La reciente tragedia ocurrida en Valencia ha puesto el foco mediático en cómo las catástrofes naturales alteran nuestras vidas. Los hogares de los 75 municipios afectados tardarán años en recuperarse, social y económicamente, incluso tras las ayudas públicas que finalmente se implementen.
Unos apoyos que tienen el reto de atender a las más de 25.000 hectáreas de cultivos afectados o los 200.000 partes que ha recibido el Consorcio de Compensación de Seguros, solo hasta el 21 de noviembre. Esta situación no solo evidencia el impacto inmediato en las comunidades afectadas, sino que plantea preguntas urgentes sobre cómo España puede adaptarse y prepararse para eventos climáticos cada vez más extremos.
Este desastre no solo revela la fragilidad de nuestras infraestructuras y economías locales, sino que también subraya la urgencia de analizar las dinámicas de estas catástrofes en un clima que, según el IPCC y la Aemet, será cada vez más extremo e impredecible. Las olas de calor y sequías aumentarán su duración, habrá más días cálidos, menos precipitación, o gotas frías cada vez más agresivas: en definitiva, un clima más arduo e impredecible para el mundo rural y urbano. En este contexto, entender y medir los efectos económicos de estos desastres es imprescindible para diseñar políticas públicas efectivas de prevención, mitigación y respuesta.
Sin embargo, medir el impacto económico de una catástrofe resulta complejo, ya que estos eventos suelen ser específicos y localizados, mientras que las estadísticas económicas tradicionales, como el PIB, capturan tendencias más amplias y no reflejan adecuadamente los daños en infraestructuras, recursos naturales y rentas perdidas.
En algunos casos, las catástrofes pueden generar un efecto aparente de incremento en el PIB debido al aumento en la actividad económica para reponer pérdidas: los conductores de algunos de los más de 120.000 vehículos dañados en Valencia puede que compren un nuevo coche este año, estimulando el sector automotriz, por ejemplo. Esta desconexión entre las métricas económicas y los efectos reales de las catástrofes subraya la necesidad de enfoques más precisos para entender sus consecuencias.
Medir el impacto económico de una catástrofe resulta complejo, ya que estos eventos suelen ser específicos y localizados
Estudios recientes, como el Barómetro de Catástrofes publicado por Fundación Aon cuantifican gracias a los microdatos del Consorcio y de Agroseguro, no solo los impactos en bienes, sino también los impactos sobre las rentas perdidas, clave para estimar los efectos de las catástrofes sobre la economía. Especialmente relevantes han sido los impactos en el campo español: el seguro agrario ha registrado el récord histórico de indemnizaciones, fundamentalmente por una sequía que llevaba más de dos años azotando a los cultivos principales de nuestro país: cereales, vino y olivar.
Con estos datos en la mano, 2023 ha marcado el máximo de la serie analizada (desde 2016), superando incluso a 2021, el año de Filomena y el volcán de la Palma. Hablamos de más 4.000 millones de euros perdidos en facturación empresarial, casi 2.000 millones de impacto sobre el PIB y más de 38.000 puestos de trabajo perdidos. Con todo, la severidad de la DANA registrada en Valencia hará que estas cifras se superen con total seguridad en 2024.
Un punto clave para minimizar el efecto observado es el incremento del grado de aseguramiento. Las mencionadas 25.000 hectáreas afectadas en Valencia se refieren solamente a parcelas aseguradas, por lo que la cantidad final real acabará por ser mayor. Si imaginamos una economía española idéntica a la actual, pero con un punto porcentual más de grado de aseguramiento, estaríamos hablando de un reducción en los impactos de 2023 de entre 2,6% y 2,8%. Concienciar a la población para proteger sus viviendas, comercios o vehículos es esencial. Solo en 2023 ese punto porcentual de aseguramiento habría salvado más de 1.000 puestos de trabajo.
El efecto de los desastres naturales en el tejido productivo y el empleo es claro, pero el impacto de las catástrofes no acaba ahí. En lo que llevamos de siglo XXI, ningún año superó la barrera psicológica de los 100 fallecidos por desastres naturales. Las más de 200 personas que han perdido la vida a causa de la reciente DANA suponen un duro recordatorio de la necesidad de prevenir y mitigar los desastres naturales
Ante la creciente frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales, España debe apostar por un enfoque integral que combine aseguramiento, prevención y tecnología. Solo así se podrá minimizar no solo el impacto económico, sino también las pérdidas humanas y sociales, marcando un camino más resiliente hacia el futuro.
*** Julio Ortega es profesor de Afi Escuela.