Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, durante una intervención en la OCDE este jueves. Trabajo.
Elevar el salario mínimo siempre ha sido motivo de orgullo y de alegría para el gobierno español -especialmente para el Ministerio de Trabajo-, pero este año le ha generado un importante dolor de cabeza debido a la decisión del Ministerio de Hacienda de no elevar el umbral del mínimo exento del IRPF.
Se trata de un tema ciertamente técnico con varias aristas que resulta imprescindible comprender bien para poder posicionarse con rigor y seriedad al respecto.
Comencemos recordando que el salario mínimo nunca ha estado exento de tributar en el IRPF, lo que ocurre es que su nivel ha estado históricamente por debajo del mínimo exento, provocando que quienes sólo cobraran dicho salario no tuvieran que preocuparse por pagar impuestos.
Esto ha cambiado con el notable incremento del salario mínimo experimentado en los últimos años (un 61% desde 2018), conllevando que en el año 2024 el salario mínimo superara por primera vez el umbral mínimo del IRPF.
Para que aquellas personas beneficiadas por el aumento salarial no tuvieran que pagar impuestos, ese año el Ministerio de Hacienda elevó el umbral mínimo hasta el mismo nivel del salario mínimo.
Sin embargo, para este año 2025 el mismo Ministerio de Hacienda ha comunicado que no volverá a elevar el mínimo exento a pesar de que el salario mínimo ha vuelto a elevarse.
En consecuencia, la cantidad salarial situada entre el mínimo exento (15.876 euros anuales) y el nuevo salario mínimo (16.576 euros), concretamente 700 euros, estará sujeta a tributación por IRPF.
El SMI nunca ha estado exento de tributar en el IRPF, lo que ocurre es que su nivel ha estado históricamente por debajo del mínimo exento
¿Por qué esta vez Hacienda no ha elevado el umbral? Pues porque el mínimo exento afecta a todos los contribuyentes (los primeros euros de cualquier persona hasta el umbral no tributan, aunque sea millonaria), y elevarlo provocaría una merma en la recaudación equivalente a unos 1.000 millones de euros aproximadamente, una cantidad de la que la ministra no quiere prescindir en el contexto actual de reactivación de las reglas fiscales europeas.
Pero ojo, es importante tener en cuenta que el hecho de que el nuevo aumento del salario mínimo pase a tributar por IRPF no implica necesariamente que los receptores del salario mínimo tengan que pagar impuestos por su renta, ya que nuestro sistema fiscal contempla varias bonificaciones fiscales (como tener hijos, adultos a cargo, o conyuges sin ingresos) que pueden reducir la carga fiscal hasta hacerla desaparecer.
De hecho, acorde a las estimaciones de la propia Agencia Tributaria, solamente tendrían que pagar impuestos en 2025 cerca del 20% del total de trabajadores con salario mínimo, más o menos, medio millón de personas que en su mayoría no tienen cargas familiares y están solteras.
La inmensa mayoría de los receptores de salario mínimo seguirían igual: sin pagar a Hacienda. Es decir, aunque se les retuviese por IRPF cada mes, con la declaración de la renta recuperarían todo ese dinero.
Por lo tanto, el impacto económico sería muy reducido y sería equivalente a lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, en los que el salario mínimo tributa por IRPF sin problemas.
Estos son los argumentos a los que se acoge el Ministerio de Hacienda para defender su movimiento. Así se evita una pérdida de recaudación importante, al mismo tiempo que sólo se les recauda impuestos a una minoría de trabajadores con salario mínimo.
El problema es que, en España, esas personas que sí tendrían que pagar impuestos no lo harían en una proporción pequeña (como sería lo lógico teniendo en cuenta que son rentas bajas y como ocurre en otros países), sino que por culpa de un particular diseño de los tramos y elementos del IRPF esa proporción puede llegar a superar el 40% (lo que se conoce como “joroba” del impuesto).
En consecuencia, los afectados no se podrían beneficiar de casi la mitad del incremento del salario, lo que es una proporción considerable teniendo en cuenta que son rentas bajas.
Hacienda defiende su movimiento para evitar una pérdida de recaudación importante
En todo caso, que no se pierda de vista que esa carga fiscal es sobre el aumento del salario mínimo; en realidad, la cantidad de impuestos pagados sobre el total de sus ingresos no superaría ni siquiera el 2%.
Algunos analistas exageran el impacto negativo sumando a esta carga fiscal el pago por cotizaciones sociales y la pérdida de capacidad económica real frente a la inflación, pero esto daría para otro debate porque eso, en cualquier caso, afecta a todas las rentas salariales, no sólo a las del salario mínimo.
Esta anomalía podría resolverla el mismo Ministerio de Hacienda sin necesidad de elevar el mínimo exento (y por lo tanto sin perder toda la recaudación por el resto de los contribuyentes) a través de otras bonificaciones fiscales. También la podrían resolver las comunidades autónomas reformulando los tramos de IRPF sobre los que tienen competencia.
Sea como fuere, todo lo anterior no hace sino evidenciar que el problema no es tanto de naturaleza económica como de naturaleza política.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Europa Press
Al fin y al cabo, todos los trabajadores con salario mínimo ganarán más en 2025 que en 2024, lo cual es netamente positivo por mucho que no todos ganen la totalidad del incremento de 700 euros.
Esa pequeña anomalía, siendo algo que convendría solucionar, no es suficientemente grave como para desatar todo el caos político que estamos viendo estos días.
La derecha está exagerando el problema y acogiéndose al titular de que “el salario mínimo pagará por primera vez IRPF” para vender el relato de que el gobierno está aumentando impuestos y empobreciendo a los trabajadores con menos rentas, cuando eso en absoluto es así.
No se le ha aumentado los impuestos a nadie; simplemente ahora el salario mínimo es más alto y podría tener que tributar algo y sólo en algunos casos.
Desde luego, es mejor eso que no haber aumentado el salario mínimo, que es la posición habitual de la derecha.
*** Eduardo Garzón es profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid.