España, al borde de desaprovechar su mejor oportunidad

Del mismo modo que a mis alumnos se les evalúa mediante exámenes, a los responsables públicos se les debe evaluar por las finalidades a las que destinan unos recursos que salen del conjunto de los ciudadanos y empresas.

Más importante aún, deben ser evaluados por la eficacia con la que emplean estos recursos para alcanzar los objetivos de la política económica, que es lo que aquí nos atañe.

En definitiva, la ejecución presupuestaria es la plasmación tangible de las políticas públicas. De nada sirve “pintar” líneas presupuestarias o diseñar componentes y PERTES, si los fondos no se ejecutan.

Tras analizar datos y años de gestión, no tengo dudas al afirmar que el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha desperdiciado una oportunidad histórica para que España pudiera reducir déficits crónicos en productividad o innovación. Cerrando estas brechas habríamos avanzado hacia una mayor competitividad y convergencia en renta per cápita con la Unión Europea.

Yves Herman Reuters

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Sin ejecución presupuestaria, especialmente en el caso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), no se liberan los pagos que inician las inversiones del Plan de Recuperación.

Es imposible que posteriormente se produzcan las adjudicaciones y, lo que es más importante, se finalicen proyectos que incrementen nuestro potencial de crecimiento, generen en nuestra economía mejoras estructurales diferenciadoras y se evita la percepción de dirigimos hacia un “futuro pasado”. Los amantes del heavy metal entenderán a qué me refiero.

Una oportunidad perdida

Ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2024.

Los datos son los que retratan el fracaso. A finales de octubre, según la Intervención General del Estado tan sólo se habían liberado pagos por el 17,7% del presupuesto para 2024. Esta cifra ni siquiera se corresponde con ejecución, ya que incluye transferencias a organismos públicos o comunidades autónomas para que puedan lanzar convocatorias y licitaciones futuras.

El análisis de estos datos deja un poso amargo, pero no sorprende tras cuatro años de continuas decepciones. La responsabilidad de este fracaso recae en el Palacio de La Moncloa. 

Fue allí donde se diseñó el plan desde una perspectiva unilateral y con un recalcitrante intervencionismo, ignorando la importancia de contar las empresas y con las titulares de muchas de las competencias que invadían, las autonomías.

El modelo del Estado planificador, sostenido en la “fatal arrogancia”. Tanto Sánchez como la Oficina Económica, pensaron que podían concentrar la complejidad del conocimiento económico y diseñar todo tipo de inversiones, reformas y grandes planes, así como su desagregación y detalles.

Tanto Sánchez como la Oficina Económica, pensaron que podían concentrar la complejidad del conocimiento económico

No creen en el libre mercado, en sus formas de coordinación espontánea o en su capacidad de combinar el talento y la innovación, residentes en el ámbito de lo local porque el conocimiento siempre está disperso.

Sólo sabemos que, desde esa cooperación, que responde a errores y aciertos que se valoran a través del precio por los consumidores, se producen los avances y mejoras en cualquier tipo de oferta de bienes o servicios.

Al gobierno le ha sobrado mucha soberbia y le ha faltado mucho diálogo para diseñar un buen plan de recuperación. Año tras año, la ejecución ha mostrado que el modelo gubernamental ha generado cuellos de botella emporando los datos de ejecución.

Ejecución presupuestaria del Plan de Recuperación.

Los datos de inversión son el termómetro de este mal diseño. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) en España sigue por debajo de los niveles prepandemia: la inversión en construcción está un 2,63% por debajo y la de maquinaria y bienes de equipo es un 4,23% inferior. Ni 163.00 millones de euros de fondos europeos han servido de catalizador para impulsar de forma decisiva la inversión empresarial.

Formación Bruta de Capital Fijo.

De nuevo, el gobierno se estrella ante el muro que ha forjado a base de populismo, inseguridad jurídica y presión fiscal y normativa. Este resultado no es casual. La inseguridad jurídica, la elevada presión fiscal y una maraña normativa han creado un marco operativo inestable, impredecible y poco competitivo.

De nada sirve ofrecer recursos a las empresas si el entorno económico las desincentiva a invertir. La inversión pública, la que además genera gasto estructural, es la única que ha crecido.

En contraste, otros países como Grecia, Portugal y Alemania, con menores asignaciones de fondos europeos procedentes del MRR, han mostrado comportamientos más dinámicos en la FBCF. Incluso Italia, con una dotación similar, ha logrado que la inversión tenga un impacto significativo en su crecimiento.

La productividad por ocupado apenas ha crecido una décima desde 2019, reflejando el escaso impacto de los fondos europeos en mejoras tecnológicas de la estructura productiva y ocupacional de nuestro país o en la capacitación y retención del talento.

La productividad por ocupado apenas ha crecido una décima desde 2019, reflejando el escaso impacto de los fondos europeos

En el ámbito de la innovación, los resultados son igualmente desalentadores. España destinó en 2023 el 1,49% del PIB a gasto en I+D, lejos del 2,3% de media en la UE, del 3,5% de Suecia, del 3,4% de Bélgica o 3,2% de Alemania, que no cuentan con un impulso tan intenso de fondos europeos como nuestro país. La distancia se amplía a años luz si nos comparamos con EEUU o Corea del Sur (4,93%).

Además, en 2023, 606 empresas dejaron de invertir en I+D, reduciendo el total a 11.284. Esta situación concentra la inversión, limita la diversidad y frena la innovación en el tejido empresarial. No hemos sido capaces de generar un ecosistema adecuado que garantice un impulso a la I+D en el largo plazo y la situación será aún más dramática cuando finalice el programa del MRR termine en 2026.

Por tanto, no puede extrañar que el BCE haya señalado en su último informe sobre el MRR que el impacto de los fondos ha sido muy inferior a lo esperado. A medida que el gobierno publicaba nuevos informes, el impacto proyectado sobre el PIB se reducía, difiriendo sus principales efectos a ejercicios futuros. Un nuevo pecado, la falta de realismo.

A pesar de todo, el gobierno presume de datos de crecimiento, pero crecer no es un valor en sí mismo. Deberíamos cuestionarnos si el crecimiento que muestra España y la aportación de los fondos europeos son verdaderamente beneficiosos para la sociedad. ¿Están generando valor? ¿Están mejorando la competitividad empresarial y la renta per cápita? O por el contrario, ¿estamos creando un Estado más intervencionista y asistencial, incapaz de aprovechar el potencial del sector privado?

La ejecución presupuestaria no es un mero tecnicismo, es el pilar sobre el que contrastar si cualquier política pública resulta eficaz. Sánchez ha desperdiciado una oportunidad única para cerrar las brechas en productividad e innovación, condenando a la economía española a un estancamiento estructural. A menos que el gobierno reconozca sus errores, España tendrá que devolver fondos europeos y acentuaremos el riesgo de perpetuar un modelo económico dependiente de ayudas externas y con escaso dinamismo interno.

*** Santiago Sánchez López es economista.