Monedas en pila.
Las variables macroeconómicas nos indican que la economía española está teniendo un comportamiento muy favorable, cerrando el 2024 con un crecimiento superior al 3% y previsiblemente cercano al 2,5% para el 2025. En una UE anémica, está siendo el motor entre las grandes economías europeas.
Destaca la robustez del mercado de trabajo con algo menos de 22 millones de personas ocupadas, estimulando el consumo privado, ante la moderación de la inflación. Asimismo, la aportación del sector exterior sigue siendo positiva. En todo caso, a pesar de la fortaleza de nuestro mercado laboral, aún tenemos 2,7 millones de desempleados, siendo preocupante la cifra de jóvenes sin empleo. No parece previsible que la tasa de paro baje de dos dígitos en el corto plazo.
La marcha de la economía se enfrenta también a grandes riesgos. Empezando por la incertidumbre geopolítica actual y las tensiones comerciales que pueden producirse ante la ola de proteccionismo con la que nos amenaza Trump, podrían desorganizar las cadenas de suministros e incrementar los costes de producción. También destaca nuestra vulnerabilidad presupuestaria por el elevado endeudamiento público, superior al 104% del PIB, limita el margen de actuación del gasto público.
El buen momento de la economía española no debe obviar la necesidad de abordar rápidamente los principales desafíos estructurales.
Ante este panorama, la economía española se enfrenta fundamentalmente a tres grandes retos: la vivienda, la emergencia climática y la inteligencia artificial.
El impacto económico de la escasez de oferta de viviendas es cada vez más patente. Preocupa que el déficit habitacional sea más acusado en las áreas urbanas más dinámicas económicamente, y que en algunos territorios la creación de empresas se vea constreñida por la incapacidad de atraer talento, nacional o extranjero.
Anualmente el parque de viviendas aumenta en unas 100.000 viviendas, aproximadamente la mitad del crecimiento del número de hogares. Disponemos de palancas para elevar la inversión en vivienda. El desafío consiste en coordinar los instrumentos, consensuarlos entre las diferentes administraciones y el sector privado, y dotarlos de financiación. Sin duda una tarea compleja, pero solo así será posible dar respuesta al grave problema de vivienda que padece nuestro país.
Prioritariamente se trata de fomentar la construcción de viviendas, sobre todo de protección oficial, a precios asequibles. Pero también de fomentar que las viviendas vacías se pongan en alquiler, con incentivos fiscales y aumentando la seguridad jurídica y regulatoria.
2025 será un año clave para determinar si España es capaz de tejer las bases de una respuesta eficaz a los grandes desafíos de nuestros tiempos
Las catástrofes naturales, evidenciadas por la DANA en Valencia, exigen realizar inversiones y políticas preventivas que mitiguen los efectos del cambio climático. La Agencia Internacional de la Energía estima que el gasto necesario para realizar la transición ecológica en Europa asciende a 500.000 millones de euros al año de aquí a 2030, lo que equivale al 2,9% del PIB de la UE.
China está desarrollando una apuesta decidida por las energías renovables y EEUU con su Ley de Reducción de la Inflación (IRA) han fomentado que el 60% de la producción de renovables procedan ya de los Estados gobernados por los republicanos. Precisamente, los empleos y empresas que se han creado en tales Estados harán muy difícil que la Administración Trump retire la Ley de Reducción de la Inflación, a pesar de sus promesas electorales.
España y la UE han emprendido la transición ecológica, porque desde 2019 se viene desarrollando el Pacto Verde Europeo, que busca el objetivo de conseguir la neutralidad climática en 2050, minimizando el impacto negativo en aquellas regiones y sectores más afectados por el cambio climático.
El reto pasa por potenciar la inversión en renovables, en ahorro y eficiencia energética, y en la electrificación, para intentar descarbonizar el tejido productivo. Hará falta inversión pública, consolidando los fondos europeos Next Generation UE, financiados con nuevas emisiones de deuda mancomunada. Que permitan, a la vez, apalancar inversión privada, canalizando el excedente de ahorro europeo -de un 2% del PIB de la UE, en España aún mayor-, para financiar la descarbonización.
La inteligencia artificial (IA) se adentra en todos los sectores de la economía. La UE sabe que para competir con EEUU y China, líderes en el desarrollo tecnológico, debe crear un ecosistema de alto potencias innovador en IA con gran ambición y de forma sostenida en el tiempo.
La inversión pública y privada en la UE para el desarrollo y aplicación de la IA debería tener una dimensión de al menos 100.000 millones de euros -sólo Arabia Saudí ha anunciado un fondo de 40.000 millones de dólares con un fin semejante-. La inversión en investigación, básica y aplicada, en IA debe abordar las infraestructuras de computación y almacenamiento de datos, donde la UE puede posicionarse como una potencia mundial.
Frente a un esfuerzo ingente, los beneficios pueden ser sustanciales: según estudios desarrollados por Google, el efecto de la IA generativa para la economía española puede alcanzar entre 100.000-120.000 millones de euros, esto es cerca de un 8% del PIB.
Los efectos del despliegue de la IA sobre la productividad no son automáticos. Sólo mejorando la eficiencia de la inversión en capital tecnológico, reforzando los intangibles como la formación del capital humano, se producirán mejoras sustanciales de la productividad.
En suma, 2025 será un año clave para determinar si España es capaz de tejer las bases de una respuesta eficaz a los grandes desafíos de nuestros tiempos. Son retos estructurales que habrán de resolverse en el medio y largo plazo, pero sin su pronto abordaje no se sentarán las bases para un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo.
*** Prof. Dra. Mónica Melle Hernández, profesora Titular de Economía Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales