El sector del transporte es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España, representando el 30% del total en 2022. De esta cifra, el transporte por carretera es el que más gases libera a la atmósfera, el 28% del total. Pero, las consecuencias de este sector no se limitan solo al cambio climático que provoca eventos catastróficos como el sufrido hace poco en Valencia.
La contaminación atmosférica asociada a la movilidad es uno de los mayores problemas de Salud Pública de nuestro tiempo, un ‘elefante en la habitación’ que provoca cada año más de 300.000 muertes prematuras en Europa y alrededor de 20.000 en España, además de generar unos costes sanitarios que tensionan sigilosamente nuestro sistema de salud pública.
Con estos datos sobre la mesa, resulta inaceptable que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible no contemple objetivos concretos de descarbonización y metas vinculantes alineadas con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que es la hoja de ruta para la descarbonización que España debe seguir los próximos años. Esta es una de las principales carencias que desde la Fundación Renovables y las 14 organizaciones que firmamos la presente tribuna hemos exigido que se corrija.
El GNL sigue siendo un combustible fósil y su inclusión en una Ley de Movilidad Sostenible contradice de manera directa los objetivos climáticos marcados en el PNIEC
Muchos grupos parlamentarios, como SUMAR, ERC, EH-Bildu, Podemos o PP, han mostrado un consenso claro sobre la necesidad de que la ley incluya objetivos claros, así como plazos específicos que permitan garantizar su cumplimiento.
Pero, no es la única carencia del proyecto legislativo. La futura ley debe tener una mirada social. Es decir, se debe abordar la inclusión de medidas destinadas a luchar contra la pobreza en el transporte. Este concepto se refiere a la incapacidad o dificultad de las personas y los hogares para asumir los costes asociados al transporte, ya sea público o privado, así como a la falta de acceso –o acceso limitado– a los medios necesarios para desplazarse a servicios y actividades esenciales en su día a día.
Los grupos parlamentarios coinciden en que la ley debe contemplar este asunto, garantizando que el transporte sostenible no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos.
La necesidad de elevar el alcance social de la norma coincide, a su vez, con la premisa de conseguir que la ley, con la palabra "sostenible" en su título, no quede vacía de contenido en lo que respecta a su capacidad de descarbonizar. Nos referimos a un aspecto que no podemos pasar por alto: la inclusión del Gas Natural Licuado (GNL) como combustible "alternativo" o de "transición".
La contaminación atmosférica asociada a la movilidad es uno de los mayores problemas de Salud Pública de nuestro tiempo
Esta medida, tal y como está recogida en el proyecto de ley, va en detrimento de los intereses generales de la población y, sobre todo, del cambio climático. Es inadmisible que un combustible fósil, que nos mantiene unidos a los intereses extranjeros y perpetúa las emisiones de carbono, tenga cabida en una normativa que busca promover la sostenibilidad del sector del transporte. La referencia explícita al GNL debe eliminarse de inmediato. Este tipo de medidas no solo van en contra de nuestros objetivos de descarbonización, sino que también envían un mensaje contradictorio y desalentador respecto al compromiso de España con la transición energética.
El GNL sigue siendo un combustible fósil y su inclusión en una Ley de Movilidad Sostenible contradice de manera directa los objetivos climáticos marcados en el PNIEC, así como los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Aunque se promociona como una solución "menos contaminante", su ciclo de vida –desde la extracción hasta la combustión– genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos altos niveles de metano, un gas con un potencial de calentamiento hasta 80 veces superior al del CO2.
Además, mantener el uso de combustibles fósiles retrasa la inversión y el desarrollo de alternativas verdaderamente sostenibles, como la electrificación del transporte y el uso de electrocombustibles basados en energías renovables para aquellos sectores difíciles de electrificar directamente.
Por otro lado, la apuesta por el GNL mantiene a España dependiente de infraestructuras y mercados asociados a los combustibles fósiles, lo que no solo frena la transición hacia un transporte limpio, sino que también compromete la independencia y seguridad energética del país.
La futura ley debe tener una mirada social. Es decir, se debe abordar la inclusión de medidas destinadas a luchar contra la pobreza en el transporte.
Esta medida, que en apariencia podría parecer una opción viable a corto plazo, implica una inversión en tecnologías que acabarán convirtiéndose en activos varados, costosos de desmantelar y completamente incompatibles con un escenario de emisiones netas cero. Si realmente queremos construir un sistema de movilidad sostenible, es imprescindible eliminar cualquier referencia al GNL en el texto legislativo y priorizar soluciones que favorezcan tanto al medio ambiente como a los intereses de la población.
Finalmente, es fundamental subrayar otras carencias que se han identificado en el proyecto de ley y que varios grupos parlamentarios han buscado enmendar a través de propuestas impulsadas por nuestras organizaciones.
Hablamos de convertir esta ley en una herramienta capaz de impulsar un cambio cultural sobre la movilidad del país. Dicho de otro modo, incorporar de manera más decidida aspectos de movilidad al trabajo, el derecho de la infancia a una movilidad autónoma y segura, concienciación ambiental, educación, criterios de eficiencia energética y formación en movilidad sostenible. Si no logramos sensibilizar a la ciudadanía y hacerla partícipe de este cambio, será difícil consolidar una transformación estructural en el modelo de transporte.
La Ley de Movilidad Sostenible debe ser mucho más que una declaración de intenciones. España necesita un marco legislativo ambicioso, con objetivos claros, justicia social y una visión alineada con los retos de la emergencia climática y la calidad de vida de sus ciudadanos. No podemos permitirnos que esta oportunidad histórica se convierta en una ley insuficiente y contradictoria.
Juan Fer Martín firma la tribuna en nombre de en nombre de Fundación Renovables, Alianza por el Clima, Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Comisiones Obreras (CC.OO.), ConBici, Consejo de la Juventud de España (CJE), Ecologistas en Acción (EeA), Eco-Union, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Promoció del Transport Public (PTP), Transport & Environment (T&E) y Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT).
** Juan Fer Martín, responsable de ciudades sostenibles de la Fundación Renovables