El estado de la economía española, sus problemas y sus perspectivas de futuro están condicionadas por algo fundamental y, a menudo, olvidado cuando no ocultado: la configuración de una coalición redistributiva de grupos de interés que absorbe una creciente proporción de la riqueza creada por los sectores productivos de la sociedad; esto es, aquellos cuya actividad se desarrolla en el mercado.

Sus miembros se benefician directamente de las ventajas obtenidas por el grupo pero sólo soportan una parte de los costes que se reparten entre el resto de los ciudadanos. En este contexto, los distintos grupos de interés se movilizan para obtener una redistribución en su favor bajo la forma de privilegios legales, regulatorios y transferencias de rentas.

En España, esa situación se refleja en algo esencial, que suele pasarse por alto pero que tiene una incidencia política, social y económica de una extraordinaria relevancia: un volumen cada vez mayor de personas vive del Estado. En 2024, el número de pensionistas ascendió a 10,3 millones, 3,5 millones están empleados en el sector público, 1,8 millones obtienen prestaciones por desempleo y 2,8 millones reciben el Ingreso Mínimo Vital. A ello cabe añadir, las diversas prestaciones recibidas por los inmigrantes ilegales cuyo volumen, según datos del INE se sitúa entre los 400.000 y los 500.000 individuos.

Una economía y una sociedad sanas no pueden sostenerse de manera indefinida con la mitad de la población subvencionando a la otra mitad.

Sin incluir a ese último colectivo, el total de los españoles que a finales del año pasado vivían del sector público ascendió a 18,4 millones frente a los 18,3 cuyas remuneraciones proceden del sector privado.

Para decirlo con claridad, en la actualidad, hay más gente en España que depende del Estado para vivir que del mercado. Como es obvio, son los trabajadores empleados en éste los que proporcionan los fondos necesarios para financiar a aquellos. El resultado es la configuración de un modelo socio-económico en el cual la presión redistributiva prima sobre la productiva, cuya proporción se reduce de manera exponencial.

El resultado de lo descrito se traduce en un aumento creciente del peso del Estado, en una reducción de la movilidad de los factores de producción, de la innovación y de la productividad; en dificultades de adaptación a los cambios económicos y tecnológicos, y en rigideces de precios y de salarios.

Las diversas coaliciones redistributiva existentes en España reducen la eficiencia de la economía y, con ella, el crecimiento y el aumento del nivel de vida de los individuos. Como demostró Mancur Olson, en su célebre ensayo La Lógica de la Acción Colectiva, su predominio ha sido el determinante esencial de la decadencia económica de las naciones en el largo plazo. Y España está en las condiciones óptimas para avanzar en esa dirección.       

¿Cómo es posible que ocurra esto? La Teoría de la Elección Pública lo explica muy bien. Los individuos tienen incentivos para agruparse y actuar de modo conjunto si y sólo si el beneficio de hacerlo es superior a su coste y ello depende del tamaño y de la heterogeneidad del grupo. Cuanto más pequeño sea y más concentrados estén sus intereses mayor es su propensión a organizarse. Ello les permite extraer ventajas de los Gobiernos a costa del resto de los individuos.

Su capacidad de movilización política para satisfacer sus demandas es mayor a la de aquellos por una sencilla razón: los beneficios se concentran en pocos y los costes de distribuyen entre muchos. Esto conduce a la explotación de la mayoría productiva por las minorías extractoras de rentas con poder político-electoral.

Los distintos grupos de interés se movilizan para obtener una redistribución en su favor bajo la forma de privilegios legales, regulatorios y transferencias de rentas.

Esa dinámica es típica de un sistema democrático sin limites al poder del Gobierno y se agudiza, caso de España, por la existencia de una coalición gubernamental cuyo deseo es controlar la economía y la sociedad, aumentar la dependencia ciudadana del poder político con una sola finalidad: perpetuarse en él.

Sin duda alguna, ésta es la filosofía inspiradora y la lógica subyacente en la estrategia del Ejecutivo social comunista, una fórmula 2.0 del camino de servidumbre descrito por Hayek en su libro del mismo título. Y el incremento de esos grupos de presión subvencionados constituye un obstáculo para el cambio y, con él, para introducir las reformas que necesita la economía española.

Chema Moya EFE

Un statu quo de esta naturaleza sólo se quiebra de dos maneras: primera, cuando se acaba el dinero y es imposible financiar la estructura extractora y/o ésta conduce a una crisis; segunda cuando los costes de la intervención del Gobierno alcanzan un nivel tan elevado que incitan a Atlas, a los creadores de riqueza, a rebelarse.

En suma, acabar con el neocorporativismo social comunista requiere bien la incapacidad de éste de hacer frente a las expectativas creadas en sus clientes bien a una revuelta cívica y política exitosa de los explotados, pero, también, el despliegue de una ofensiva cultural y, por supuesto, técnica capaz de construir una alternativa.

Como escribió Bastiat: "El Estado es la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a costa de los demás". El español es una evidente muestra de ese epigrama. Una economía y una sociedad sanas no pueden sostenerse de manera indefinida con la mitad de la población subvencionando a la otra mitad. Esto es injustificable en términos de eficiencia y morales. Por añadidura, la evidencia muestra que este modelo no beneficia a los más pobres sino daña la prosperidad de todos y, en el caso de España, empobrece a todos.