La perversa estrategia fiscal del Gobierno

Y cuanto más frágil se muestran sus alianzas y más dañada se percibe la imagen del líder narcisista Sánchez, más ruido y más histerismo. A la vez que Youtube cerraba la cuenta de Iker Jiménez, la izquierda mediática aseguraba que los ciudadanos de Chiva que recibieron a los reyes con calidez y gratitud eran figurantes y que se trataba de una operación financiada para blanquear a la Corona. Curiosa afirmación cuando quien nos tiene acostumbrado a todo tipo de operaciones de blanqueo de su imagen es el propio Sánchez. 

Que los Presupuestos Generales del Estado y la reforma fiscal que nos va a tocar gravemente el bolsillo estén supeditados a que partidos independentistas regionales muy minoritarios den o no su voto es una ignominia para todos los españoles. Da igual si la búsqueda del voto perdido la realizan los socialistas o los populares.

Hay temas que deberían ser tratados de otra forma, más coherente, menos a la ligera, especialmente porque el devenir de millones de familias para el año que viene están en sus manos.  Pero lo del Gobierno de Sánchez es obsceno. Patricia Blanquer, valenciana, estaba en su escaño para votar el consejo de RTVE el día siguiente de que una gota fría asolara su región. Todo por el partido. Espero que le haya merecido la pena la recompensa.

Así que lo que presenciamos es fruto de un sistema político en el que todo gira alrededor del poder: las catástrofes, las crisis, los presupuestos, los impuestos, y lo que haga falta.

Hay temas que deberían ser tratados de otra forma, más coherente, menos a la ligera, especialmente porque el devenir de millones de familias para el año que viene están en sus manos

En concreto, lo que está encima de la mesa en una transposición de una norma europea que exige un impuesto mínimo del 15% a las empresas. Pero eso es sólo la parte visible. Amarrado a ese compromiso, que no todos los países de la OCDE cumplen, vienen otros impuestos: a la sanidad privada, a las socimis, al diésel, a las energéticas… Al final, parece que se ha ido parcheando y repartiendo cromos, como si cada uno de esos impuestos no fuera a tener consecuencias sobre los españoles, que miramos alucinados el espectáculo.

Parece que la promesa del agóbienos es un año más de gravamen a las energéticas para que ERC, Bildu y BNG apoyen el tipo mínimo a multinacionales, a la vez que garantiza beneficios a la descarbonización para no perder a Junts, y se abre a endurecer el tributo a la banca. Cuando estas líneas vean la luz se estará votando en la Comisión de Hacienda del Congreso la reforma fiscal parcheada.

Pero sea lo que sea que se apruebe, la propuesta de Montero dice mucho de las intenciones del Gobierno que le da de comer. 

Es decir, si fuera por el Gobierno, habrían subido el precio de diésel no profesional afectando a millones de conductores, cuando la fiscalidad vinculada al automóvil, ya en 2023, generó 39.500 millones de euros para el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. De acuerdo con la patronal europea del automóvil, de haberse aprobado esa medida, la contribución fiscal se elevaría en 2.900 millones de euros adicionales, situando a España como el cuarto país europeo con mayor carga impositiva sobre el automóvil. 

Otro impuesto que, afortunadamente, ha caído y que demuestra lo poco que le importa al gobierno el bienestar de los españoles es el impuesto a los seguros de salud privados. Y esta iniciativa corre en paralelo a la presión asfixiante de Yolanda Díaz para desmantelar Muface y traspasar el millón y medio de usuarios a la Seguridad Social.

Si fuera por el Gobierno, habrían subido el precio de diésel no profesional afectando a millones de conductores, cuando la fiscalidad vinculada al automóvil, ya en 2023, generó 39.500 millones de euros para el Estado

Una pinza perfecta para que el colapso de la sanidad pública se acelere. Porque, como se demostró en pandemia, la sanidad privada descarga un gran peso de la sanidad púbica. Si los españoles hubiéramos dependido de la sanidad pública durante el año de la Covid las consecuencias habrían sido mucho más catastróficas de lo que ya fueron. Y hay que recordar que quienes tenemos contratado un seguro de salud privado pagamos con nuestros impuestos la sanidad estatal como si estuviéramos utilizando sus servicios. El futuro de muchos funcionarios está aún en vilo, pero no pinta bien.

Lo mismo puede decirse de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, conocidas como socimis. Penalizarlas sería dispararse un tiro en el pie. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya avisó, con Merlin y Colonial expresando su intención de marcharse, que esta medida iba a poner ocasionar una legítima y justificada fuga de socimis a otros países de Europa donde existe esta figura.

Por suerte, el politiqueo ha logrado que estas propuestas no salgan adelante. Con todo y con eso, el panorama fiscal va a endurecerse en el 2025. 

Por otro lado está el argumento del “compromiso europeo”. La Unión Europea desembolsaría el quinto pago de los fondos europeos Next Generation de 6.500 millones de euros si se aprobara la reforma fiscal. 

En primer lugar, hay que plantearse cuánto de los fondos ya recibidos se han ejecutado adecuadamente y han llegado a quienes tenían que llegar. La respuesta es clara: una vergüenza de la que nadie da cuenta ni asume responsabilidades.

En segundo lugar, lo que reclama la Unión Europea no es que nos esquilmen a los españoles sino que la senda de déficit público sea coherente con los ingresos y los gastos previstos. Y en esa frase hay una partida que no se está poniendo encima de la mesa: el gasto público.

El Gobierno es capaz de exprimirnos como limones con tal de no tocar el gasto público, porque tiene compromisos políticos con sus socios minoritarios y los paga con el dinero de todos los españoles. Ese es el verdadero escándalo que no parece interesar a nadie. Mientras tanto, nos señalan a Europa como la madrastra del cuento y todos mirados para allá, en lugar de prestar atención a lo que hacen con nuestro dinero.