El Tribunal de Cuentas Europeo también señala la mala ejecución de los fondos europeos

Es un hecho que, hasta agosto de 2024, solo se han liberado 4.180 millones de euros, lo que representa apenas el 11,5% de los fondos del MRR presupuestados para este año​. Lo más alarmante es que esta cifra no se refiere a la ejecución real de los fondos, sino a la simple liberación de pagos, es decir, transferencias a entes y administraciones públicas, lo que significa que los recursos aún no han llegado a los beneficiarios finales.

Asistimos a un retraso crónico en la ejecución que refleja la parálisis que atraviesa el Gobierno y, de manera más preocupante, su incapacidad para movilizar fondos que podrían estar impulsando la competitividad de nuestra economía nacional.

En una comparación de los datos de ejecución entre los meses de agosto de 2022 y 2024, se observa que cada vez avanzamos más despacio en todas las fases contables​. Mientras que en otros países europeos los fondos están catalizando inversiones y generando cambios estructurales, en España, la falta de avances significativos en áreas críticas como la digitalización, la innovación la productividad nos está dejando rezagados. La inversión privada, que debería estar complementando el impulso de los fondos europeos, sigue estancada.

A tan solo cuatro meses de cerrar el año, los principales ministerios inversores, como Transición Ecológica, Industria, Vivienda, Transformación Digital o Transportes, continúan mostrando niveles de ejecución alarmantemente bajos​. El Ministerio de Ciencia e Innovación, que debería estar impulsando el progreso en tecnología e investigación, destaca por su pésimo desempeño, lo que frena cualquier avance en sectores clave para la competitividad futura de España.

Además, el reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo resalta la falta de claridad en la definición de los hitos y objetivos del MRR, una situación que afecta gravemente a la eficiencia en la ejecución de los proyectos. Cuando estos hitos son ambiguos o se encuentran mal definidos, se vuelve casi imposible evaluar si realmente se han alcanzado.

Este problema no solo está generando retrasos en la entrega de fondos, sino que también abre la puerta a riesgos de fraude y errores de gestión, lo que dañaría la confianza y la credibilidad en esta excepcional respuesta europea y en posibles programas europeos financiados con deuda mancomunada como plantea Draghi.

Una de las principales preocupaciones del Tribunal de Cuentas Europeo es la falta de un sistema de supervisión y control eficaz. En muchos casos, estos mecanismos de auditoría no estaban operativos cuando comenzó la implementación del MRR, lo que incrementa significativamente los riesgos de fraude y malversación de fondos​. La opacidad en la gestión pública sigue siendo un problema estructural en España y la falta de transparencia en la trazabilidad de los fondos europeos ha complicado, aún más, la evaluación rigurosa de los resultados.

El Tribunal también advierte en su informe sobre el uso indebido de los fondos del MRR para sustituir el gasto presupuestario ordinario. Estos fondos están destinados a generar nuevas inversiones y no a tapar agujeros en los presupuestos nacionales. Sin embargo, en España, el riesgo de que los recursos europeos estén siendo desviados para cubrir déficits presupuestarios es cada vez más evidente​.

Esta práctica, aunque pueda aliviar presiones en el corto plazo, está comprometiendo el potencial transformador de los fondos, pero sobre todo puede impactar en la sostenibilidad económica del país a largo plazo.

Con todo esto, ¿a quién puede extrañar la acumulación de remanentes de fondos no ejecutados? Solo este año, 9.500 millones de euros en remanentes han sido incorporados al presupuesto de 2024, lo que significa que estos fondos no se utilizaron en el ejercicio anterior y fueron trasladados a este año​. Esto no solo refleja errores conceptuales del plan de recuperación español, sino también una preocupante ineficacia administrativa.

La plataforma Elisa del Gobierno muestra que el 74,3% del total de los fondos concedidos a España aún no han sido adjudicados​. Estamos a menos de dos años de la fecha límite para la ejecución del MRR y si el gobierno sigue avanzando a este ritmo, corremos el riesgo de tener que devolver parte de los fondos a la Unión Europea. Esta situación no solo sería un golpe a la credibilidad del país, sino también una oportunidad perdida para transformar nuestra economía.

Ante este panorama desolador, el Tribunal de Cuentas Europeo ha sido claro en sus recomendaciones: España necesita definir de manera precisa los hitos y objetivos del MRR para garantizar que los pagos se realicen solo cuando se hayan alcanzado los resultados plenamente​. Además, es urgente fortalecer los sistemas de supervisión y control, mejorando la transparencia en la recopilación de datos sobre los perceptores finales de los fondos. Sin un seguimiento riguroso, los fondos europeos corren el riesgo de perpetuar prácticas ineficaces en lugar de ser un motor de crecimiento y transformación.

El tiempo se agota y España no puede permitirse seguir acumulando errores en la gestión de los fondos Next Generation EU. Si el Gobierno de Sánchez no actúa de manera decidida y corrige las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas Europeo, perderemos una oportunidad única para transformar nuestra economía y mejorar nuestra competitividad en un contexto geopolítico cada vez más complejo y donde se necesita garantiza la autonomía estratégica en determinadas ramas industriales.

La gestión lenta y deficiente de estos recursos está impidiendo que España aproveche todo su potencial. Las inversiones que podrían estar generando empleo de calidad y modernizando nuestra infraestructura tecnológica están quedando atrapadas en una burocracia ineficaz y en la falta de liderazgo político.

Si Sánchez no asume su responsabilidad y adopta las medidas necesarias para corregir estos errores antes de que sea demasiado tarde, acabaremos perdiendo una oportunidad histórica para impulsar nuestra economía y comprometiendo el futuro de las próximas generaciones.

*** Santiago Sánchez López es economista.