 30 minutos al día, y, si no se bajan los salarios, significará para el empresario un aumento del salario hora (de media) del 6,5% aproximadamente.

Al tratarse de un aumento del coste salarial medio, quiere decir que este aumento será menor en aquellas empresas en las que la productividad del trabajo sea alta, pero la incidencia del aumento de coste será mayor en aquellas cuya productividad sea baja. En estas circunstancias, los empresarios a los que les vaya mejor podrán hacerse cargo del coste extra sin tener que tomar medidas, o se podrán permitir el lujo de tomar medidas más suavemente, en un plazo mayor.

La incidencia del aumento de coste será mayor en aquellas cuya productividad sea baja

De esta manera, si el empresario decide compensar el aumento del coste salarial limitando el incremento anual de los salarios por debajo del IPC, podrá hacerlo más suavemente y el trabajador sufrirá menos. Pero ¿y si el empresario no tiene esa suerte?

Y, por otro lado, ¿qué perfil de empresa tiene ese "colchón" de seguridad? Pues, sin duda, las empresas de menor tamaño, que representan más del 95% del tejido empresarial español, son las que se verán en apuros. O congelan salarios, o despiden gente, sin más, o sustituyen trabajadores por otros menos "caro" y menos cualificados. Básicamente, se pone en riesgo el desempleo y la precariedad laboral.

Pero hay otra perspectiva que hay que tener en cuenta. Como comenta el profesor Rallo, ¿qué pasa si hay trabajadores que prefieren seguir trabajando 39 horas semanales a cambio de que su salario y su incremento salarial no se vean afectados? ¿No debería ser una decisión del trabajador y no del gobierno?

Si el trabajador ve que no va a poder llegar a fin de mes, o simplemente, que no va a mantener el estatus de vida que quiere para sí y los suyos, tendrá que pluriemplearse. Ese segundo empleo no viene sin coste. Además del tiempo y energía de encontrar trabajo en el país de la Unión Europea con más desempleo, hay un coste de tiempo y dinero en desplazamiento y adaptación.

 Quien acusa a los empresarios es una persona que disfruta de un sueldo medio mucho mayor que cualquier trabajador

¿Qué se puede hacer para aumentar la productividad laboral sin tener que imponer medidas contraproducentes desde el gobierno? Debería no desincentivar fiscalmente que las microempresas y pequeñas empresas crecieran, como sucede ahora mismo. Porque son las empresas más grandes las que pueden innovar, las que pueden negociar soluciones con los trabajadores.

Por ejemplo, la conciliación, el teletrabajo cuando la actividad económica de la empresa lo permita, la flexibilidad en los turnos, todos estos aspectos que deberían estar sobre la mesa, suelen ser "imposibles" para las empresas más pequeñas, que son, precisamente las de menor productividad, las que peor lo van a pasar, las que van a tener que despedir trabajadores, o incluso cerrar.

Sin embargo, la actitud de la vicepresidenta Díaz se centra en la demonización del empresario y en una sucesión de mantras que pretenden convencer a los trabajadores de que tienen derecho a reducir la jornada laboral con el mismo sueldo, porque el empresario está abusando de su poder económico, como si el empresario medio en España fuera un Steve Jobs o un Elon Musk. Ojalá, pero no lo es.

Solamente añadir una reflexión. Quien acusa a los empresarios es una persona que disfruta de un sueldo medio mucho mayor que cualquier trabajador y no sabe lo que significa poner una empresa, crear riqueza y dar trabajo a otras personas. Debería ponerse en contacto con ese empresario medio que tiene pocos trabajadores y que lo pasa mal cuando tiene que recortar plantilla. O peor, cuando tiene que cerrar un negocio que le ha costado una vida levantar. Al garete la renta per cápita y el empleo.

La falta de responsabilidad de las propuestas populistas del gobierno y la ceguera de quienes compran sus argumentos van a hacer de España un país dependiente y asentado, por muchos años, en el furgón de cola de Europa.