El Gobierno y los sindicatos acordado reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Y esta decisión se ha tomado sin el soporte de las organizaciones patronales; esto es, de los representantes de las empresas, que son las paganas de esta demagógica y populista iniciativa.
Esto significa que habrá de ser impuesto por la fuerza, una manifestación más del desprecio gubernamental al diálogo social y una clara expresión de su temperamento autoritario e intervencionistas. Además, este enfoque se sustente en una vieja falacia; a saber, menos tiempo de trabajo para algunos debe liberar ocupaciones para otros.
De entrada, no existe una cantidad fija de empleo susceptible de ser repartida. Aquella cambia en función de la evolución de la economía y, fundamental, del marco de instituciones laborales existentes.
Por otra parte, para comprender los efectos de una disminución de la jornada es necesario integrar el análisis parcial del mercado de trabajo en un modelo de equilibrio general de la oferta y de la demanda agregada de mano de obra.
Cuando se realiza esa aproximación surge un segundo y grave problema, el trabajo puede ser sustituido por capital y su demanda depende del precio relativo de ambos factores de producción.
Si los costes laborales cambian a raíz de la reducción de la jornada laboral, la demanda de mano de obra también lo hará y, si aquellos se elevan, se crearán menos puesto de trabajo y/o se destruirán parte de los existentes porque será más rentable sustituirlos por “máquinas” o tener menos empleados trabajando con mayor intensidad, salvo que la disminución de horas trabajadas se vea acompañada por la de los salarios.
Los estudios empíricos disponibles avalan lo sostenido por la teoría: la reducción de la jornada no crea empleo. En Alemania, su progresivo recorte en la década de los años 80 del siglo pasado no tuvo impacto positivo alguno sobre la generación de puestos de trabajo; en Francia, el realizado en 1982, de 40 a 39 horas lo destruyó.
Si los costes laborales cambian a raíz de la reducción de jornada se crearán menos puestos de trabajo o se destruirán parte de los existentes
El acometido por la Ley Aubrey entre 1998 y 2002, desmantelado casi en su totalidad por siete cambios legislativos desde su aprobación, se tradujo en su breve período de vida efectiva en un aumento de la rotación laboral. Lo mismo puede decirse de las iniciativas en esta en esa línea adoptadas en Italia, en Bélgica, en Portugal y en Eslovenia.
Algunos autores sostienen que la disminución de la semana laboral impulsaría al alza la productividad. La fatiga de los empleados puede aparecer después de un número X de horas trabajadas. Por tanto, el efecto marginal sobre la productividad de una hora extra por trabajador tenderá a disminuir.
En sentido contrario, cabe afirmar que trabajar más horas puede llevar a una mayor productividad si los empleados se enfrentan a costes fijos de instalación o si ello conduce a una mejor utilización del capital. Esta hipótesis ha de ser cuestionada.
Las empresas, los sectores y las ocupaciones son distintas y el Gobierno carece de la información necesaria y suficiente para saber, o si quiera intuir, cómo puede comportarse la productividad tanto a escala micro como macro en el supuesto de que se introduzca por imperativo legal un recorte de la jornada laboral.
Trabajar más horas puede llevar a una mayor productividad si los empleados se enfrentan a costes fijos de instalación
Mucho menos cuando, como en España, el 99,08% de las compañías son pymes o micro pymes y la productividad ha experimentado una tendencia descendente desde 2019 y, en el segundo trimestre de 2024 disminuyó un 2,3% en términos interanuales y se situó 1,7 puntos por debajo del nivel prepandemia.
Ese deterioro se ha debido de manera primordial al aumento de los costes laborales unitarios (CLUs) de las pymes, en especial, a raíz de las alzas del SMI y de las cotizaciones sociales que han golpeado su competitividad y su rentabilidad, que ha descendido un 12% respecto a los niveles existentes en 2019.
Desde la llegada de la izquierda al poder los CLUs de las pymes han crecido un 18,1 por 100. En este contexto, la reducción de jornada pactada lo elevará aún más, lo que tendrá un impacto negativo no ya sobre la inversión y el empleo en los sectores intensivos en mano de obra, sino que pondrá en peligro la supervivencia de muchas pymes.
Por otra parte, el acuerdo Gobierno-sindicatos es contrario a los deseos y preferencias de los trabajadores. De acuerdo con datos de Eurostat, los infra empleados, esto es, los ocupados que desearían trabajar más horas y no pueden hacer hacerlo, ascienden a 1,15 millones y suponen el segundo porcentaje más alto de la UE tras los Países Bajos.
La Encuesta de Población Activa del INE muestra también que una proporción significativa de los ocupados a tiempo parcial lo hacen de manera involuntaria. Y esta situación es la dominante en sectores como los servicios donde el porcentaje de contratos que no son a tiempo completo supera el 40%.
Esta es la triste realidad de dos instituciones extractoras, el Gobierno y los sindicatos, empeñados en destruir todo aquello que cree riqueza.