Pedro Sánchez.
La normalización fiscal en España, tras la conclusión de las medidas temporales para mitigar el impacto de la inflación, pone en jaque a hogares, empresas e inversores, en un contexto económico ya tenso. Aunque el Gobierno insiste en que se trata de un retorno a la normalidad tributaria, la realidad sugiere un incremento en la presión fiscal que amenaza con frenar el consumo y enfriar el crecimiento.
En 2023, el Gobierno español rebajó temporalmente el IVA en bienes esenciales: la electricidad y el gas pasaron del 21% al 5%, mientras que alimentos básicos, como pan y leche, quedaron exentos del impuesto.
Estas medidas, diseñadas para aliviar el impacto de la inflación en los hogares, han expirado en 2025, devolviendo los tipos al nivel previo. Este ajuste fiscal eleva de forma directa los precios al consumidor, lo que añade presión a los ya castigados bolsillos de las familias, especialmente en los segmentos de ingresos medios y bajos.
El resultado es predecible: menor capacidad de gasto y una contracción en el consumo privado, un motor clave del PIB. Las empresas, especialmente las que operan en sectores sensibles al consumo doméstico, como la energía y la alimentación, también sienten el golpe.
Si bien el gobierno confía en que el “multiplicador keynesiano” amortigüe los efectos negativos, el aumento de impuestos puede alterar la propensión marginal al consumo, con efectos en cascada sobre la actividad económica.
"Para agravar el escenario, la presión fiscal no se limita al IVA. En 2025, España introduce una serie de cambios que amplían el impacto en las rentas del trabajo y el ahorro"
Para agravar el escenario, la presión fiscal no se limita al IVA. En 2025, España introduce una serie de cambios que amplían el impacto en las rentas del trabajo y el ahorro. Entre las medidas más polémicas destaca el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que incrementa las cotizaciones a la Seguridad Social en 0,8 puntos porcentuales, de los cuales el 0,6% recae sobre las empresas y el 0,2% sobre los trabajadores.
Además, se implementa una nueva “cuota de solidaridad” para los salarios que superen la base máxima de cotización que, al igual que el MEI, implica un esfuerzo extra que además es progresivo, tanto para la empresa como para el trabajador, de carácter recaudatorio y no contributivo ya que no genera mejoras en la base de cotización sobre la que se calculan las futuras pensiones.
El ahorro, fuente sistemática de ataque, también se verá afectado con un aumento del gravamen sobre la base del ahorro para rentas superiores a 300.000 euros, el alcance de esta medida es limitado, ya que afecta a una minoría de contribuyentes pero que tiene un fin descaradamente recaudatorio.
Por otro lado, se introducen nuevos impuestos específicos que afectan a sectores clave: un tributo sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, una tasa sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y, como novedad, una propuesta para gravar grandes herencias y donaciones.
El Gobierno socialista español, que ha adoptado el keynesianismo como su brújula económica, navega con gasto público como vela y la promesa de estímulos como timón, aunque el viento fiscal parece soplar con más fuerza en contra.
"Todas estas medidas, diseñadas para reforzar el fondo de reserva de la Seguridad Social, generan un efecto transversal: una pérdida generalizada del poder adquisitivo"
Si bien su apuesta por el gasto expansivo busca sostener la economía, la realidad fiscal pone en duda la capacidad del modelo para mantener el crecimiento sin fricciones significativas. Todas estas medidas, diseñadas para reforzar el fondo de reserva de la Seguridad Social, generan un efecto transversal: una pérdida generalizada del poder adquisitivo.
En este contexto, las dudas sobre la eficacia de las políticas fiscales son inevitables. Aunque el objetivo de estabilizar las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social es comprensible, el riesgo de frenar el consumo, desincentivar la inversión y prolongar la recuperación económica es real.
España entra en 2025 con una economía que camina sobre una cuerda floja, y la pregunta clave es si el incremento de la presión fiscal contribuirá a equilibrar el sistema o se convertirá en un obstáculo para su progreso.