Una planta nuclear. Pixabay
La receta de subir impuestos agota el sector energético
El principio de la microeconomía que analiza al consumidor en condiciones de escasez se fundamenta en la teoría de la elección. Esta teoría explora cómo los individuos toman decisiones sobre el consumo ante la restricción de recursos limitados. La escasez obliga, por tanto, a hacer elecciones racionales asignando recursos de manera eficiente para lograr la mayor satisfacción posible.
Los gobiernos, al igual que los individuos, afrontan limitaciones de recursos (como ingresos fiscales o capacidad de endeudamiento). Esto se refleja en la optimización del gasto público para maximizar el bienestar social. Un gobierno serio y responsable debería afrontar un costo de oportunidad, ya que los recursos asignados a un área no pueden ser utilizados en otra, lo que obliga a priorizar según las necesidades y objetivos.
El actual gobierno no parece aplicar principio económico alguno. No es un mal exclusivo del partido gobernante. Simplemente, es un mal endémico incrustado en el panorama europeo.
"Un gobierno serio y responsable debería afrontar un costo de oportunidad"
El Gobierno español ha mostrado abiertamente su interés en hacer permanentes algunos impuestos que inicialmente se introdujeron como medidas temporales para el sector energético discutiendo la posibilidad de convertir en permanentes los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas y de energía. Esta decisión se debe a la necesidad de asegurar una fuente de ingresos estable para financiar políticas públicas y mantener la sostenibilidad fiscal.
Las empresas energéticas se enfrentarían a mayores costos operativos debido a la carga fiscal adicional. Esto afecta a sus márgenes de beneficio y su capacidad de inversión en infraestructuras y tecnologías verdes, lo que contradice la mal enfocada política verde que se pretende imponer por la fuerza desde que las fuerzas políticas se apropiasen de esa taxonomía.
Desde el punto de vista del consumidor, es más que probable que las compañías trasladen parte de estos costos adicionales, resultando en un aumento en las tarifas de electricidad y gas. No olvidemos que las familias ya han visto este año su factura afectada por la recuperación del IVA al 10%.
En 2024, los impuestos a las compañías energéticas y a las entidades de crédito han recaudado aproximadamente 2.859 millones de euros. De esta cantidad, 1.164 millones provienen específicamente de las empresas energéticas. El valor actual de una perpetuidad, basándonos en un coste de oportunidad razonable que asuma la prima de riesgo país, supone unos 13.000 millones de euros de pérdida de valor para el sector. No es poca cosa. Con los bancos ocurre lo mismo, siendo el lucro cesante de más de 18.000 millones de euros.
"Las empresas energéticas se enfrentarían a mayores costos operativos debido a la carga fiscal adicional"
La receta de imponer impuestos permanentes a las compañías energéticas, eléctricas y bancarias, es una medida negativa, pues desincentivan la inversión, obstaculizan la eficiencia económica y afectan la competitividad empresarial, generando una menor capacidad de crecimiento económico.
Elevar la presión fiscal para compensar un déficit público crónico en lugar de enfocarse en una gestión más eficiente del gasto público, reduce el dinamismo económico que necesita España y ahoga la competitividad, agravando a largo plazo los problemas estructurales que irónicamente pretende resolver.